EscucharHace unos días, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, firmó un decreto ejecutivo para que no se pongan placas con su nombre en las obras públicas que se realicen durante la presente Administración.
La firma de este decreto me recuerda que, cuando Miguel Ángel Rodríguez Echeverría asumió la presidencia el 8 de mayo en 1998, firmó en la primera sesión del Consejo de Gobierno, además de los decretos obligatorios, tres decretos muy importantes.
El primero ratificó la vigencia del decreto legislativo n.° 7 del 20 de mayo de 1886, que dispone la abolición de todos los tratamientos honoríficos a las instituciones, funcionarios y empleados públicos. Con la vigencia de este decreto se prohibía el uso de excelentísimo u otro título honorario a los funcionarios públicos. En una república solo caben aquellos títulos obtenidos por un esfuerzo académico, económico, deportivo o artístico, y no se justifican aquellos que se obtienen por haber alcanzado un puesto público.
De hecho, aun cuando don Miguel Ángel tenía un doctorado en economía de una universidad estadounidense muy importante, el nombre oficial con que se firmaron los documentos en ese cuatrienio descartó el uso de “doctor” delante de su nombre.
Este ejemplo lo siguieron todos los funcionarios de alto rango del gobierno.
Sin retratos ni placas. El segundo decreto ratifica la vigencia del decreto n.° 12 del 11 de junio de 1910, que dispone: “Queda prohibido colocar en las oficinas y establecimientos públicos el retrato oficial del Presidente de la República en ejercicio del Poder”.
Este decreto estuvo vigente durante varios años hasta que fue derogado por el decreto ejecutivo n.° 34.121 del 26 de noviembre de 2007.
Recordemos que la igualdad republicana rechaza el culto a la imagen de cualquier funcionario público, comenzando por el presidente de la República.
El tercer decreto se refiere a la prohibición de poner placas con el nombre del presidente en aquellas obras construidas durante la Administración Rodríguez Echeverría. Igual actuación se había dado durante la Administración Carazo Odio (78-82).
Así que satisface que el presidente actual, 16 años después, retome estas ideas y las ponga de nuevo en vigencia, pues es conveniente que se tenga conciencia de que las obras públicas son de todos los contribuyentes y no del presidente de turno.
Es de gran relevancia que la decisión de retomar la vigencia de estos decretos provenga de un historiador, porque es muy importante recuperar las mejores tradiciones de nuestra historia patria.
