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Y la presunción de inocencia... ¡qué!

Actualizado el 02 de julio de 2013 a las 12:00 am

Hay shows en los que prácticamente se “sentencia” a los detenidos

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La última detención, el pasado 26 de junio, de un jefe policial y de dos de sus colaboradores en San José me obliga a escribir no sobre el arresto de oficiales de la Fuerza Pública, sino sobre el show que montan algunas autoridades judiciales, dañando la dignidad de las personas y pasando por encima principios fundamentales como el principio o estado de inocencia.

No puede ser posible que actuaciones judiciales vayan en menoscabo de derechos fundamentales, simplemente por tratar de hacer imagen en los medios de comunicación colectiva. Eso no se vale: cada quien con sus competencias, en total respeto de los derechos humanos. Las leyes se hicieron para cumplirlas.

El citar en el lugar de los hechos a los medios de comunicación no es lo malo, pues los periodistas debemos informar sobre lo que acontece en nuestro país y que sea de interés público. Lo malo está en exhibir y exponer a los detenidos, en montar todo un show con pasamontañas, como si fuesen a capturar a capos de la droga, con decenas de patrullas y perros de la K-9, atentando contra los derechos de las personas a las que se les acusa.

Este tipo de actuaciones arremeten, primero que nada, contra el principio o estado de inocencia. En la resolución de la Sala Constitucional, número 1739-92, de las 11:45 a. m. del 1.° de julio de 1992, se nos señala como principio fundamental el principio de inocencia, derivado del artículo 39 de la Constitución Política, en cuanto este requiere la necesaria demostración de culpabilidad. Ninguna persona puede ser considerada ni tratada como culpable mientras no haya en su contra una sentencia conclusiva firme, dictada en un proceso regular y legal que la declare como tal después de haberse destruido o superado aquella presunción.

Respeto a la dignidad. En el caso en mención, los tres policías detenidos deben ser considerados y tratados como seres humanos, con el respeto debido a su dignidad, y desde luego como sujeto principal, no como objeto secundario, de la relación procesal.

Pero esos shows, en los que prácticamente “sentencian” a los detenidos, también dejan en el aire el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el derecho a la intimidad regulado en el artículo 24 de la Constitución. Este derecho, entre otras cosas, consiste en la garantía del individuo a tener una esfera privada de su vida, inaccesible al público, salvo expresa voluntad del interesado, y menos accesible aún, cuando en la acusación no hay una sentencia conclusiva firme que lo señale como autor de un delito, y que solo es de interés de las partes por la privacidad de las actuaciones, como lo fija el artículo 295 del Código Procesal Penal.

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En ese artículo se deja claro, entre otras cosas, que el procedimiento preparatorio no será público para terceros. Las actuaciones solo podrán ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus representantes.

Dicho artículo añade que las partes, los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas deberán guardar secreto.

Aclaro que esto no es culpa de los medios de comunicación, pues los periodistas son citados y convocados, y, además, ellos llegan, en muchos casos, hasta donde las autoridades se lo permiten. Lo que hacemos los periodistas es informar, según los datos que proporciona la fuente. Nuestro trabajo consiste en descubrir e investigar temas de interés público, contrastarlos, sintetizarlos, jerarquizarlos y publicarlos. Para ello, recurrimos a fuentes que consideramos fiables y verificables, que deben ser responsables y respetuosas del ordenamiento jurídico.

Hago, pues, un llamado a los señores jueces de la República para que, en aras de garantizar una sentencia justa, valoren todo este tipo de situaciones, y empecemos así a educar a quienes quieren hacer la vista gorda en lo que respecta a los derechos humanos y a los principios que nuestro máximo ordenamiento jurídico exige respetar.

No se vale trabajar por figurar. Se vale trabajar para aportar, para hacer el bien y, sobre todo, para denunciar como se debe lo que tiene que mejorarse, pero jamás para hacer leña de un árbol que ni siquiera sabemos si está caído, un árbol que, incluso después de los shows, podría ser que quede libre, sin medidas cautelares.

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