En un Estado de derecho, si las sentencias no se cumplen, aquel deja de serlo

 5 septiembre, 2015

En 1989, hace 26 años, Manuela Carmena, entonces jueza de vigilancia penitenciaria y actual alcaldesa de Madrid, dijo en una entrevista publicada en el diario El País : “Lo llamativo es que las cárceles están atestadas, en gran parte debido a que no funcionan otras instituciones. Por ejemplo, en nuestra legislación penitenciaria está previsto el tercer grado, que permite el cumplimiento de condena en régimen abierto. En este momento, se podría dar el tercer grado al 80% de los penados que existen en nuestras prisiones, con lo que no harían falta tantas plazas carcelarias”.

Casi un cuarto de siglo después de esas declaraciones, el Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica ha planteado, a partir de una rigurosa coordinación con los directores de los centros penitenciarios y del Instituto Nacional de Criminología, fijar una serie de requisitos que permitan reubicar a un grupo de personas privadas de libertad del régimen institucional –de mayor reclusión– al régimen semiinstitucional.

Este último incluye centros que, bajo la supervisión de las autoridades penitenciarias, permitirían una mayor descongestión de las atiborradas cárceles.

El tema del hacinamiento carcelario no es nuevo, ya no es motivo del simple bochorno que se produce desde hace una década, sino de la más profunda vergüenza en un país que se congratula por ser la democracia más antigua y sólida de América Latina.

La decisión no es fruto de la improvisación ni de la ocurrencia del Ministerio de Justicia y Paz, por el contrario, responde –y esto debe quedar suficientemente claro– a las órdenes proferidas, desde hace varios meses, por los magistrados de la Sala Constitucional y los juzgados de ejecución de la pena de San José, Alajuela y Puntarenas.

El ignorar esas sentencias expone a los funcionarios penitenciarios a cometer los delitos de desobediencia a la autoridad e incumplimiento de deberes.

Los jerarcas actuales no estamos dispuestos a cometer delitos ni a desatender las resoluciones judiciales. Inquieta la existencia de personas que cuestionen, quizás por desconocimiento, una medida que nace de disposiciones jurisdiccionales.

En un Estado de derecho, si las sentencias no se cumplen, aquel deja de serlo. Esta segunda alternativa no es negociable, al menos si el compromiso es con un régimen democrático.

La reubicación de los privados de libertad sentenciados implica la verificación de condiciones rigurosas y todas indispensables: ser primario (sin juzgamientos anteriores), no haber tenido reportes por mala conducta, estar próximo al cumplimiento de la pena, no estar sentenciado por delitos graves (se excluyen homicidio, abusos sexuales, violación, secuestro, crimen organizado, violencia de género, tráfico internacional de drogas, entre otros), tener un domicilio receptor y contar con una oferta ocupacional.

Esta medida forma parte de una agenda más amplia, la cual incluye la construcción de nuevos espacios, así como reformas legales para incorporar otro tipo de sanciones alternas a la prisión, las cuales han sido tomadas por otros países debido al desastroso estado de las cárceles de la región.

En Colombia, por ejemplo, en el 2014, se ordenó, luego de una reforma a su código penitenciario, el egreso de 11.000 personas; en Chile, en el 2012, se aprobó el indulto de cerca de 6.000 presos. Costa Rica apuesta por un proceso mucho más discreto y, sobre todo, más controlado.

Cantidad indeterminada. Es difícil tener un dato fiable de cuántos privados de libertad podrían ser reubicados, pues dependerá de cuántas personas cumplan con todos los requisitos. En este momento, los directores de los centros penitenciarios están abocados a ese trabajo.

Lo cierto es que el porcentaje de sobrepoblación alcanza el 52%, hay módulos que llegan al 200%, cuando, según los estándares internacionales, la cifra nunca debería superar el 20%.

Extraña que en un país que invoca permanentemente las raíces cristianas como uno de sus rasgos identitarios, haya algunos que expresen tan poca sensibilidad con respecto a este tema.

Lo dijo el papa Francisco ante un grupo de jueces, en el 2014, que las deplorables condiciones de encierro en distintas partes del planeta son “a menudo auténticos tratos inhumanos y degradantes, producto, en no pocas oportunidades, del ejercicio arbitrario y despiadado del poder sobre las personas privadas de libertad”.

Este tipo de decisiones nos confrontan como sociedad, porque, en definitiva, nos dicen cuál es la catadura moral que nos alimenta, y lo sabemos, confrontarse con uno mismo nunca ha sido una tarea fácil.

Marco Feoli Villalobos es viceministro de Asuntos Penitenciarios.