Algunos articulistas todavía no digieren la aplicación de la salvaguardia por parte del Gobierno a las importaciones de arroz pilado para proteger la producción nacional de los oportunistas comerciantes, quienes no compran la cosecha nacional ni tampoco generan empleos.
Entre esos columnistas está Juan Carlos Hidalgo, quien arremete en contra de la decisión de la administración Solís Rivera y la tilda de política cuestionable porque el Gobierno no atendió lo dictado por cuatro estudios, con posiciones particulares, entre estos el de uno de esos importadores interesados en el negocio del arroz pilado.
A falta de ideas, el autor del artículo “Arroz caro” (LN 18/5/15) califica a la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) como el cartel de los arroceros, expresión difamatoria por la que tendrá que responder en otras instancias.
Ayuno de argumentos, resucita los cálculos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UCR, estudio que Conarroz vetó al considerar que la finalidad del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) –en la administración Chinchilla– era eliminar la fijación del precio del arroz en Costa Rica, sin contar con el debido respaldo técnico, y que, posteriormente, esa consideración fue constatada por la Universidad Nacional (UNA).
El articulista, exalumno de esa alma máter, irrespetuosamente descalifica el estudio elaborado por la UNA y asegura que el informe contiene datos cuestionables, que son utilizados para respaldar la decisión del Gobierno.
Para conocimiento de la opinión pública, el estudio de la UNA concluye que, a diferencia del realizado por el IICE, el abordaje prioriza la actividad arrocera costarricense como mecanismo fundamental para la seguridad alimentaria del país, ante un futuro incierto en el abastecimiento del grano, por una eventual liberación del precio, limitantes de producción ligadas al cambio climático, conflictos geopolíticos y coyuntura internacional.
Reconoce esta investigación que los esfuerzos continuos impulsados por el Estado para disminuir los efectos de la apertura, específicamente en el caso del arroz, se fundamentan no solo en las vulnerabilidades que posee el sector arrocero, sino por su importancia dentro de la dieta de los costarricenses. Ello ratifica la necesidad de continuar bajo el mecanismo actual de fijación de precios por el grado de concentración que continua mostrando el sector y su composición.
La UNA advierte que cuando un país importante en la producción de arroz sufre un déficit, generalmente da paso a un aumento de la demanda de importaciones y a un alza pronunciada de los precios internacionales, disminuyendo la capacidad de los importadores de asegurarse los suministros necesarios en el mercado externo. Por lo que la mayor parte de los países donde el arroz es un alimento básico en la dieta, han optado por lograr un elevado nivel de autosuficiencia que les permita generar la seguridad alimentaria necesaria.
Además, el precio del arroz en Costa Rica contribuye al bienestar del consumidor ya que en los últimos años (2010 al 2013) la tasa de variación ha sido negativa o nula, en un producto esencial en la dieta de los costarricenses.
Contrario a las verdades “absolutas” del columnista, el precio del arroz en Costa Rica se mantiene a la baja y en junio sufrirá una nueva rebaja de ¢52 la bolsa de dos kilos.
Otro elemento central destacado por la UNA es la estabilidad social que la producción del arroz causa en el país, al generar empleo y medio de subsistencia a pequeñas y medianas familias productoras del grano en zonas marginales.
Será que todos esos señalamientos de la UNA tienen hoy enojado al articulista, para quien lo que él escriba es santa palabra. Por ahora, se equivocó.
Eliécer Araya y Eduardo Rojas, voceros de Conarroz