20 febrero, 2015

Fomentar una política de desarrollo que estimule la actividad agropecuaria costarricense se ha convertido en uno de los principales objetivos de la Administración Solís Rivera.

Con el propósito de fortalecer el marco institucional-normativo vigente en materia de agricultura y ganadería, el actual Gobierno definió, durante los primeros meses de su gestión, una serie de acciones estratégicas para garantizar la sostenibilidad de la producción nacional y generar mayor confianza en las empresas y productores locales.

A través del seguimiento dado a la Política de Estado para el Sector Agroalimentario y Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021, así como la definición del Plan Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Rural 2015- 2018, ha sido posible obtener un diagnóstico realista del sector, sus problemáticas y necesidades urgentes.

Desafíos. Aspectos clave de la competitividad, como la transferencia de tecnologías, la creación de capacidades y competencias, o la inserción en nuevos mercados, son algunos de los desafíos que mantienen ocupados a la institucionalidad del sector agropecuario. Los esfuerzos realizados para defender la soberanía alimentaria e implementar estrategias de producción más limpia también se encuentran entre los retos más apremiantes.

En declaraciones recientes, el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz, ha reconocido la importancia de generar insumos suficientes para incentivar una economía social solidaria, basada en la gestión de conocimiento y el apoyo a los programas de emprendedurismo. Estas iniciativas buscan promover la elaboración de productos de mayor valor agregado, a la vez que disminuir el desempleo (en especial en zonas rurales) y las migraciones internas.

Existe, por parte del Gobierno, un marcado interés en el fortalecimiento de las cadenas productivas y la optimización de los recursos mediante la adopción de prácticas ecoeficientes.

Sin embargo, la falta de encadenamientos en el sector y la persistencia de esquemas organizativos deficientes, ha obstaculizado el acercamiento entre los distintos actores, impidiendo, a la vez, el establecimiento de alianzas y vínculos de cooperación que faciliten los procesos de investigación, adaptación, intercambio y transferencia de tecnología agropecuaria.

La articulación sectorial es un requisito indispensable para alcanzar mayores niveles de producción a costos más bajos.

El Estado, además, debe hacer efectivo su compromiso en la atracción de inversión pública y privada, así como la disponibilidad de créditos y financiamiento que promuevan la inclusión en el sector. El acceso a fondos contribuirá de forma positiva al desempeño económico del sector, el desarrollo de nuevas ideas y el incremento de las habilidades para innovar.

El autor es sociólogo.