Opinión

Un parlamento amordazado

Actualizado el 26 de junio de 2013 a las 12:00 am

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Un parlamento amordazado

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Desde hace algunos meses viene aumentando el tono y la cobertura de las discusiones que cotidianamente se dan en torno a la negociación emprendida por Recope con un consorcio chino para construir una nueva refinadora de petróleo, a un costo cercano a los dos mil millones de dólares. La llegada a nuestro país del presidente de esa nación fue concebida como el momento cumbre de tales negociaciones.

En la academia, los medios de comunicación, las organizaciones sociales y en el mundo de la calle ese convenio se ha convertido en tema de primera importancia, destacando las voces críticas, fundamentadas, que desde diversos ángulos califican como lesiva a los intereses del país la negociación y la construcción de la obra, donde sobresalen las ventajas a favor de los asiáticos, pero cuesta encontrar las nuestras. Prestigiosos juristas, economistas, ambientalistas y conocedores de la industria del petróleo le han entregado a la opinión pública, a Recope y al Gobierno criterios valiosos para demostrar que la refinería no tiene fundamento, no es necesaria, va a contrapelo de nuestra voluntad por alcanzar la meta de carbono neutralidad y le saldría muy cara al país.

Todo mundo discute sobre el tema, menos los diputados. La Asamblea Legislativa, por competencia, oportunidad y mandato constitucional, debía de ser el primer foro de tan trascendental debate, pero está en silencio.

Conscientes de que una situación de esta naturaleza no podía continuar, diputados de varias fracciones presentamos una moción de orden orientada en tres direcciones: una instancia a Recope y al Consejo de Gobierno para paralizar todas las actividades y negociaciones con el consorcio chino CNPCI, demandar la comparecencia ante la Asamblea de la contralora General de la República para que rindiera cuentas sobre la participación de esa entidad en el negocio y una solicitud al Ministerio Público para que le diera seguimiento al tema ante eventuales conductas o acciones que pudieran acarrear sanciones.

En el centro de nuestras preocupaciones estaba la inquietud de que el parlamento, en el ejercicio constitucional del control político, incorporara a sus debates tan trascendental tema, del cual no podía seguir ausente.

El texto de la moción estaba concebido en el marco del respeto hacia las competencias de otros poderes e instituciones, pese a que la mayoría de los firmantes estamos convencidos de que, en el tanto la negociación Recope-CNPCI rompía el monopolio de la refinadora en materia de hidrocarburos, así consagrado por la ley y por la Constitución, y que ese acto es potestad exclusiva de la Asamblea Legislativa, también por mandato constitucional, todo lo referente al citado convenio debía ser objeto de definición del Poder Legislativo, como lo han manifestado públicamente reputados constitucionalistas de nuestro país.

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Y más aún, en el marco del convenio entre Recope y el consorcio chino CNPCI, que dio origen al híbrido Soresco, encargado directo de la nueva refinería, quedó expresamente consignada la prohibición para las partes de contratar con entidades con las que tuvieran algún tipo de cercanía empresarial, y la CNPCI violó de manera flagrante y reiterada esa prohibición, al contratar servicios con subsidiarias suyas o del consorcio madre, la CNPC. Otra causal para eliminar ese contrato.

El lunes 17, en la tarde, en medio de recesos para estructurar la agenda del plenario, hablamos entre diputados y el presidente legislativo de la citada moción de orden. El martes a mediodía nuestra propuesta apareció en el lugar correspondiente, primera parte del orden del día. No obstante, cuando llegamos a ese punto, el presidente legislativo, Luis Fernando Mendoza, de manera arbitraria decidió que la moción no era de orden, calificándola como “proposición”, cuyo sitio en el orden del día es una suerte de gulag , donde los asuntos que entran, nunca se discuten. El propósito era claro, impedir a toda costa que el tema de la negociación petrolera se debatiera en el parlamento.

De inmediato, apelamos la decisión del diputado oficialista. En el estrecho marco de 30 minutos, Juan Carlos Mendoza, José María Villalta y yo argumentamos en contra de la citada negociación y demostramos que el reglamento y la costumbre legislativa abonaban que nuestra moción se pusiera de inmediato a discusión y votación. De manera apresurada, el presidente legislativo recurrió a peregrinos argumentos, que no alcanzaron para ocultar su decisión y la del Ejecutivo de que ese tema estuviera vedado al debate parlamentario.

Curiosamente, el día anterior, cerca de las 5 de la tarde, y mientras yo intervenía a propósito de un permiso para que un barco de guerra colombiano ingresara a nuestras aguas territoriales, fui abruptamente interrumpido por Mendoza, sin haber concluido mi intervención, para darle curso a una moción de orden referida al receso legislativo, que de inmediato fue puesta a debate y votación. Esa moción, presentada como de orden, y aceptaba así por el presidente, no pretendía ordenar el debate, sino que era una simple proposición de un grupo de diputados para que se aprobara el receso, y no fue mandada a esa suerte de “gulag reglamentario”, que es el capítulo de “proposiciones de los diputados”.

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Resultó así evidente que el presidente legislativo, seguramente actuando en función de órdenes superiores, estaba empeñado en evitar que la negociación con los chinos fuera materia de debate parlamentario. La apelación que presentamos obtuvo 16 votos a favor de compañeros de varias bancadas, frente a 25 en contra de la fracción oficialista junto a la mayoría de los diputados libertarios.

Pero el tema sigue en pie y nosotros decididos a que no se margine al parlamento de este gran debate nacional. No se puede permitir que en aras de un negocio que no está claro para la mayoría de la población, que ya se ha demostrado acarreará sensibles daños al país y al interés nacional, se atropelle a la Constitución, a las leyes de la República y se pretenda amordazar al parlamento.

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