Opinión

La oportunidadperdida de los candidatos

Actualizado el 10 de diciembre de 2013 a las 12:00 am

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La oportunidadperdida de los candidatos

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Como cada cuatro años, he leído en los diarios nacionales las principales preocupaciones sobre temas nacionales expresadas por los candidatos a la presidencia y, al igual que en años anteriores, el común denominador ha sido el tema del déficit fiscal y sus posibles soluciones.

Todos estamos de acuerdo con que hay que ser mas enfáticos al combatir la evasión, y que el déficit es un problema de todos. Sin embargo, lo que parece perderse en los escenarios y en las propuestas de debates electorales es el tema de la calidad del gasto que se ejecuta.

Aunque no tengo acceso a datos de la labor ejecutoria de la actual Administración, lo cierto es que, al inicio de este Gobierno teníamos un superávit nada despreciable. Vino la crisis financiera mundial, los ingresos fiscales se redujeron en un 2% con respecto al PIB, y ¿qué hizo la Administración? Disparó el gasto, entre el 2007 y el 2010, del 16% al 20% del PIB, y pasó a ser uno de los países con el índice más alto de Latinoamérica. Este aumento del gasto fue, básicamente, para planilla del sector público, y no para inversión social.

Más burocracia. Si paralelamente a esto hubiésemos visto un aumento proporcional (o más que proporcional) en la eficiencia de los servicios asociados, tal vez sería aceptable, aunque no era el mejor momento para hacerlo. Pero el problema es que no hubo un cambio que pudiésemos notar. Todo lo contrario: terminamos con más burocracia. En épocas de crisis, los Gobiernos tienden a gastar para reactivar la economía, y esta medida podría justificar el crecimiento en la planilla, siempre y cuando sea en áreas estratégicas que contribuyan a paliar la crisis… Evidentemente, este no fue el caso de Costa Rica.

El Dr. Luis Mesalles comentó en una ocasión que en el sector educación la proporción del gasto debe ser de un 8% con respecto al PIB, de acuerdo con la Constitución, y establecía una comparación con Finlandia, cuya inversión en este rubro era cercano al 7,5% y cuenta, en la actualidad, con uno de los sistemas educativos más eficientes de Europa, con un costo por estudiante parecido al nuestro. Alguien podría decir que, como tienen un PIB per cápita seis veces mayor que el nuestro, esa comparación sería injusta pues disponen de más y mejores recursos. Ese no es el punto: lo que realmente hace la diferencia es cómo se invierten y se cuantifican los resultados y, dependiendo del cumplimiento de objetivos, habrá mayores o menores recursos en el futuro.

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Veamos el ejemplo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Se tocaron las sirenas de alerta por una posible quiebra del sistema de salud pública, intervención de una comisión fiscalizadora, etc. En menos de seis meses, estamos viendo resultados. Muy simple: no se aumentó más la planilla y se establecieron los primeros mecanismos de evaluación de desempeño, esto conlleva más consultas por hora, menor tiempo de espera para cirugías, mayor efectividad en tratamientos, mayor rotación en las camas, etc. Lo mismo podría hacerse en el ICE.

Competitividad a la vista. Hemos visto cómo la competitividad que teníamos en tarifas eléctricas se ha venido reduciendo por malas decisiones y pésima ejecución, y lo mismo pasa en todo el sector público. Es necesario determinar cuál es la estructura óptima para el trabajo que cada empleado público hace, y lo que se quiere lograr. Cuando haya duplicidad de funciones, deberá reubicarse a la persona para que trabaje con nuevos objetivos y, si no, lamentablemente debe ser despedida. Lo que no se puede seguir sosteniendo es un sistema que se basa en la ineficiencia y, en muchos casos, en la corrupción para ejercer sus funciones.

El sistema de contratación pública necesita cambios urgentes. Un verdadero reglamento de ética en la función pública que penalice el desperdicio igual que el hurto, donde la rendición de cuentas sea transparente, debe ser la base de una nueva estructura pública. Cada vez que se negocien aumentos salariales con los sindicatos, ¿por qué no supeditarlos a indicadores de eficiencia? Costa Rica entera ganaría con eso y no solo ciertos grupos que han vivido a costa del entrabamiento legal, que impide prescindir de quien no esté haciendo su trabajo.

En cualquier empresa con proyección, la asamblea de accionistas no autorizaría más recursos a la Gerencia si la administración de lo ya otorgado no ha tenido un buen desempeño. En el caso de un Gobierno, esto se puede medir en términos de mejores servicios, mejor actitud, mayor honestidad y más responsabilidad, traducidos en mayores beneficios para los costarricenses.

El discurso de los candidatos se centra en los mismos temas de siempre, pero ninguno quiere asumir con responsabilidad el costo político que implicaría tomar este tipo de decisiones. Lo que tampoco me sorprende es que un economista como el Dr. Luis Mesalles, quien continuamente ha tocado estos temas en su columna, no haya sido contactado por los encargados del plan de trabajo de los partidos de siempre.

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