EscucharWilfredo Montalván, periodista, exdirector de la Resistencia Nicaragüense (RN) y expresidente del Partido Social Demócrata (PSD) de Nicaragua.
Si en el mundo existiera un tribunal capaz de dictaminar sobre la legitimidad de los Gobiernos, no tenemos la menor duda de que el señor Daniel Ortega hace rato habría dejado de representar a los nicaragüenses en los foros nacionales e internacionales, ya que su gobierno es de origen espurio, por cuanto, para asaltar el poder en el 2011, violó flagrantemente el artículo 147 de la Constitución de la República de Nicaragua, que prohíbe terminantemente la reelección presidencial en el periodo inmediato.
Repartición de poderes. Para los que no lo saben: el señor Ortega regresa al poder en el 2007 como producto de un pacto que suscribió su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, con el corrupto gobierno del Dr. Arnoldo Alemán. Ortega y Alemán (este último fue condenado a 20 años de prisión por malversación de fondos públicos hasta por $80 millones) se repartieron, como si se tratara de un pastel, todos los poderes del Estado, incluyendo las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral. Estos dos organismos se confabulan sin ningún pudor para violar la Constitución, como ya se ha dicho: uno, para evitar que el señor Alemán sea conducido a prisión, y el otro, para impulsar la candidatura y el triunfo fraudulento del señor Ortega. Este contubernio le ha permitido hasta hoy realizar cuatro fraudes electorales sucesivos (dos nacionales y dos municipales), lo cual le ha mantenido en el poder a espaldas de la genuina voluntad popular de los nicaragüenses.
Además, tiene como producto del fraude electoral, el 63% de los diputados de la Asamblea Nacional, lo que le ha permitido destruir la poca institucionalidad democrática que se logró en el gobierno de doña Violeta Chamorro, y lo que le permite suscribir convenios, en desmedro de la soberanía nacional, con la Compañía HK Development Nicaragua (HKDN) para la construcción de un canal interoceánico valorado en $50.000 millones. Los concesionarios de dicho canal, según se ha logrado comprobar, son ciudadanos chinos vinculados al Partido Comunista, gobernante de la República Popular China.
Absoluto control. El señor Ortega ejerce también absoluto control sobre la Contraloría General de la República, por lo que no rinde cuentas sobre los ingresos obtenidos en la comercialización del petróleo proveniente de Venezuela. Tampoco rinde cuentas sobre los ingresos recibidos de parte de los Estados Unidos y otros países bajo la mampara de que es usado para combatir el narcotráfico y la delincuencia internacional. En suma, en Nicaragua es un secreto a voces que el señor Ortega, cuando llegó al poder, “iba con una mano adelante y otra atrás”, y hoy se le considera uno de los hombres más ricos de Centroamérica, por lo que Transparencia Internacional no ha escatimado palabras al calificar a su gobierno “como uno de los más corruptos de Latinoamérica”.
Juicios pendientes. Hay que señalar igualmente que el señor Ortega tiene juicios pendientes con la justicia; que en los archivos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA existe una grave acusación en su contra por genocidio, ya que, como coordinador de la Junta de Gobierno en la década de los 80, durante el operativo conocido como “Navidad Roja”, mandó a masacrar a miles de indios misquitos que se oponían al establecimiento de un régimen totalitario marxista-leninista en Nicaragua; así como otras acusaciones de índole personal como la presentada ante los tribunales comunes por su hijastra, Zoila América Narváez, de violación a sus derechos humanos en varias oportunidades.
Algunos se preguntarán: ¿cómo es posible que este señor, con tales antecedentes, ande representando al pueblo de Nicaragua? La respuesta es muy sencilla. Por dos razones: la primera es que el señor Ortega cuenta con el respaldo del Ejército y la Policía, organismos que han sido ampliamente fortalecidos por la ayuda inconmensurable que recibe de parte de la Rusia del señor Putin, Cuba, Venezuela y otros movimientos ligados al terrorismo internacional; y la segunda es el franco abandono en que han dejado a la oposición en Nicaragua los Gobiernos democráticos del hemisferio occidental. La tal Carta Democrática de la OEA que suscribieron 31 países del continente americano hace más de 10 años, en la que se auguraban Gobiernos democráticos para todos nuestros países, ha sido puro papel mojado que se ha estrellado con el pragmatismo militante de los Gobiernos establecidos. “Hagamos negocios y que los pueblos se las arreglen como puedan” parece ser la consigna del momento.
Institucionalidad democrática. La gran mayoría de los nicaragüenses que no estamos de acuerdo con el régimen imperante en nuestro país somos conscientes de la importancia que organismos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) tienen para alcanzar el desarrollo de nuestras naciones. Por eso, debemos de respaldarla con el mayor vigor, porque es el único camino que nos queda para salir de nuestra pobreza y del subdesarrollo. Esto, en el plano internacional. Y, en el nacional, estamos claros en que debemos propugnar una institucionalidad democrática que fomente la economía de libre mercado, entre otras cosas, con igualdad de oportunidades para todos. Queremos también elecciones libres como se realizan en El Salvador, Honduras y Costa Rica, y no los escandalosos fraudes electorales que, desde que reasumió el poder, ha venido perpetrando el señor Ortega, y la camarilla corrupta que lo rodea, en contra de la voluntad mayoritaria del pueblo nicaragüense.
