El mundo se mueve hacia la contratación de resultados, por medio de alianzas a largo plazo

 19 septiembre

La campaña electoral es una gran oportunidad que la democracia brinda para debatir con fundamento y respeto la solución de los principales problemas nacionales. En este contexto, vale la pena plantear los temas centrales que deberían formar parte de un pacto por la infraestructura, que permita salir del estancamiento e iniciar la construcción de la Costa Rica de las próximas décadas.

Línea estratégica. La visión del país constituye el elemento en el que más rápido podemos ponernos de acuerdo, pero que, lamentablemente, solemos dejar de lado por no mirar más allá de cuatro años. Planteo algunas preguntas iniciales para ayudarnos a construir esta visión: ¿Queremos un país que privilegie el transporte público con energías limpias?, ¿un país donde no haya que dedicar cuatro horas diarias a movernos unos cuantos kilómetros?, ¿un país donde el sector productivo pueda mover carga de manera eficiente entre puertos y fronteras?, ¿un país donde los ríos revivan y sean motivo de orgullo?, ¿un país donde los espacios públicos promuevan la integración de la sociedad?

Debemos preguntarnos, además, ¿queremos desarrollar la infraestructura de manera eficiente y en línea con la responsabilidad fiscal o seguiremos heredando problemas a las futuras generaciones? Una vez definida esta estrategia, el horizonte no volverá a ser de cuatro años, sino de décadas. Una política de Estado.

Planificación y preparación. Con la línea estratégica definida, debemos brindar el lugar preponderante a la planificación y a la preparación de los proyectos, elementos políticamente “poco sexis”, pero claves para el desarrollo exitoso de obra pública.

Sólidos estudios previos, consultas con la ciudadanía, el inicio a tiempo de los procesos expropiatorios (incluso de proyectos planificados décadas hacia adelante), la relocalización de servicios públicos y obtención de permisos necesarios, pasan a formar parte de los elementos que los ciudadanos consideraremos al evaluar el desempeño de una administración. Tengamos claro que las tareas de planificación y preparación requieren de una importante inversión del Estado, por lo cual estas actividades deberán priorizarse sobre la posibilidad de ejecutar proyectos, que si bien podrían inaugurarse a corto plazo, salen de la visión del país.

Inversión en mantenimiento. La inversión en mantenimiento y operación será siempre considerada en toda obra pública, heredando así a las futuras generaciones soluciones y no más problemas. Ya los proyectos no se anunciarán únicamente con su cifra de costo de construcción, sino que se tendrá claro desde el inicio la inversión que será necesaria para mantener adecuados niveles de servicio durante todo el ciclo de vida del proyecto.

En palabras sencillas, dejaremos de incubar nuevas “platinas” y perderemos la mala costumbre de ver cómo los proyectos una vez inaugurados inician un acelerado proceso de deterioro y abandono.

Fondeo de la infraestructura. La modernización de la infraestructura actual y el desarrollo de los proyectos para las próximas décadas requiere tener claro los recursos que servirán como fondeo (fuentes de ingreso) para pagar por los servicios prestados.

En este sentido, además de la redefinición de las prioridades de inversión del Estado se deberán considerar nuevas fuentes de ingreso. Estas provendrán de nuevos tributos, el pago de tarifas (por ejemplo, peajes en carreteras) y esquemas alternativos como la captura de una parte del valor de las propiedades beneficiadas por las inversiones públicas y el reciclaje de activos para generar recursos de proyectos ya en operación (ejemplo, Cañas-Liberia). Con las fuentes de ingreso definidas, debemos tener claro quién asumirá riesgos y responsabilidades.

Financiamiento de infraestructura. Típicamente, el Estado contrata a una empresa privada para el diseño, a otra para la construcción y, años después, a otras para mantenimiento o ampliación. En este modelo, el sector privado es un proveedor, cumpliendo las tareas contratadas, pero sin asumir riesgos a lo largo de la vida del proyecto.

El mundo se mueve hacia la contratación de resultados, por medio de alianzas a largo plazo, donde el sector privado actúe como accionista y donde los incentivos promuevan que las empresas concluyan los proyectos en tiempo, sin sobrecostos y con altos estándares de servicio.

En este modelo, el financiamiento es privado, aunque el pago (fondeo) pueda provenir de impuestos. Este modelo es posible por medio de la Ley de Concesión e incluso la Ley de Contratación Administrativa. Siempre debemos privilegiar esquemas que favorezcan el uso eficiente de los recursos públicos y que garanticen servicios de calidad. Los dogmas y sesgos deben salir de la ecuación.

Fideicomisos y titularización. El mercado de valores es clave para el desarrollo de obra pública, pues tiene el potencial de brindar financiamiento a largo plazo y, además, de transparentar los proyectos. En este sentido, se debe dejar de lado la errónea creencia de que impulsar un programa de concesión de obra pública atenta contra las actividades de fiducia y las estructuras de titularización. Es un debate sin sentido. La concesión busca atraer empresas especializadas que actuarán como accionistas de los proyectos contratados con base en resultados. Los concesionarios no sustituirán a los fiduciarios ni tampoco reemplazarán las titularizaciones.

De hecho, en la concesión de obra pública se requieren múltiples fideicomisos y los instrumentos de mercado de valores pueden encontrar una gran oportunidad como un canal para atraer a inversionistas institucionales, como los fondos de pensión. Entendiendo esto, el sector financiero da un gran paso para posicionarse como motor de este pacto por la infraestructura.

Transparencia y confianza. En Costa Rica para conocer el estado real de un proyecto, hay que reunirse con gran cantidad de personas, donde cada una es probable que nos expondrá versiones distintas. En los países desarrollados, los datos de infraestructura están a un clic de distancia, incluyendo todos los estudios, pliegos de licitación, empresas seleccionadas, pagos realizados, etc.

Debemos virar hacia un modelo que privilegie el acceso a la información y su comunicación simple y sencilla con los ciudadanos. Esto es fundamental para recobrar la confianza de los ciudadanos e inversionistas y fortalecer, a su vez, la rendición de cuentas.

El país necesita un pacto por la infraestructura que establezca una visión estratégica a largo plazo y que privilegie la técnica sobre la improvisación. Solo así lograremos contar con la infraestructura que nos permita dar el salto al desarrollo. Sin duda Costa Rica puede lograrlo.

El autor es economista especialista en infraestructura.