Opinión

Yo, pueblo; ¿y mi derecho?

Actualizado el 23 de noviembre de 2012 a las 12:00 am

Una campaña de histeria se desató en torno a la no reelección del magistrado Cruz

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Cristo dijo: No está el hombre para la ley, sino la ley para el hombre. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Luis Paulino Mora, en alegato pobre y populista, quiere imponernos lo contrario: El hombre para la ley es el magistrado Fernando Cruz.

La trayectoria de don Fernando es ejemplar. Cincuenta años ejerciendo el periodismo me permite rememorar episodios y avances del firme paso del magistrado Cruz ascendiendo por la escalera judicial. Sin tropiezo, sin un lunar. Intachable, baluarte de la ley.

Si el Lic. Luis Paulino Mora ignoró la consistencia constitucional, no le ocurrió menos al fiscal general con sus declaraciones arrabaleras invocando la pesadilla de un golpe de Estado a raíz de la no reelección del Lic. Cruz, en un país donde citar la repugnante tesitura implica acción contra natura.

Ni don Luis Paulino, ni don Jorge, ni la vigilia judicial han acertado en el punto soberano de la circunstancia. Sí lo entendió la primera reacción de don Fernando Cruz –nuevamente jurista íntegro– al admitir que la decisión de 38 diputados negando su voto para reelegirlo estaba dentro de las potestades del Parlamento, primer poder de la República, es decir el pueblo/poder.

La Asamblea Legislativa actual ha merecido el superior volumen de críticas que la historia parlamentaria costarricense registra. Desde que los legisladores colocaron sus cuerpos en las curules, allá el primero de mayo del 2010, el afán sobresaliente de los asentados en Cuesta de Moras se movilizó para cazar prebendas y asumir actitudes de desencanto democrático.

Buenos, malos, regulares, eso es lo que tenemos mientras no se fije lo contrario. Ellos son representación del pueblo, avalados por las urnas, meta y orgullo del sentimiento nacional.

El catedrático Enrique Obregón Valverde lo explicaba recientemente: “En Costa Rica ningún juez tiene facultad –poder, jurisdicción– para anular o declarar inaplicable una ley mientras exista el artículo 105 de la Constitución Política que dice: La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual delega, por medio del sufragio, en la Asamblea Legislativa. Anular o eliminar una ley es parte de esa potestad de legislar que solo tiene el pueblo, por derecho propio, y el legislador, por delegación”.

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No es la Corte de Justicia, ni sus anexos, los que puedan presumir de virtudes y firmeza en el rumbo de la nación. El pueblo, no concentrado en el plenario legislativo, reprocha a los miembros del Poder Judicial su peculiar desdén para las tareas que le corresponden: justicia pronta y cumplida. Los juzgados abarrotados de expedientes y parsimonia generalizada. Y el poder legislativo no se inmiscuye, ni emite queja sobre lo que no le corresponde.

Campaña histérica. Toda una campaña de sonora histeria se desató en torno al voto de la no reelección del magistrado Cruz. Las exposiciones se exhibieron sobradas de epítetos y carentes de análisis legalista, dejando mal parada la capacidad intelectual y democrática del país. Perdonable las emotivas posiciones. Vivimos en una parcela geográfica dichosamente respetuosa con la libre expresión. Sin embargo, se asume el axioma jurídico: “El que prueba en demasía, prueba lo contrario”.

Lo imperdonable emergió en los discursos de los hombres de la ley, de aquellos que por sus funciones de excepción: Corte, Fiscalía, vigilias... son los obligados a respetar la independencia de poderes y aceptar las separaciones institucionales. Rectores judiciales llamados a poner claridad, y paz, cuando los nubarrones confunden mentes y desvían responsabilidades.

La avalancha de reproches contra el primer poder de la República, indujo a contravenir la máxima cristiana que especifica la ley para el hombre. Y Cruz fue el hombre que, con razón o sin ella, el poder/pueblo determinó.

Que nos disgusta la no reelección de Cruz, es cierto. Que es un error de los diputados, verdad sin réplica. Perder en democracia es vinculante con el espíritu del Derecho. Cada reacción es superada por la tesis clásica: también el pueblo tiene derecho a equivocarse y no, por ello, hay que calificar de golpe de Estado lo que el pueblo sentenció.

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