EscucharEste domingo se cumplirá el primer año de la Administración Chinchilla y el quinto de la Arias-Chinchilla. Es difícil separar ambas administraciones pues las promesas de campaña y el estilo de gobernar no difieren más que en pequeños matices.
Sin embargo, en el manejo político de la administración pública, el actual Gobierno ha tenido que enfrentar los dilemas del continuismo que con tanto orgullo pregonaron: tremendo déficit fiscal, presiones políticas para asegurar la candidatura a Rodrigo Arias para el 2014 y el desmoronamiento de un equipo que no ha estado a la altura de las expectativas de quienes los eligieron.
En buena hora, la crisis del partido de gobierno hace aguas en los inicios de la administración, cuando todavía es posible cambiar el juego sin tener que llegar a extremos. La situación es muy preocupante como para seguir tres años más en lo mismo. El déficit fiscal del 5,4% amenaza con sumir a más y más costarricenses en la pobreza.
Una de las causas del aumento del déficit es que el gasto público se aumentó de manera irresponsable con fines electorales. El endeudamiento externo nuevamente aumentó a un nivel que podría volverse insostenible si no se recupera la economía a un crecimiento mayor al 7%, el cual no se logrará, según proyecciones del mismo Gobierno, ni en el 2011 ni en el 2012.
El modelo económico vigente que ha promovido la entrada de capital extranjero especulativo creó un boom inmobiliario artificial y distorsionó el precio de la tierra, el tipo de cambio y las tasas de interés. Como resultado, el costo de los insumos, en especial alquileres, se ha incrementado excesivamente.
Efectos negativos. Todo lo anterior ha afectado de diversas maneras a la población. La competitividad de las exportaciones y el turismo decayeron. No se ha disminuido el desempleo permaneciendo este en 7,3% y subempleo en 7,5%, en tanto la desigualdad social sigue creciendo. Se ha incentivado el endeudamiento a altas tasas de interés por medio de tarjetas de crédito y no la inversión productiva en infraestructura, producto de políticas mal concebidas de la administración Arias.
La inflación se mantiene baja pero a costa de una restricción del crédito y altas tasas de interés relativas para seguir atrayendo capitales especulativos, pero restringiéndoles el crédito a los ticos para vivienda y empresas productivas. La banca de desarrollo se encuentra enmarañada en la tramitomanía legal y controles de la Sugef, por lo que $300 millones están “guardados”, mientras la pequeña y mediana empresa pasa penurias para obtener capital de trabajo y de inversión.
El impulso a la descentralización ha sido improvisado y falto de sustento técnico para el financiamiento de las transferencias a las municipalidades comprometidas por ley, poniendo así mayor presión al déficit fiscal, al endeudamiento externo y a la estabilidad inflacionaria. La inversión social sigue parada, mientras la infraestructura resulta obsoleta, y la calidad de la educación y la salud públicas se deteriora día a día, sin que se pueda resolver necesidades básicas en las escuelas y en los hospitales.
Límites al poder. Ante esta situación, el Partido Acción Ciudadana ha considerado fundamental establecer un acuerdo con otros partidos políticos de oposición, para frenar abusos de poder y proponer agendas compartidas en lo local y lo nacional.
Al contrario de lo que algunos medios de comunicación se empeñan en hacer creer, el acuerdo de los partidos políticos de oposición para alcanzar el directorio legislativo, absolutamente normal en un régimen democrático, permitirá agilizar procesos, hacer mejor uso de los recursos públicos, mejorar el control político y, especialmente, fortalecer la democracia como sistema de gobierno, recuperar la división de poderes y los órganos de control. Todo ello, a pesar de las diferencias ideológicas y metodológicas que nos distinguen.
Este domingo 1.º de mayo tendremos la oportunidad de contar en la Asamblea Legislativa con un directorio compartido de oposición. Este acuerdo responde sin duda a un clamor popular que escuchamos con esperanza y que instamos al Ejecutivo a acoger con sabiduría.
El Partido Acción Ciudadana asume con responsabilidad este nuevo reto, por la Costa Rica que queremos, por un país con una democracia que realmente funcione y brinde a todos sus habitantes oportunidades de disfrutar de una vida digna.
