Es urgente reformar el Reglamento para que el consenso no sea la única ruta a las decisiones

 28 abril, 2015

El 2 de febrero envié una carta a los diputados, donde les solicité el voto para la presidencia de la Asamblea Legislativa.

Lejos de ofrecimientos y regalías, les propuse una agenda dirigida tanto a eliminar algunos gastos y prácticas, que solamente benefician a los diputados y no enaltecen el primer poder de la República, como a agilizar y a reducir los costos de los procesos legislativos y administrativos.

En ese marco, es urgente reformar el Reglamento legislativo para que el consenso no sea la única ruta a las decisiones y para que las mayorías legislativas tengan garantía de que su opinión se puede expresar por medio del voto.

El Reglamento que nos rige, en manos de un diputado que decida optar por el filibusterismo, el obstruccionismo o el irrespeto a la democracia, se convierte en un arma letal contra la toma de decisiones.

Asimismo, de ganar, impulsaría un programa de movilidad laboral y limitaría el pago de horas extras, anualidades y dedicación exclusiva al personal de la Asamblea.

Finalmente, he solicitado el voto para utilizar el poder de presidente de la Asamblea Legislativa con el fin de limitar beneficios a los diputados. Específicamente, iniciaría mi gestión ejecutando un programa de austeridad eliminando la soda, que le cuesta ¢90 millones al año a los costarricenses; limitando sustancialmente el uso de vehículos y combustible; reduciendo fuertemente y transparentando los viajes al exterior; revocando los nombramientos de plazas del PAC cedidas a otros partidos; eliminando la práctica de acomodar puestos y salarios para dar trabajo a autoridades del PAC; y limitando las autorizaciones de ausencia con pago de salario para que estas se otorguen, únicamente, cuando se cumplen las funciones que nos asigna el artículo 121 de la Constitución Política.

Exclusivo del Congreso. El programa propuesto solo puede ser ejecutado por los diputados. Cuando se trata de los otros poderes del Estado, es la Asamblea Legislativa la que les impone y define regulaciones y autorizaciones. En este caso, sus jerarcas siempre podrán rebuscar, en el marco legal definido por la Asamblea Legislativa, pretextos para justificar sus abusos e ineficiencias. Los diputados, sin embargo, no podemos depositar la culpa en nadie más.

Por lo anterior, la población tiene razón cuando nos otorga las peores calificaciones, aun cuando los errores del Congreso no superen los de los otros poderes del Estado.

En fin, tenemos toda la potestad para estructurar nuestro comportamiento. Eso es lo que significa ser el primer poder de la República. Tenemos derecho a sentirnos orgullosos de pertenecer a este, eso sí, en el tanto nos percatemos de la responsabilidad que ello conlleva.

Si somos conscientes de que a nadie podemos poner como excusa, en caso de que nuestra gestión no brille por su integridad, eficiencia y transparencia, quizá se comprenda mejor la importancia de la agenda de trabajo que he propuesto.

Mi esperanza de que la Asamblea tome la ruta propuesta no se basa en una quimera; se sustenta en demostraciones de integridad ya dadas por el pleno de los diputados, cuando, por ejemplo, votamos de manera unánime para recortar los incrementos en nuestra remuneración.

Objetivo. Aspiro a contar con el voto de los diputados por esa agenda, por las capacidades que me puedan reconocer y por las aspiraciones que tengan sobre el tipo de Asamblea Legislativa que requiere el país.

Jamás haría ofrecimientos de viajes, asesores extras, puestos en comisiones o beneficios de cualquier otro tipo como herramienta para obtener votos. Una victoria construida por medio de transacciones y ofrecimientos de esa naturaleza en nada contribuiría a dignificar el Congreso. Por el contrario, haría trizas el respeto mutuo que podamos tenernos entre los diputados.

Mi interés primordial es que los principios de la agenda propuesta se conviertan en realidad y, de ser posible, que se profundicen.

Mi propuesta presume que todos los que ostentamos este puesto somos sensibles al deseo de 1.300.000 costarricenses que votaron, sobre todo, por un cambio trascendente en las prácticas cohonestadas, impulsadas o practicadas por algunos políticos en el pasado. Creo que si los diputados no reaccionamos a ese mandato ciudadano, nuestro paso por la Asamblea Legislativa constituiría una monumental irrelevancia histórica.

En todo caso, la forma más eficaz –quizá la única– de ejercer nuestras tareas de control sobre la calidad ética y administrativa de la gestión de los otros poderes del Estado es partir de una revolución en nuestro propio comportamiento y en nuestras propias prácticas. De lo contrario, el control parlamentario se convertiría en un espejismo político, carente de autoridad moral, de credibilidad y, en consecuencia, de eficacia. Por ello, nuestra responsabilidad en este momento de nuestra gestión es mayúscula.

En atención a estas razones y dado que mi interés cardinal es que se ejecute la agenda propuesta, he indicado a un grupo de diputados que si alguno de ellos se compromete por escrito a ejecutarla, retiraré mi aspiración y le daré todo mi apoyo para que ocupe el cargo de presidente legislativo.

Mientras tanto, seguiré solicitando el voto y explicando esta agenda de trabajo a los diputados que lo soliciten, convencido de que la reforma del Estado que el país espera en este momento de la historia patria no se construye con lindas palabras y formas, sino con hechos, con la participación de muchos y con total transparencia.

*El autor es diputado a la Asamblea por el Partido Acción Ciudadana.