Otro paso gigante: liberación de tarifas en telecomunicaciones

La intención de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) es decidir, antes de fin de año, si deja por la libre los cobros fijados, en el 2009, tanto en el minuto de llamada o en Internet.

Antes de cualquier resolución, la Superintendencia dice que se va a asegurar, por medio de un estudio, de que la competencia entre los operadores es real y no una ilusión. No todo, pero sí mucho, indica, por ahora, que la sana rivalidad existe y que las empresas libran una madura competencia.

El temor por que los precios se disparen también es real. Pero, dichosamente, los diputados lo previeron al promulgar la Ley General de Telecomunicaciones (la número 8.642), en el 2008. En el artículo 50, autorizaron a la Sutel a liberar tarifas cuando crea que hay “competencia efectiva”, pero, igual, le dieron potestad de volver a intervenir si no existieran las condiciones.

En ese sentido, los usuarios estamos protegidos.

No obstante, en este momento, la regulación de tarifas, sobre todo en Internet móvil, más bien nos perjudica. Por ejemplo, en una velocidad ideal de 5 megas, el máximo a cobrar son ¢24.000 y el mínimo, ¢17.000. De hecho, los operadores están muy pegados a ese piso porque ese costo es exagerado. Incluso, el esquema actual es obsoleto porque impone un precio mínimo de ¢4.000 para un mega, velocidad que ya se queda corta ante los requerimientos de los costarricenses, que viven pegados al celular y, sobre todo, a la Internet.

Obsoleto es también el costo de los minutos. El máximo en pospago es de ¢30... perfecto, muy buena tarifa. Sin embargo, los operadores tampoco pueden jugar hacia la baja porque el cobro de interconexión entre las diferentes redes es de ¢20 el minuto. Eso es lo mínimo que pueden exigirse entre ellos por conectar usuarios entre una empresa y otra. Así que el margen de acción está muy limitado para plantear paquetes competitivos.

En buena hora, entonces, que la Sutel decidió estudiar un viraje y en buena hora que los diputados previeron que si los operadores no compiten, el Estado impone las tarifas.

(*) Armando Mayorga es jefe de redacción de La Nación.