Opinión

La propuesta de nueva ley de vida silvestre

Actualizado el 27 de octubre de 2012 a las 12:00 am

El proyecto es un avance en la conservación y manejo de la vida

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La propuesta de nueva ley de vida silvestre

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La reforma a la Ley de Conservación de Vida Silvestre (LCVS) No. 7317 vigente desde 1992, mediante el proyecto de Ley No 17054, es particularmente importante para el país. Primero resultaría – de aprobarse en segundo debate luego del resultado de la consulta pendiente ante la Sala Constitucional – el primer proyecto tramitado al amparo de la Ley de Iniciativa Popular, el cual obtuvo más de 175.000 firmas de quienes apoyan un nuevo marco legal en esta materia.

La propuesta pretende modificar sustancialmente la LCVS de 1992. Aunque comentar todo su contenido escaparía a estas breves líneas es posible enfatizar algunos aspectos de la legislación que resultan de interés:

La modificación que ha sido objeto de mayor atención radica en la prohibición de la cacería deportiva, permitiéndose únicamente la denominada cacería de control (para evitar problemas asociados a la sobrepoblación, afectaciones a la agricultura o hacer frente a especies invasoras, entre otros) y la de subsistencia (para consumo de individuos o familias). Tal proceder nos convertiría en uno de los primeros países del mundo en tomar tal determinación. Se ha argumentado que en caso de aprobarse esta disposición se atentaría contra las costumbres de determinados sectores y que además su efectiva implementación sería sumamente difícil de verificar por el personal del Sinac/Minae. Respecto al primer aspecto, debe indicarse que no siempre las tradiciones y prácticas existentes resultan compatibles con los nuevos y emergentes conceptos del desarrollo sostenible que incluyen el respeto a la vida en todas sus manifestaciones (artículo 9 de la Ley de Biodiversidad ). Así lo ha indicado la SC en el caso de la “lagarteada” en el voto No. 5844-2008, el cual afirmó que “...no se desconoce la importancia cultural de las tradiciones de los diversos pueblos del país, pero no se podrían tutelar actividades que, aun cuando fueron tradicionales, impliquen un impacto negativo en una especie animal o en su hábitat”. En segundo lugar, si bien las dificultades para ejercer controles pueden ser ciertas, ello no puede convertirse en justificación para dejar de sentar un principio o establecer una prohibición, si esta se considera conveniente y necesaria. Por el contrario, deberán fortalecerse los mecanismos e instrumentos para velar por el cumplimiento de la legislación como uno los efectos derivados de la aprobación de la normativa.

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El proyecto estipula una nueva categoría de permisos como parte del elenco de permisos a ser otorgados por el Sinac: aquellos para actividades derivadas de la preservación de costumbres de comunidades locales pertinentes para la conservación de la biodiversidad (sujetos a la valoración del este órgano para determinar su compatibilidad con la sostenibilidad en cada caso).

Se aclaran aspectos relacionados con las competencias del Incopesca y del Minae, por ejemplo, otorgándosele al segundo las funciones de protección y manejo en el caso de las especies marinas no comerciales. Esta disposición puede contribuir a mejorar la gestión de los recursos marino-costeros (en aguas continentales y fuera de estas) en beneficio de la conservación de las especies.

Se eleva a rango legal la prohibición para la exhibición de circos y espectáculos similares que empleen organismos de vida silvestre, autorizándose únicamente su tránsito siempre que posean los permisos respectivos.

Se mejora la legislación relativa con el Convenio Internacional para el Comercio de Especies de Flora y Fauna amenazadas –conocido como Cites–, cuya aplicación es de especialmente relevante debido a las obligaciones internacionales que conlleva y a los mecanismos de observancia de su cumplimiento que se han desarrollado en el seno de dicho convenio.

Se establece expresamente en la Ley la obligación de actualizar “precios” ( antes llamados cánones) de las actividades en esta reguladas mediante la figura del decreto, lo cual permitiría evitar la disminución en el tiempo de los ingresos reales. Igualmente, deben actualizarse las listas de especies amenazadas, con poblaciones reducidas y en vías de extinción cada dos años. Esto normalmente no ocurre de manera periódica (la última lista data del 2005, contemplada en el reglamento a la LCVS).

Finalmente, si bien es cierto, la LCVS había sido reformada significativamente en el 2008 para mejorar el componente sancionatorio (delitos y contravenciones) se realizan algunas modificaciones en la redacción de los delitos, especialmente los relacionados con la caza y la tenencia en cautiverio de vida silvestre.

Ciertamente la ley no es perfecta. No resuelve algunos temas pendientes respecto a los permisos de recolecta e investigación como los depósitos de duplicados en ciertas instituciones. Existen otras imprecisiones puntuales relevantes. Por ejemplo, el artículo 79 prohíbe el comercio de especies reguladas por Cites con países que tengan medidas equivalentes al nuestro, a diferencia del marco vigente el cual prohíbe tajantemente el comercio con países no miembros de Cites. Es evidente que el propósito de la propuesta de ley era –correctamente– autorizar el mismo siempre que los sistemas de permisos o certificados de otras naciones fueran equivalentes a los nuestros, pero al omitirse un “no” en el texto, la consecuencia resultante es la contraria.

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A pesar de lo anterior, el proyecto constituye un avance en la conservación y manejo de la vida, además de sentar un precedente tratándose de la iniciativa y participación ciudadana en temas ambientales.

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