Una de las preguntas que surgen después del análisis es cómo se financiará el déficit

 10 septiembre, 2015

A principios de este mes, el Ministerio de Hacienda presentó su proyecto de presupuesto ordinario y extraordinario de la Republica para el año 2016, por un monto total de poco más de ¢8 billones.

Solo para efectos ilustrativos, dicho monto es comparable a lo calculado para construir la terminal de contenedores de Limón multiplicado por 15.

Igualmente, es comparable al estimado original de la ampliación parcial de la ruta 32 (a Limón) multiplicado por un factor de 29.

El proyecto, al igual que los presentados hasta la fecha, no define metas, objetivos, indicadores ni mecanismos para evaluar los gastos. Tampoco contiene mediciones del costo-beneficio de las asignaciones de los recursos.

En vez de eso, el presupuesto se construye sobre la base de obligaciones financieras, legales y constitucionales preexistentes, en cuyo cumplimiento se consumirá el grueso de los ¢8 billones.

El plan de gastos no atiende obligaciones legales y constitucionales que llaman al orden en el manejo financiero, obligaciones que incluyen lo establecido en el artículo 176 de la Constitución Política, sobre los presupuestos ordinarios, y que establece que “en ningún caso, el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables”.

La carga de la deuda supera todos los demás rubros y consumirá el 31% del monto presupuestado para el 2016.

Sumado al pago de las pensiones, estamos hablando de un 42% del total de los gastos presupuestados. Por esas erogaciones, el contribuyente no recibirá ningún servicio público.

En ausencia de medidas correctivas al faltante entre ingresos y gastos, el porcentaje asignado a la atención de la deuda seguirá aumentando en los próximos años.

Aspectos positivos. En medio de sus limitaciones, el proyecto muestra un esfuerzo de limitar el crecimiento del gasto en ciertas partidas discrecionales, como viajes y consultorías.

Estas partidas, sin embargo, representan una fracción relativamente pequeña dentro del presupuesto total.

También es loable el envío que hace Hacienda de ocho iniciativas para abordar el problema del déficit y la deuda, en general. Para terminar de preparar el terreno para una eventual negociación, uno esperaría que pongan en la mesa las cartas sobre el empleo público y las reglas fiscales.

Inquietudes. El crecimiento del gasto total presupuestado no es un parámetro que por sí solo permita medir la bondad del presupuesto.

Hilando más delgado encontramos que, por ejemplo, el crecimiento del gasto corriente presupuestado es muy alto si se considera la estabilidad de precios actual y la baja inflación proyectada por el Banco Central para el próximo año.

Las tasas de crecimiento de los incentivos, de la planilla y de las transferencias corrientes (los principales disparadores del gasto) son todos muy altos una vez ajustados a la inflación observada o proyectada.

Por otro lado, es lamentable el sacrificio de la inversión en capital, porque la asignación disminuye con respecto a la del 2015.

Al final, la inquietud mayor es por el aumento en el déficit proyectado, a pesar del esfuerzo de contención ya mencionado.

Hace poco más de un mes, la proyección del Banco Central ubicaba el déficit del Gobierno Central en un 6,4% del PIB en el año próximo.

La nueva proyección que nos presenta Hacienda en este presupuesto ubicaría ese déficit, en ausencia de medidas correctivas, en un 6,9% del PIB.

Algunas preguntas que surgen después de hacer un cuidadoso análisis son, por ejemplo, cómo se financiará el déficit en el 2016, en ausencia de más eurobonos, si se hará con más deuda interna y qué más podría hacerse para mejorar el crecimiento de los ingresos tributarios, que, según el proyecto, en el 2016 se estancarían como porcentaje del PIB.

Otra interrogante es si los diputados tendrán la voluntad de ir más allá y hacer una revisión de aquellos destinos específicos de gasto que no cuentan con fuentes de financiamiento, que le quitan flexibilidad a Hacienda y cuyo cumplimiento choca con leyes y artículos de la Constitución que obligan a un manejo ordenado de las finanzas publicas.

Alberto Franco Mejía es economista de Ecoanálisis.