EscucharEn el reportaje publicado el 28 de octubre bajo el título: “Dos magistrados de la Sala Cuarta ya atacaron el recorte a pensiones”, omiten incluir algunos datos importantes y hacen afirmaciones que tornan inexacta la información sobre mi intervención en la Corte en diciembre del 2014.
Me cuesta comprender las razones por las que unas declaraciones que hice hace dos años se convierten en fuente de noticia de primera plana, sin tomar en cuenta el contexto en que se produjeron, desconociendo que mucha agua ha pasado debajo del puente desde esa fecha.
Debo señalar que no recibí ninguna llamada o consulta previa a la publicación, que es lo que corresponde. Bien pudieron consultarme sobre su interpretación respecto de mis palabras. Pero no lo hicieron, les bastó quedarse con unas conclusiones que pretenden estigmatizarme sin un sólido sustento.
No sé si leyeron bien el artículo XVIII del acta 57-14 de diciembre del 2014, en ningún momento rechacé el recorte de pensiones, no me pronuncié expresamente sobre el contenido del proyecto. La propuesta de reforma no se refería a un recorte de pensiones, que me parece que es un tema que debe discutirse, porque el país requiere una decisión en esta materia, aunque el régimen de pensiones vigente yo no lo definí; lo diseñaron los magistrados y los legisladores hace más veinte años, en una época en que yo no era magistrado.
La propuesta discutida en Corte Plena en diciembre del 2014 se refería a un proyecto de la diputada Sandra Piszk, que creaba una contribución especial solidaria y redistributiva que se aplicaría a las personas jubiladas y pensionadas del régimen de pensiones del Poder Judicial. Consigno expresamente mi intervención, porque queda claro que no rechacé los ajustes o reformas al régimen de jubilaciones.
Este es el texto de mi intervención, en lo que interesa: “No voy a pronunciarme por las acciones que vienen, pero lo que me llama la atención es que –lo que voy a decir es eminentemente político– en este país se dice que no se pueden tomar decisiones y que es ingobernable, pero sacan músculo para los jubilados; es decir, para los jubilados sí hay músculo político y múltiples iniciativas, lo cual me llama la atención, más allá del contenido y, por supuesto, está de por medio el enfrentamiento entre una visión individualista y el concepto de solidaridad, eso no me cabe la menor duda (…). Cuando uno toma el Estado de la Nación, lo que uno ha escuchado, está el tema de que los alimentos en Costa Rica son los más caros del área. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué no hay músculo para eso? Tiene que haber algún músculo; alguna iniciativa articulada ante un hecho tan grave. Solo les menciono uno, el tema de las medicinas. Pagamos las más caras de Centroamérica –gracias a un mercado que no sé cuál será, porque alguien maneja ese mercado– y para eso no hay iniciativas, pero para los de la tercera edad, para eso sí hay iniciativas y decisión política y bastante (…). Digo esto porque no tiene nada que ver con lo que voy a resolver en el tema eventualmente que se plantee. Es más, estimo que los magistrados titulares debemos estar inhibidos ad perpetuam, porque como esto se convirtió en un objetivo político, cada año aparecerá alguien que planteará alguna iniciativa que incide en los jubilados. ¿Qué pasa con los que no pagan a la Caja Costarricense de Seguro Social, que tienen esas deudas gigantescas y no se les cobra? ¡En eso no hay problema! Solamente quería decir esto, porque como no voy a volver a pasar por la Asamblea Legislativa, estimo que pueda hacer esta evaluación sobre una política pública, sin pronunciarme sobre el contenido constitucional del proyecto”.
Dije expresamente que no me pronunciaría sobre el tema, por las acciones que podrían incidir en el régimen de jubilaciones, señalando que mi apreciación era una evaluación sobre una política pública, refiriéndome a un hecho evidente, pues, frente a ciertos problemas y grupos, el Parlamento define prioridades e intervenciones; obviamente, los jubilados, especialmente los del Poder Judicial, tienen menor capacidad para plantear sus objeciones o sugerencias. No imagino, por ejemplo, una huelga de jubilados.
Mencioné los alimentos, las medicinas y las deudas de la CCSS porque son problemas con lo que tienen que lidiar los jubilados, los de la tercera edad. Comprendía bien que una iniciativa como la de la diputada Sandra Piszk significaba un enfrentamiento entre una visión individualista y una visión solidaria. En mi caso, siempre y cuando haya criterios razonables, fundados en estudios técnicos, me inclino por medidas que respondan al criterio de solidaridad.
Con mi deformación como politólogo, hice una evaluación política de la iniciativa, que no significa un rechazo de las limitaciones al régimen de jubilaciones del Poder Judicial. No puedo ignorar que a los ojos de la mayoría del pueblo costarricense es un régimen con privilegios y debilidades que requiere ajustes y reformas. No pretendo defender ningún privilegio. Se necesita una reforma que responda a criterios razonables y técnicos, sin ignorar, además, que pueden existir eventuales problemas de aplicación de la ley en el tiempo que incidan en derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas.
En las publicaciones del 26 y 27 de octubre (página 6A), se afirma que yo lancé ataques contra el proyecto de la diputada Piszk. Lo que hice fue plantear una valoración de orden político que no descalificaba el proyecto. Los límites a las jubilaciones son necesarios, así lo expresé muy claramente en una nota que consigné en el voto 1625-2010.
Que duda existe que la prensa ejerce un poder, a veces demoledor, especialmente si se trata de cuestionar a los jueces. No comprendo bien la razón por la que me atribuyen criterios que no he expresado, esparciendo una duda que puede ser letal. No me opongo a la reforma del régimen de jubilaciones del Poder Judicial. Defender lo que a uno le beneficia son arenas movedizas, especialmente para un magistrado constitucional.
La noticia tendenciosa, la descalificación que destila la información publicada el pasado viernes 28 de octubre no me atemoriza. No quiero estar sometido a los temores, solo a mi conciencia.
La hidra de mil cabezas que puede desatar una noticia inexacta, tendenciosa, no me paraliza. Si la descalificación lo que pretende es que me inhiba de conocer algunos casos, por el momento no veo motivo, porque la descalificación es infundada.
Es importante destacar que en este momento la Sala Constitucional no tiene pendiente ninguna acción contra las normas que regulan el régimen de pensiones del Poder Judicial.
Nunca he tenido particular interés en la jubilación. No ingresé a trabajar como servidor judicial hace 44 años soñando con la jubilación. Tengo la pensión declarada desde el 2005, pero no pienso salir corriendo por las reformas que le hagan al régimen.
Me satisface servir, aunque es cierto que para los ciudadanos jubilados, de la tercera edad, que reciben una pensión millonaria las descalificaciones y los insultos están a la orden del día.
No me trastorna la posibilidad de jubilarme, y menos cuando uno sabe que esa condición puede significar una condición ominosa y reprochable.
Mi independencia como juez es mucho más importante que mi jubilación, por eso no me aferro a ninguno de mis beneficios personales. Que se hagan las reformas que correspondan, ninguna de las modificaciones me quitará el sueño, ni me angustiará. Es más importante ser un juez independiente que estar jubilado.
Ni los privilegios, ni las presiones de la prensa me hacen perder mi compromiso esencial: ser un juez independiente, no ceder a temores o amenazas.
Fernando Cruz Castro
Magistrado
