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Nuestras prisiones: una verguenza nacional

Actualizado el 20 de mayo de 2013 a las 12:00 am

Los privados de libertad no son ciudadanos de segunda categoría

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Nuestras prisiones: una verguenza nacional - 1

Dicen que las cárceles reflejan el tipo de sociedad en que vivimos. Si eso es así, resulta incomprensible que seamos el país más feliz del mundo y deberíamos tomar cartas en el asunto. El Estado costarricense, a pesar de tener uno de los índices de criminalidad más bajos del continente, ha apostado por resolver el problema de inseguridad ciudadana, acentuando su política represiva: aumento de penas –hasta cincuenta años como si no existiera la prohibición constitucional de penas perpetuas–, reducción de beneficios –modificación al artículo 55 del Código Penal, eliminación de la Oficina de Valoración Externa, incorporación del periodo de seguridad– y últimamente la incorporación de Tribunales de Flagrancia. La estrategia como consecuencia ha producido un incremento desmesurado de la población penal.

Apostar a la represión es cuestionable –sobre todo considerando que cuando se combate más el delito que sus causas, la solución no será finalmente acertada– mas, al margen de compartir o no esta solución, resulta a todas luces contraproducente que ese esfuerzo no vaya acompañado del desarrollo de soluciones para la atención de la población privada de libertad.

Con bombos y platillos se expone como principal logro de esta administración el tema de seguridad ciudadana, al amparo de estadísticas que, enhorabuena, parecen demostrar una reducción en la tasa de criminalidad; sin embargo, el entusiasmo se nos acaba cuando miramos nuestras cárceles. Se ha apostado a la mano dura: más policías, jueces y fiscales, meter presa a la gente por apoderarse de tres o cinco latas de atún, un champú o dos bolsas de arroz –solución miles de veces más onerosa que el conflicto mismo–, pero no se ha dado recursos para la atención de las personas presas y el Sistema Penitenciario Nacional las va amontonando, sin respeto a límites ni resoluciones judiciales.

Parece que el Ministerio de Justicia y Paz se especializa no solo en custodiar la población penal, sino también en incumplir las resoluciones de los Tribunales de Justicia, tanto de los Juzgados de Ejecución de la Pena como de la misma Sala Constitucional. Resulta absurdo que en un Estado de derecho, respetuoso de la división de poderes y la independencia judicial, los magistrados dicten órdenes y declaren con lugar un recurso de amparo, concediendo un plazo específico para resolver y minutos después, en medios de comunicación, la viceministra señale que en el plazo otorgado es imposible cumplir con lo resuelto, como si las resoluciones de la Sala Constitucional no son de obligado acatamiento. ¿Será que no sabe que el incumplir las órdenes de la Sala se castiga con prisión de tres meses a dos años o multa, según lo dispone el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional?

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La administración de las prisiones, al margen de las órdenes judiciales y el respeto a los derechos de la población penal, deslegitima el ejercicio de la potestad punitiva y nos expone a una eventual responsabilidad estatal ante organismos internacionales.

En estos días, la jerarquía del Ministerio de Justicia expone la solución al problema: camas de tres niveles y utilizar comedores y zonas comunes como dormitorios.

Hace muchos años, por resoluciones de los Juzgados de Ejecución de la Pena se había ordenado cesar la práctica de utilizar las camas de tres niveles, dado que ponían a algunos presos a dormir de nariz con el techo, pero ahora se dice que como el primer camón va al nivel del suelo ya no se presenta el inconveniente. Me pregunto si recordarán el estado de nuestras prisiones y que además de sobrepoblación hay exceso de ratas, cucarachas y otros roedores, problemas de aguas negras, falta de ventilación e iluminación. Me cuestiono, además, si tendrán presente que desde 1955 Naciones Unidas exige condiciones mínimas y el respeto a la dignidad humana.

Utilizar zonas comunes como comedores o aulas, también debe analizarse con atención pues habilitar esos lugares es desmejorar aún más la calidad de vida, reducir los espacios para la atención profesional de la población y seguramente no se habilitarán duchas, servicios sanitarios y demás.

La seguridad ciudadana no se atiende responsablemente limitándonos a encerrar a quienes han cometido un delito, después de todo, todavía se supone que no hay penas perpetuas y recordemos que un día regresarán.

Los privados de libertad están en prisión por sus acciones, pero no son ciudadanos de segunda categoría. Con el encierro se les castiga, pero no se les encierra para atropellar sus derechos y humillarlos. Se supone que se les priva de la libertad bajo encierro para que paguen por el delito y procurar darles insumos que les permitan reconstruir sus vidas y desarrollar una vida sin delinquir.

Frente a situaciones o crisis como las que afrontamos, los organismos internacionales señalan la necesidad de aplicar medidas urgentes como los egresos colectivos o indultos, mecanismos que si bien no solucionan el problema, sí permiten su inmediato control y evitar desgracias como las de Comayagua o motines con sus trágicas consecuencias.

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Recordemos que cárceles seguras y respetuosas de la dignidad humana y los derechos fundamentales, no son solo una garantía para quienes hoy están presos pues mañana cualquiera de nosotros puede caer, incluso siendo inocente. Esperemos que los responsables asuman su tarea dentro del marco de las reglas de un verdadero Estado de derecho y que por ahora no reaparezca el fantasma de la privatización de las prisiones.

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