En Costa Rica existen cooperativas, asociaciones de desarrollo, asociaciones solidaristas, organizaciones de profesionales, de autogestión y autoayuda; además de importantes instituciones sociales como la Caja Costarricense de Seguro Social, la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, la Caja de ANDE, el Instituto de Fomento Cooperativo, la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
El conjunto de estas instituciones y movimientos, conocido como sector económico socio-laboral o de economía social, configura una expresión positiva del desarrollo que el país ha experimentado desde mediados del siglo XIX, y en cuyo seno se conocen algunas de las historias más importantes y emblemáticas de la sociedad nacional.
La historia de estas realidades no empezó en el actual gobierno. El impacto social de esta red de instituciones y movimientos es enorme; apoyarla, diversificar sus posibilidades de inversión, modernizarla y fortalecer sus capacidades de gestión interna, constituyen desafíos de primer orden.
Dualidad de poderes. Existe la tentación de concebir al sector laboral-social o socio-laboral en términos de modelo alternativo respecto a lo que se califica como sociedad dominante, y tal cosa puede conducir a una coyuntura histórica de dualidad de poderes donde ciertos segmentos económicos y sociales pretendan funcionar como un contrapoder respecto a lo que se reputa como oficial y hegemónico.
En tal tesitura no extraña encontrar comportamientos políticos que utilizan las instituciones públicas con el fin de posicionar determinadas visiones ideológicas e intereses político-partidarios.
En los últimos meses, el tipo de intención política que puede conducir a una situación de dualidad de poderes se ha reflejado en el lema “priorizar los intereses colectivos sobre los individuales”. Permítaseme reflexionar sobre esta consigna.
La persona humana es la unidad de lo individual y lo colectivo, sin mezcla ni yuxtaposición, de ahí que sea un craso error priorizar uno u otro de estos elementos; lo que se prioriza es la persona en la unidad de sus componentes individuales y sociales, y es desde la preeminencia del ser personal que se diseñan y ejecutan acciones de solidaridad.
¿Cómo puede lo colectivo tener prioridad sobre lo individual, si cualquier estructura colectiva existe debido a las personas que la forman? ¿Acaso hemos de pensar que quienes proclaman la prioridad de los intereses colectivos también poseen el don de saber en qué consisten y cómo definirlos? ¿Debemos creer, como los dictadores Hitler, Franco, Mussolini, Stalin y Pinochet, que el individuo-persona debe someter su individualidad al partido político, al Estado, al Gobierno, al Ejército, a la raza, al grupo, al mercado o a la clase social?
¿Acaso hemos de creer que los individuos que promueven la supuesta prioridad de lo colectivo no tienen intereses propios, que son ángeles bajados del cielo y que en sus individuales opiniones expresan la opinión y los intereses de toda la sociedad?
Harían bien los ideólogos de los intereses colectivos si traban contacto con la obra personalista de Francisco Romero, Carlos Fernández Sessarego, José Alberto Soto Badilla, Alberto Martén, Sanabria Martínez y Rodrigo Facio, entre muchos otros; y si se acercan a los estudios de Emmanuel Mounier, Guardini, Maritain, McTaggart, Berdiaev, Marcel, Buber, Sartre y Camus.
Por la vía de la lectura, quizás se percaten de los serios reparos que cabe hacer a la pasmosa ausencia de bagaje teórico que han mostrado, y a la precipitada pretensión de ejecutar conceptos y disposiciones cuya delimitación jurídico-económica y administrativa aún no se realiza, ni en el plano legislativo ni en las instancias organizacionales correspondientes.
Propiedad y autogestión. Termino con una breve reflexión sobre el tema de la propiedad, copropiedad y autogestión de medios de producción.
Toda persona, cualquiera sea la clase social a que pertenezca, tiene derecho a capitalizar los recursos de que dispone, y para lograrlo le favorece tener acceso a la propiedad y a experiencias de copropiedad y autogestión de medios de producción.
Las cooperativas, asociaciones de desarrollo, asociaciones solidaristas e instituciones financieras y sociales del sector laboral-social ofrecen oportunidades de desarrollo sobresalientes en estos campos.
Los partidos políticos, el Estado y los Gobiernos deben asumir funciones mucho más sencillas y humildes que las que ahora pretenden.
Es prudente abandonar cualquier centralismo institucional y político-partidario, y es imprescindible rechazar la soberbia del espíritu redentor que caracteriza a ciertos políticos.
El Estado es importante, el Gobierno es importante, pero más lo es fortalecer y desarrollar las capacidades de autogestión del sector de economía socio-laboral, y de las comunidades y regiones.
Fernando Araya es escritor.