Comenzó la campaña y, como tradicionalmente ocurre, los grupos socialmente vulnerables son los más cotizados por los “pescadores” de electores y les prometen el cielo y la tierra a cambio del voto

Por: Esteban Chaverri Valverde 17 noviembre

La campaña para las elecciones del 2018 ya arrancó y los aspirantes a la presidencia o a una curul salieron en busca de votos. Como tradicionalmente ocurre, los grupos socialmente vulnerables son los más cotizados por los “pescadores” de electores y les prometen el cielo y la tierra a cambio del voto.

Uno de estos grupos es el de las personas con discapacidad, que representa el 10,5 % de la población costarricense, es decir, casi medio millón de habitantes. Son personas con diversas necesidades, que deben enfrentarse a limitaciones individuales y a un entorno lleno de barreras arquitectónicas, informativas y actitudinales.

Es un grupo marginado por no encajar dentro de los arquetipos idealizados de ser humano, estándares utópicos de “normalidad” o “perfección corporal”, construidos por una sociedad encaprichada en invisibilizar la diversidad humana.

Son llamados peyorativamente los “minusválidos”, o sea, los que valen menos; o como los “inválidos”, es decir, los que no valen nada. Pero, casualmente, adquieren valor para la clase política cuando se acercan los comicios. Históricamente, abordan a este sector del electorado desde la lástima, la caridad y el asistencialismo, explotando la imagen del “pobrecito” para atraer votantes, aparentando un compromiso social.

Cansancio. Pero la población con discapacidad ya está cansada de todos estos discursos políticos vacíos y desea escuchar propuestas concretas, no desde la lástima, sino desde un enfoque de derechos humanos. No necesita limosnas, sino oportunidades en ámbitos como la educación, el trabajo, la salud y el acceso al espacio físico, entre otros.

Por ejemplo, los ciudadanos que tienen discapacidad necesitan contar con un sistema educativo inclusivo: desde la estimulación temprana hasta la educación superior, que vaya más allá de las adecuaciones curriculares e incorpore las necesidades educativas particulares de este segmento de la sociedad en los procesos de aprendizaje.

Necesitan oportunidades laborales que les permitan demostrar sus capacidades y su eficiencia, donde sean más importantes sus aptitudes y competencias para el puesto que los prejuicios y la discriminación de los empleadores. Requieren que todas las instituciones públicas reserven plazas para ellos al amparo de la Ley 8862, sin excusas presupuestarias ni de ninguna otra índole.

En el campo de la salud, están urgidos de servicios de rehabilitación y terapia especializada que estén disponibles en todas las regiones del país; no como ocurre en la actualidad, que muchas personas con discapacidad física y sus familiares deben desplazarse desde las zonas más alejadas para recibir dichos servicios en el área metropolitana.

Acceso. Estas personas precisan de un entorno físico accesible y seguro, con aceras en buen estado y edificaciones con diseño universal, que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 7600 y su reglamento. No es posible que más de 20 años después de aprobada esta ley todavía las autoridades otorguen permisos de construcción para edificaciones inaccesibles y que las personas transiten por aceras que más parecen la pista de una carrera con obstáculos.

Exigen un Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) con un papel activo en la sociedad costarricense, que fiscalice el cumplimiento de los derechos de esta población por parte del resto de las instituciones públicas y sancione a las que no lo hacen.

Demandan que se aplique la Ley 9379 para gozar de verdadera autonomía personal en su vida cotidiana y de acceso igualitario a la justicia. Y esperan una aplicación real de la Ley 9049, que les permitirá a las personas sordas recibir educación en lengua de señas (Lesco), su lengua materna.

Por todo esto, insto a los candidatos que aspiran a la presidencia de la República o a una diputación, a conversar con las personas con discapacidad e incorporar en sus planes de gobierno propuestas concretas dirigidas a esta población, no por caridad ni filantropía, sino desde el respeto a sus derechos humanos.

Y a las personas con discapacidad, les invito a que antes de votar revisen si los partidos políticos incluyen propuestas para ellas en sus planes de gobierno o si no las han tomado en cuenta. Exíjanles a los candidatos respuestas concretas a sus necesidades y déjenles claro que el voto de las personas con discapacidad también vale.

El autor es sociólogo.