7 abril, 2015

En medio de los muchos problemas que nuestro país está urgidísimo por resolver, nos traen al Parlamento, nuevamente, un proyecto que a mí me genera varias inquietudes.

Se trata del borrador de una ley general de radiodifusión, o ley de radio y televisión, remitido por el gobierno.

De antemano aclaro que en Restauración Nacional creemos que el monto que pagan los medios de comunicación por utilizar la frecuencia del espectro radioeléctrico debe ser ajustado a su realidad.

Los medios facturan mucho dinero por explotar las frecuencias y, por ello, deben pagar proporcionalmente, no un monto plano que, según publicó el periódico La Nación en enero, son ¢3.000 anuales por una banda. Hasta aquí, todo muy bien. Así es como lo ha pedido la Contraloría General de la República.

También es vital que la ley hinque el diente en la subutilización de frecuencias por parte de los concesionarios, sobre todo en zonas rurales y de bajo desarrollo humano, pues esto atenta contra la democratización de la información que Restauración Nacional defiende.

La Superintendencia de Telecomunicaciones denunció, a finales del año pasado, la grave subutilización de frecuencias de radio y televisión en nuestro país, en detrimento de la ciudadanía.

Según el órgano fiscalizador, en televisión abierta y radio de frecuencia modulada, el cumplimiento de cobertura es inferior al 32% del territorio que les corresponde abarcar, y, solo para la radio, la cobertura promedio de más del 90% de las estaciones concesionarias es inferior al 50%. El porcentaje es igual en el caso del 68% de los canales de televisión abierta.

Pero una cosa es este legítimo debate, que afecta un recurso sustantivo para nuestra sociedad en este momento, como lo es la situación fiscal del Estado o el acceso a la información de la población rural, y otra muy distinta es convertirlo en una discusión desafortunada y hasta peligrosa.

Veamos este caso: las cámaras de infocomunicaciones nos han señalado su preocupación porque se les exige a los medios cobertura nacional, pero, a la vez, se crea un procedimiento para quitarles frecuencias que algunos de ellos usan como repetidoras en todo el país, para entregárselas a grupos locales y comunales.

Contra las libertades. Otro contenido del proyecto es la delicada cuestión relacionada con la libertad de prensa y de expresión. Dichosamente, amén del superávit que nuestro país ha acumulado, con el paso de los años, en estas materias, el numeral 29 de nuestra Carta Magna es una protección: “Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables por los abusos que comentan en el ejercicio de ese derecho, en los casos y del modo que la ley establezca”.

De acuerdo con el informe de Reporteros sin Fronteras del año pasado, denominado Clasificación mundial de la libertad de prensa 2014 , Costa Rica ha mostrado una tendencia bastante halagüeña en este campo.

Por ejemplo, se pasó del lugar 41 en el año 2005, en un ranquin que incluye 180 países, al 29 en el 2010 y al 21 en el 2014. Como siempre, Finlandia ocupa el primer lugar, y países como Holanda, Suecia, Dinamarca, Alemania o Canadá están por encima de Costa Rica.

Nuestro país solo es superado por Jamaica en el contexto latinoamericano, que ocupa el puesto número 17, lo cual significa que estamos haciendo muy bien las cosas. Estamos por encima de países como México (152), Argentina (55) y Chile (58).

Entonces, la pregunta obvia es: si estamos haciendo tan bien las cosas, ¿por qué este proyecto toca la libertad de prensa?

Sanciones a los medios. La norma propuesta establece todo un sistema de sanciones y multas que se pueden prestar para políticas de corte totalitario y, por ende, de amordazamiento de los medios de comunicación por parte de algún gobierno futuro.

En el artículo 68 de la propuesta se crea la figura de “las faltas graves”, bajo un total de 16 tipos que incluyen desde la transmisión de “noticias falsas, seriales o llamadas sin fundamento” hasta el “uso de lenguaje injurioso que perjudique el honor o integridad personales”.

¿Cómo se definirían este tipo de faltas?, ¿quién establecería lo que es “noticia falsa” o “llamadas sin fundamento”?, ¿quién diría si se perjudicó “el honor” de alguien?

Me preocupa que la tarea de decidir sobre semejantes abstracciones se le asigne a un censor del gobierno de turno, y me preocupa, sobremanera, porque los gobiernos tienden a tener la piel muy sensible cuando los medios de comunicación les sacan a relucir yerros o desaguisados.

Al contrario, cuando los periodistas les echan flores por las buenas políticas que practican, los gobiernos aplauden con estridencia; pero cuando les levantan los chingos, entonces, la prensa es mentirosa, alarmista o injuriosa. ¡Cuidado!

Y para rematar, en los artículos 73 y 74 de la propuesta, se crean multas gravosas, hasta de 100 salarios mínimos, y se autoriza a revocar la concesión ante las faltas.

¿No podría prestarse esta ley, colegas de la prensa, para que los medios se amordacen y se abstengan de decir lo que tienen que decir por temor a que les cueste el pago de mucho dinero o les cancelen la concesión? ¡Cuidado!

El buen nombre de nuestro país en materia de libertad de expresión se debe a la labor de control político que han ejercido algunos medios valientes. Medios que no han dudado en denunciar los actos cuestionables cometidos por funcionarios públicos.

Las denuncias de la prensa han redundado en procesos judiciales y hasta en cárcel para esos funcionarios. Muchos de los que aplaudieron a a estos periodistas, en señal de probación, pareciera que ahora no están tan dispuestos a ovacionarlos.

En buena medida, el actual presidente de la República lo es porque, precisamente, los medios no tuvieron restricciones para denunciar los hechos de corrupción que han empañado a gobiernos precedentes.

Ahora en el poder, yo espero que los diputados del PAC vean esto con mucho cuidado y con el celo que otrora mostraron.

Con un grano de sal. Creo que debemos poner las barbas en remojo. Respetuosamente, le solicito al Gobierno de la República que nos tomemos el tiempo para analizar el borrador del proyecto. Su actitud de mandarnos el documento, me parece una muy buena señal.

Ante todo, evitemos lo que los países con tradición política totalitaria han hecho: llevar a los medios de comunicación al callejón oscuro del amordazamiento.

Veamos el caso de Venezuela: el 2014, según la ONG Espacio Público, fue el peor año para la libertad de expresión en ese país, por acciones, de sobra conocidas, contra medios de comunicación que “se atrevieron” a cuestionar las políticas del gobierno de Nicolás Maduro.

Yo no quiero una Venezuela, una Cuba o un México para Costa Rica en materia de libertad de expresión.

Abogaré para que analicemos la propuesta del gobierno con pies de plomo, y le reitero a la prensa de mi país: en la Asamblea Legislativa tienen a un periodista dispuesto a poner el pecho en defensa de la libertad de expresión.

El autor es diputado de Restauración Nacional.

Etiquetado como: