EscucharPARÍS – Debido a la presión que ejercen los bajos precios del petróleo y las sanciones de Occidente, la situación fiscal de Rusia se desmorona de manera rápida, obligando al gobierno ruso a tomar medidas cada vez más drásticas para contener el crecimiento del déficit presupuestario.
El gasto del gobierno ya se ha reducido en un 8% en términos reales este año en comparación con el 2015 –esta es una reducción de gran tamaño; sin embargo, no lo suficientemente grande como para equilibrar el presupuesto. En los hechos, si el precio del petróleo se mantiene en el rango actual de $30 a $35 por barril (el presupuesto de este año supone un precio promedio de $50), el déficit de Rusia se situará en aproximadamente 6% del PIB. Ya que este país tiene un “fondo de reserva” para contingencias de tan solo el 4,5% del PIB y su acceso a los mercados financieros internacionales es escaso, Rusia necesita con urgencia un plan fiscal alternativo, es decir un plan fiscal “B”.
La buena noticia es que el gobierno de Rusia ahora parece reconocer lo que ocurre. En enero, las autoridades anunciaron recortes adicionales por un valor aproximado del 1% del PIB. Es aún más importante el hecho que la administración tratará de reunir otro 1,5% del PIB –un millón de millones de rublos (13.000 millones de dólares)– mediante la privatización de empresas estatales, entre ellas empresas consideradas como las joyas de la corona, por ejemplo, Rosneft (la compañía petrolera más grande de Rusia), el monopolio de diamantes Alrosa y Aeroflot, la línea bandera del país.
Ciertamente, el presidente Vladimir Putin ha puntualizado algunas limitaciones importantes con respecto a estas posibles ventas: el gobierno no va a vender participaciones accionarias mayoritarias; los negocios no podrán ser financiados por préstamos de bancos de propiedad estatal; y los compradores no pueden estar registrados fuera de la jurisdicción de Rusia.
Sin embargo, este plan de privatización podría constituirse en un paso importante para frenar el exceso de propiedad estatal en Rusia, país donde el gobierno controla los puestos de mando de la economía relacionados a los ámbitos de energía, minería, industria manufacturera, generación de electricidad, servicios financieros y transporte.
Rusia se pronunció sobre una nueva ronda de privatización en el pasado. Dmitri Medvedev, durante su presidencia, se comprometió a invertir la expansión de las empresas de propiedad estatal ocurrida a mediados de la década del 2000 y a privatizar todas las empresas “no estratégicas”.
Putin, el sucesor (y, a su vez, predecesor) de Medvedev, reiteró estas promesas en el año 2012. En el primer día de su segundo período como presidente, Putin firmó un decreto sobre “la política económica del Estado a largo plazo”, que estipula la completa privatización de todos los bienes del Estado, con excepción de los monopolios naturales, los recursos naturales y los recursos de defensa, antes del 2016.
Está claro que estas promesas no se cumplieron. Si se hubiesen cumplido, Rusia habría ganado mucho más como resultado de la privatización de lo que ahora ganará; al fin de cuentas, en los años 2012 y 2013, los precios de los activos se encontraban, en términos de dólares, en un estado que más que doblaba los niveles actuales.
Las restricciones a la propiedad extranjera y a los préstamos otorgados por bancos de propiedad estatal (que son los que dominan el sistema financiero de Rusia) podrían impulsar a que los ingresos provenientes de la privatización sean aún más bajos.
Igor Sechin, el director ejecutivo de Rosneft, ha declarado que preferiría retrasar la privatización hasta que los precios del petróleo vuelvan a un nivel de $100 por barril. Sin embargo, este ejecutivo está dispuesto a seguir las órdenes de Putin (su excolega en la KGB). Y Putin, quien ha declarado que la privatización vale la pena, incluso a precios más bajos (debido a las ganancias implícitas relativas a la eficiencia), parece estar listo para emitir las órdenes.
La insistencia de Putin sobre que el gobierno mantendrá participaciones mayoritarias en empresas de propiedad estatal ha ayudado a garantizar la cooperación de directores ejecutivos, como Sechin, ya que esto aplaca la preocupación de los directivos en ejercicio sobre una reorganización en los mandos superiores.
Por supuesto, este enfoque también debilitará el impacto estructural del plan de privatización, pero, incluso la venta de participaciones minoritarias promete mejorar la transparencia y la gobernanza corporativa.
Nada de esto quiere decir que los ingresos no son importantes. Por el contrario, si la privatización no incrementa los ingresos del presupuesto o aumenta la eficiencia, probablemente el público la considere ilegítima. En dicho momento, el gobierno podría contar con el apoyo popular para expropiar parte o la totalidad de los bienes de los nuevos accionistas a través de procesos de nacionalización, instauración de impuestos excesivos o establecimiento de normativas.
Anticipándose a que suceda lo antedicho, los nuevos accionistas podrían tratar de ocultar los ingresos, en lugar de invertir en la empresa, lo que dificultaría aún más las ganancias vinculadas a la eficiencia y se crearía un círculo vicioso de desconfianza por parte del público en relación con la propiedad privada. De hecho, la expectativa de que ocurra esto puede ser ya lo suficientemente fuerte como para disminuir la disposición que tienen los inversores privados para pagar precios más altos por participaciones accionarias minoritarias, excepto, tal vez, si ellos son personas de dentro del gobierno que tienen conexiones políticas que los protejan frente a posibles expropiaciones.
Otra de las características del entorno económico que podría socavar los ingresos son las sanciones que Estados Unidos y Europa han impuesto a Rusia –sanciones que se podrían endurecer si las hostilidades se intensifican–. En este sentido, el éxito de la próxima ronda de privatización depende de que Rusia vuelva a asumir un compromiso con el resto del mundo.
Uno de los factores más críticos que podrían hacer o deshacer los esfuerzos de privatización de Rusia es la fuerza y la calidad de sus instituciones legales. Si el gobierno pusiera en práctica reformas estructurales que fortalecieran la protección de los derechos de propiedad y el imperio de la ley, los nuevos accionistas podrían esperar una mayor rentabilidad, y por lo tanto, estarían dispuestos a pagar más por los activos. Esto ayudaría a romper el círculo vicioso de bajos precios de los activos y la baja legitimidad de la propiedad privada.
Rusia tiene mucho que ganar de la privatización. Sin embargo, si no se instauran las reformas institucionales, esta ronda de la privatización puede llegar a ser similar a la realizada en la década de 1990, obteniéndose precios excesivamente bajos que eviten que el gobierno solucione sus problemas fiscales o establezca la legitimidad de la propiedad privada. Y, al no privatizar participaciones accionarias mayoritarias, el gobierno puede también fallar en su propósito de mejorar la eficiencia económica.
Sergei Guriev, exrector de la Nueva Escuela de Economía en Moscú, es profesor de Economía en Sciences Po; y, a finales de este año desempeñará las funciones de economista en jefe del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo. © Project Syndicate 1995–2016
