Opinión

Un nuevo orden para el desarrollo

Actualizado el 27 de septiembre de 2013 a las 12:00 am

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DUBÁI – Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) le dieron al mundo un marco exitoso dentro del cual encarar cuestiones sociales fundamentales como la pobreza, la salud, el hambre y la educación. Los ODM concluyen en el 2015, y, a partir de allí, los reemplazará una nueva agenda global de desarrollo, cuya forma y cuyo alcance ya han comenzado a debatirse. Es un momento oportuno para considerar el papel del sector privado y reflexionar sobre la actitud general de la comunidad internacional hacia el desarrollo.

El desarrollo económico es la mejor manera (en realidad, la única manera) de reducir la pobreza en forma sostenible, pues genera un círculo virtuoso en el que el crecimiento crea empleo y el empleo reduce la pobreza.

La participación del sector privado en este proceso es fundamental. Actualmente, los flujos de capital del sector privado son mucho mayores que los flujos de ayuda tradicionales del sector público. Por ejemplo, en el 2010 Estados Unidos destinó al desarrollo un total de recursos equivalente a $200.000 millones, de los que el 87% provino de fuentes privadas. En cambio, en la década de 1960, el 70% de los flujos de capital hacia países en desarrollo surgió de programas oficiales de ayuda al extranjero.

En el resto del mundo puede observarse el mismo panorama. La movilización de recursos locales de los países, las remesas de trabajadores expatriados, los flujos de capitales y de deuda privada y las contribuciones filantrópicas superan por amplio margen a la ayuda internacional oficial. Los flujos provenientes del sector privado dejaron de ser un elemento accesorio de la agenda de desarrollo: ahora son el elemento principal.

Sin embargo, mucha de la gente que trabaja en políticas de desarrollo se quedó en un pasado distante. Por ejemplo, los formuladores de políticas insisten en la importancia de forjar “alianzas públicoprivadas” y afirman que el sector privado necesita “aprender a trabajar con el sector público”.

Pero la realidad actual se podría describir mejor como “alianzas privado-filantrópico-públicas” (en ese orden, para reflejar la importancia relativa de cada sector). Ahora son las instituciones públicas las que necesitan aprender a colaborar mejor con sus socios privados (y no al revés), porque ambos sectores están igualmente interesados en acelerar el desarrollo económico y asegurar que los beneficios de la globalización alcancen a todas las personas.

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Esto no implica disminuir el importante papel que cumple el sector público, ya que es el único que puede crear las condiciones que se necesitan para que la acción privada pueda prosperar: imperio de la ley, políticas macroeconómicas sólidas y regímenes normativos adecuados. Por ejemplo, el sector público es el catalizador para el desarrollo de regímenes de propiedad y aduaneros apropiados (lo que incluye el establecimiento de agencias de calificación crediticia y leyes que protejan los derechos de los acreedores), elementos todos ellos que son condición necesaria para la canalización de los flujos de financiación.

Donde una adecuada coordinación de las iniciativas de desarrollo privadas con las públicas podría depararnos los mayores beneficios es en un área relativamente inexplorada: la financiación combinada. Integrar el trabajo de las instituciones de financiación del desarrollo con el que realizan los sectores privado y filantrópico (algo que todavía está en pañales) haría que el todo sea mayor que la suma de las partes.

Un estudio del Foro Económico Mundial calcula que la coordinación entre ambos sectores lograría que un aumento anual de solo $36.000 millones en la inversión pública contra el cambio climático se multiplique 16 veces para movilizar $570.000 millones de capital privado. De hecho, un modo de mejorar esa coordinación y, al mismo tiempo, reconocer el cambio de importancia relativa de los diferentes actores sería recomendar que los organismos públicos y las instituciones de financiación del desarrollo se fijen metas concretas de movilización de capitales privados. Especialmente en una época de ajustes y austeridad, el logro de esas metas debería ser una medida de desempeño fundamental.

Y, del lado del sector privado, ¿qué debería mejorar? Aunque hay muchos ejemplos de empresas responsables que aplican aquello de “que te vaya bien haciendo bien”, los objetivos de sostenibilidad y desarrollo no siempre forman parte de las prioridades de las empresas. A menudo parece que la rentabilidad total para los accionistas y la responsabilidad social corporativa estuvieran totalmente desconectadas.

La idea (mayormente tácita) parece ser que maximizar la rentabilidad a costa de contaminar el medioambiente está bien, si al mismo tiempo se hace un aporte compensatorio a iniciativas de responsabilidad social corporativa. Esta actitud es el equivalente corporativo de lavarse los pecados con un baño ritual en el Ganges. Se necesitan nuevas normas que obliguen a las empresas a publicar no solamente sus indicadores financieros, sino también su desempeño en cuestiones sociales, ambientales y de desarrollo. Y, para maximizar la eficacia de esas normas y restaurar la confianza de la gente en las corporaciones, las normas deben ser universales, claras y coherentes.

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La otra realidad del mundo postODM es que los flujos de ayuda al desarrollo, que antes solían ser unidireccionales (del norte rico al sur empobrecido), ahora son multidireccionales. El orden mundial cambió. Ahora el 50% del PIB global y el 75% del crecimiento mundial están en los mercados emergentes y los países en desarrollo; el centro de gravedad de la actividad económica se corrió de lugar (y la demografía contribuirá a acentuar ese cambio).

Hay Estados a los que puede calificarse como parte del “sur” (Brasil, China y la India, por decir algunos), cuya asistencia para el desarrollo en el extranjero está en aumento. Cada vez más, el desarrollo de los países se financia con recursos locales y con las remesas de la diáspora; y, al reducirse su dependencia respecto de las fuentes tradicionales de financiación, se vuelven más renuentes a obedecer ciegamente dictados extranjeros.

De hecho, los países en desarrollo están reclamando mayor participación en las decisiones que los afectan. Por más fundado o bienintencionado que fuera, el viejo paternalismo del norte ya no va más. Es imprescindible adoptar una mentalidad más inclusiva, que tenga en cuenta las condiciones y preferencias locales. La idea del nuevo orden tripartito entre los actores del desarrollo tiene en cuenta la nueva realidad internacional y busca aprovechar lo mejor de cada uno de los tres sectores: el privado, el filantrópico y el público.

Viswanathan Shankar es director ejecutivo global y CEO del Standard Chartered Bank para América, África, Europa y Medio Oriente. © Project Syndicate.

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