EscucharEl Gobierno y la administración del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) han abierto el debate sobre la posibilidad de que la empresa estatal colabore en la planificación, el diseño, la administración o la construcción de proyectos de infraestructura pública.
Desde una perspectiva de interés público y bien común, y por la probada experiencia del ICE, dicha entidad puede contribuir a resolver grandes necesidades de infraestructura del país.
Ello, en una lógica de colaboración con otras instituciones, y bajo el entendido de que el Estado es uno y debe darse la mayor coordinación entre sus organismos para un uso eficiente de los recursos públicos.
Costa Rica debe hacer frente a grandes déficits de infraestructura, señalados por organismos internacionales que analizan la competitividad económica y que los sufre toda la ciudadanía cuando transita por las calles o cuando hace uso de algunos servicios públicos.
También necesitamos trascender onerosas y frustrantes experiencias, como la construcción de la trocha fronteriza, los “arreglos” en “el puente de la platina”, los recurrentes derrumbes y obras inacabadas en la carretera a Caldera, la inconclusa ampliación y remodelación del aeropuerto Juan Santamaría, entre muchas otras, que han descansado en la errónea idea de que la empresa privada es la única que puede construir obras de manera eficiente y sin corrupción.
Bajo esta última idea, han sido debilitadas las capacidades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para construir y se ha apostado por las concesiones y el modelo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), que contrata a empresas privadas para construcción o mantenimiento de infraestructura vial.
Los resultados dejan mucho que desear, pues, en términos generales, la infraestructura vial sigue igual o incluso ha empeorado, según lo ha detallado el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR) en sus informes.
Desperdicio de recursos. Por otro lado, según datos del propio Conavi, en los contratos de mantenimiento suscritos entre setiembre del 2011 y marzo del 2014, en promedio, terminó pagándose un 86% más de lo establecido en los planes originales.
En tal contexto, el ICE es una de las entidades públicas más exitosas y experimentadas en construcción de infraestructura: 31 plantas de generación eléctrica; 1.321 kilómetros en líneas de transmisión; 56 subestaciones eléctricas; 15,6 millones de metros cúbicos en presas hidroeléctricas y rellenos; 111,32 kilómetros de túneles; 230 kilómetros de carreteras; y 24,12 kilómetros de tuberías de presión.
Debe agregársele en el currículum las redes y centrales de telefonía fija y celular y la red de fibra óptica, entre muchas otras grandes obras de impacto en el desarrollo y la calidad de vida de nuestro pueblo.
El ICE ha generado también una gran experiencia en términos de administración, financiamiento y supervisión de proyectos. Sus capacidades han sido reconocidas por organismos financieros internacionales como el BCIE y el BID.
Entonces, no se trata de inventar o improvisar en una nueva línea de trabajo, sino de aprovechar su experiencia, su recurso humano altamente calificado, sus recursos tecnológicos y capacidades de planificación, ejecución y gestión de proyectos.
Dadas las numerosas necesidades y la escasez de recursos, el país no pude darse el lujo de desaprovechar experiencias locales exitosas y seguras.
Por ello, el Frente Amplio está de acuerdo con que se abran los canales políticos, legales y administrativos para que el ICE colabore, junto con otras instituciones públicas y actores privados, en la solución de los problemas de infraestructura que tiene el país.
No se trataría de una “aventura riesgosa”, sino de una experiencia probada y segura. No hacerlo sería como dispararse contra un pie.
Patricia Mora Castellanos es presidenta del Frente Amplio.
