Pese a la crisis, más de nueve instituciones autónomas planean triplicar sus gastos

 30 enero

Es preocupante que en el 2017 por cada colón de ingreso gastaremos ¢1,85. Nuestro presupuesto superará en el 2017 los ¢8,9 billones, un 12% más con respecto al 2016, para una inflación proyectada de un 2 a un 3% en el 2017. La expansión del gasto se genera por un mayor costo de la deuda, un aumento del rubro de pensiones y en el gasto del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Los ingresos proyectados para el 2017 son de ¢4,8 billones, con lo que el gobierno debe colocar ¢4,1 billones en deuda externa e interna. Es decir, prácticamente el 46% del presupuesto se financiará con la colocación de mayor deuda, que prácticamente se ha duplicado en los últimos 10 años.

En el mercado externo es posible un aumento de intereses de la Fed, un incremento en el precio del barril de petróleo y ciertas materias primas y una mayor incertidumbre con la nueva administración en Estados Unidos y los resultados del brexit.

Por el lado de los gastos, el gobierno sigue amarrado con una serie de erogaciones que son: mandato constitucional 34%, mandato legal 54%, gastos rígidos 7% y un 5% que tiene libertad el Ejecutivo para administrar.

Es importante señalar que el servicio de la deuda pasó de ¢2,5 billones en el 2016 a ¢2,9 billones en el 2017, con un incremento de ¢400.000 millones. Este año gastaremos más en el servicio de la deuda que en educación pública.

Las pensiones con cargo al presupuesto aumentarán de ¢838.000 millones en el 2016 a ¢886.000 millones. De un presupuesto de ¢8,3 billones en el 2017, el Estado va a transferir ¢2,8 billones a la CCSS, universidades y pensiones.

El MEP aumentó el gasto en ¢222.000 millones a pesar de que la población escolar disminuye, la calidad de la educación no mejora y la infraestructura tecnológica y educativa no ha sido mejorada.

Para proyectos en la ruta 32 y 257, el Incofer y la ciudad gobierno se presupuestaron la suma de ¢75.000 millones. Referente a las transferencias es importante señalar que el Fondo Especial de Educación Superior absorberá ¢478.000 millones, Conavi ¢186.000 millones, Fodesaf ¢251.000 millones, juntas de educación ¢189.000 millones y otros programas –como Avancemos y Fonabe– ¢90.000 millones.

Es preocupante que a pesar de un déficit proyectado de un 5%, una inflación entre un 2% y un 3% y un crecimiento proyectado de la economía de un 4%, de nuevo se incrementen los gastos un 12% en el 2017 por nuevas obligaciones de ¢334.000 millones y más expansión de gastos, que van a requerir mayor endeudamiento y gastos financieros de más de ¢1 billón en intereses y comisiones.

Gasto público sin control. No puede ser ser que, pese a la situación financiera del gobierno, más de nueve instituciones autónomas planeen triplicar los gastos en consultorías en el 2017 y continúen en una clara expansión de gastos.

Los recientes proyectos aprobados de los aportes solidarios para los 310 pensionados que pertenecen al Ministerio de Hacienda y diputados, con pensiones entre ¢2,5 millones y ¢17 millones, significarán un ahorro de ¢3.000 millones mensuales.

La convención de Recope les costará a los consumidores este año en el valor de los combustibles ¢23.000 millones. El logro de la reciente negociación de la convención por parte del gobierno prácticamente va a ser insignificante.

Es importante destacar que en el 2016, al igual que en otros años, los gastos del gobierno han sido superiores al alza de ingresos. Esto ha significado que hacer cualquier esfuerzo en la recaudación fiscal y nuevos impuestos pronto es absorbido por mayores gastos.

Este gobierno incrementó el gasto público en ¢900.000 millones entre el 2014 y el 2015 al pasar de ¢4,9 billones a ¢5,8 billones, con el agravante de que el 65% de este incremento fue para mayores salarios y transferencias, no para infraestructura.

¿Podremos controlar esa expansión continua del gasto? ¿Se puede resolver la crisis fiscal con solo nuevos impuestos? ¿Quién controla los excesos de instituciones descentralizadas y empresas públicas? ¿Se podrá mantener la actual estructura de anualidades de un 5%? ¿Cómo es posible que el crecimiento de los salarios y transferencias sea cinco veces superior a la inversión en obra pública y compra de activos? ¿Podemos seguir aumentando el gasto en forma automática sin afectar la competitividad del sector productivo? ¿Vamos a continuar con la fiesta en pensiones cuando se tiene que financiar el 90% con endeudamiento y solo un 10% con cotizaciones? ¿Debemos revisar el resto de pensiones del sector público? ¿Vamos a seguir transfiriendo más recursos al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) sin establecer límites a las pensiones, a los salarios y a los gastos administrativos? ¿Seguiremos sin capacidad de controlar los gastos de las dos terceras partes del sector público?

IVM: problema complejo. Es un hecho que el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se encuentra en crisis y es preocupante su sostenibilidad a corto plazo.

El cambio demográfico, los aportes de los asociados, la situación fiscal, el sistema de solidaridad intergeneracional, los altos costos administrativos, los beneficios en relación con los aportes, la cobertura y otros factores claves han puesto en peligro la sostenibilidad del sistema.

Las tasas de natalidad y mortalidad van en disminución. La mayoría de la población se encuentra entre 35 y 40 años y para el 2045 estará entre 45 y 59 años. En solo 25 años, más del 20% de la población tendrá más de 65 años.

El mercado informal viene creciendo en los últimos 10 años y se sitúa en un 45% del empleo total (2015). Desde el 2008, los gastos del IVM van en aumento y los ingresos en decrecimiento.

Las medidas inmediatas para solventar los problemas de sostenibilidad del IVM deben ser: aumentar la edad de retiro, mejorar la rentabilidad con destinos más diversificados de las reservas, reducir los costos administrativos, aumentar gradualmente las cuotas pagadas y el ahorro de los asegurados, un aporte mayor del Estado para cubrir las pensiones mínimas en condición de subsidiario y dejar de encadenar las pensiones al aumento de ciertos salarios. Paralelamente se debe acabar con una serie de privilegios que tienen muchos empleados que reciben ingresos del Estado, pues muchos se retiran hasta con un 75% de sus altos salarios gracias a las múltiples granjerías que se han establecido en el pasado.

No es justo que el gobierno quiera establecer nuevos impuestos para resolver los problemas del IVM si se mantienen las altas pensiones que reciben empleados de la Corte, universidades y el Magisterio. Que todos nos ajustemos la faja y que todos estemos bajo un solo sistema. Igual debe ser la necesidad de reordenar el resto del sector público.

La actual descapitalización del régimen de IVM debe llamarnos a reflexionar para hacer estudios actuariales periódicos en todos los regímenes que están a cargo del presupuesto nacional y todas las otras instituciones del sector público que traspasan muchos privilegios con tarifas y servicios.

Con la actual crisis en el IVM y los altos costos de regímenes especiales con cargo al presupuesto, es posible que el déficit fiscal se incremente, si no se toman medidas valientes. Todo parece señalar que la irresponsabilidad y la falta de compromiso de los partidos políticos y el gobierno nos va a llevar al borde del precipicio en el 2018. No sigamos posponiendo medidas.

El autor es ingeniero.