16 octubre, 2014

WASHINGTON, D. C. – En los últimos cinco años, varios países de bajos ingresos, como Ruanda y Honduras, han emitido por primera vez bonos para inversionistas privados en el exterior, en Londres y Nueva York, algo impensable hasta hace poco, ya que la primera emisión de bonos de un país debería verse como un signo de gran confianza de los inversionistas. También debería hacer sonar algunas alarmas de advertencia bastante familiares.

Cerca de 20 “emisiones principiantes” han recaudado alrededor de $12.000 millones a tasas de interés que, en promedio, son apenas 4,5 puntos porcentuales por sobre lo que paga el Gobierno de Estados Unidos por vencimientos a cinco o más años. Se trata de un pequeño cambio en el esquema financiero global, pero, dado que muchos de estos prestararios estaban en dificultades o impago hace apenas una década y necesitaban que se les perdonara la deuda, su despegue no deja de impresionar.

No obstante, el acceso de los países de bajos ingresos a acreedores privados implica riesgos que habría que destacar desde el comienzo, antes de que se conviertan en amenazas inminentes.

Para comenzar, está el riesgo de reestructuración. Los bonos se tienen que pagar en una moneda extranjera, por lo general dólares estadounidenses, en un solo pago único. Estos pagos únicos pueden ser altos, especialmente cuando se comparan con obligaciones de deuda pasadas o ganancias futuras por concepto de exportaciones.

Los datos del Banco Mundial que siguen la evolución de la deuda de los países en desarrollo desde los años 70 indican que la probabilidad de que un país sufra dificultades para pagar su deuda aumenta nueve veces (a uno de cada cinco), si sus repagos equivalen a más de un décimo de sus exportaciones, situación que uno de cada tres de los nuevos emisores podría enfrentar cuando venza el plazo de sus bonos.

El que los prestatarios pobres puedan evitar apuros financieros semejantes dependerá de varios factores. Uno es si podrán emitir más bonos para pagar los que vayan a vencer. Otro es si invertirán el dinero con prudencia, de modo de hacer posible un pronto repago. Y también dependerá de si los países con ingresos volátiles, en especial los que dependen de recursos naturales, ahorran dinero cuando sus ganancias son altas.

Un segundo riesgo a medio plazo tiene que ver con las reversiones de los flujos de capitales. En gran medida, el apetito de los acreedores por bonos de países de bajos ingresos tiene su origen en una combinación de abundante liquidez y tasas de interés cercanas a cero en las economías desarrolladas desde la crisis financiera global de 2008-2009. Puesto que en sus países las perspectivas de rentabilidad eran más bien bajas, los inversionistas se han puesto a buscar mercados de “frontera” más riesgosos que ofrezcan mayores retornos.

Sin embargo, tarde o temprano, las economías desarrolladas volverán a una política monetaria más restrictiva, lo cual hará que los bonos de los países en desarrollo se vean menos atractivos. Los que, para ese entonces, exhiban políticas macroeconómicas más sólidas probablemente seguirán teniendo un cierto nivel de atractivo para los mercados financieros globales, pero puede ser que, de un momento a otro, los Gobiernos menos prudentes queden de lado.

Lamentablemente, no es homogénea la calidad de las prácticas de gestión de la deuda de los nuevos países emisores. Tres elementos han cobrado más importancia que nunca: que haya estrategias de deuda sensatas, una entidad de gestión de la deuda profesional e independiente, y un marco legal claro para la emisión de deuda pública.

No hay duda de que, a este respecto, ha habido avances importantes en la última década, financiados en gran parte con el apoyo de países ricos. Pero se puede y debe hacer más antes de que esta ola de nuevas emisiones de deuda crezca hasta volverse difícil de manejar o se propague a Gobiernos municipales y estatales que sufren de una menor capacidad de administración. Vale la pena hacer notar la fuerte correlación negativa entre la calidad de las prácticas de gestión de la deuda de un país y su riesgo de sufrir dificultades para pagarla, en el contexto de que un 90% de países de bajo riesgo demuestran buenas prácticas.

Un tercer riesgo es que se vuelva más complicado llegar a acuerdos en futuras renegociaciones de la deuda. Tradicionalmente, los acreedores de los países de bajos ingresos eran Gobiernos de países ricos y organizaciones multilaterales que consideraban políticamente poco factible reclamar el pago de las deudas, si ello significaba que los prestatarios tuvieran que recortar servicios públicos vitales, como la educación o la sanidad. En un proceso que ya lleva 15 años (y sigue sin acabar), se han perdonado las deudas de 35 países pobres altamente endeudados (HIPC, Highly Indebted Poor Countries ), a un costo de más de $100.000 millones.

Sin embargo, hoy muchos ex-HIPC están vendiendo bonos en el mercado global a inversionistas privados, lo cual se ha vuelto significativamente más riesgoso en los últimos meses, a la luz de veredictos judiciales en Estados Unidos que permiten a los tenedores de bonos rechazar las renegociaciones de la deuda y demandar el pago completo. Cabe esperar que los fondos que se recauden, se utilicen bien y los repagos no exijan sacrificios de gran calado, pues en la actualidad no existe ningún mecanismo acordado para reestructurar, por no decir “cancelar”, las nuevas deudas.

Uno se podría preguntar por qué alguien, aparte de los inversionistas globales privados, debería preocuparse por las reestructuraciones, las reversiones, la gestión de la deuda y las renegociaciones. La razón es que las dificultades para pagar la deuda pública afectan, por sobre todo, a los más pobres de cada país, que saben poco sobre la emisión de bonos y no tienen capacidad de influencia sobre ellos. Cuando un país cae en el impago de su deuda, el daño económico eleva la cantidad de pobres y empeora sus condiciones de vida. Cuando argentina cayó en default en el 2001, uno de cada cinco ciudadanos acabó por debajo de la línea de la pobreza.

En la práctica, la gestión sensata de la deuda es una buena política social, y tanto los prestatarios como los acreedores deberían tener esto en cuenta al decidir formar parte de relaciones de endeudamiento que, de no gestionarse adecuadamente, pueden volverse más complicadas de lo que se suponía inicialmente, y causar más problemas de lo que cualquiera habría podido esperar.

Marcelo M. Giugale es director sénior de Prácticas Globales de Macroeconomía y Administración Fiscal del Banco Mundial. © Project Syndicate.

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