29 abril, 2014

Una vez que el país despejó los nublados electorales y contamos con un presidente electo, corresponde concretar todas las propuestas de campaña en acciones de política pública.

Una de las áreas clásicas y más relevantes, que siempre requieren atención, es la política social, ámbito que en el programa de gobierno del PAC no se desarrolla de manera expresa, aunque sí aborda sus propósitos habituales en su tercer pilar: el reto de reducir la desigualdad, eliminar la pobreza extrema, y algunos “Compromisos con Costa Rica” como los relativos a salud y pensiones, educación, defensa de los derechos humanos, y apoyo a las mujeres.

Si bien el programa detalla múltiples acciones específicas, conviene considerar tres elementos de política social que están ausentes o insuficientemente desarrollados en la oferta programática y a los que me referiré.

Empleo. Hace ya varios años que los organismos internacionales sitúan la generación de empleo decente y el acceso igualitario al mercado laboral en el corazón de la política social. Es necesario asumir como prioridad la construcción participativa de una política nacional de empleo que estimule el acceso de grupos excluidos, como las personas con discapacidad, jóvenes y mayores de 40 años, mujeres jefas de familia, y “egresados” de programas selectivos de ayuda social, de programas de rehabilitación contra las drogas y el alcohol, y del sistema penitenciario, entre otros.

Para vincular empleo y política social se debe fortalecer la formación técnica, como suele plantearse, pero también debe diseñarse un ambicioso plan de estímulos para los empleadores, casi inexistente en la actualidad. Sacar a miles de habitantes de la pobreza únicamente con ayudas sociales es insostenible en el tiempo, por lo que su integración al mercado laboral se impone como una prioridad de política social.

‘Arquitectura’ institucional. Postular la adecuada coordinación entre instituciones relacionadas con lo social es un objetivo habitual en las ofertas políticas, pero también un fracaso recurrente. Es urgente hacer algo distinto. Se debe institucionalizar una verdadera rectoría del sector social por vía legal, con una estructura vigorosa propia y con competencia formal y músculo político para reordenar y articular la dispersa “arquitectura” institucional en el sector.

El PAC propone asignar la tarea de rectoría al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero cabe cuestionar si una entidad débil en el entramado institucional, que históricamente se ha limitado a resolver conflictos laborales y fiscalizar sin mucho éxito el cumplimiento de la legislación laboral, y con una cultura organizacional cimentada en otro tipo de tareas, es la idónea para asumir semejante responsabilidad en un momento crucial y con las expectativas de cambio que existen sobre el próximo gobierno.

Conviene considerar el fracaso de la coordinación de lo social asignadas al Ministerio de Vivienda, al de Salud y a la propia cartera de Trabajo en las dos últimas administraciones. ¿Acaso es hora de emprender la creación de un Ministerio de Desarrollo Social como en otras naciones de Europa y América Latina?

Participación ciudadana. La participación ciudadana está en el ADN del PAC, pero su programa señala escasamente los mecanismos para lograrlo, en el ámbito del tercer pilar. Es necesario diseñar y habilitar espacios de participación en materia de política social. Para empezar, se podría incorporar a representantes de los beneficiarios de programas selectivos en la revisión del diseño institucional y en la evaluación sistemática de tales programas.

Para ello, se podría tomar como base un artículo de la Ley de Asignaciones Familiares que fue abruptamente derogado en una administración reciente y que, acatando una recomendación del proceso de concertación nacional de 1998, creó la Comisión Nacional de Solidaridad (Conasol) como órgano consultivo y de participación ciudadana en la administración de los recursos de Fodesaf.

Posiblemente, el próximo gobernante y su equipo podrán revisar y complementar sus propuestas de política social antes de asumir el poder y antes de formalizarla en un nuevo plan nacional de desarrollo.

Una vez más, la patria espera resultados.