Opinión

De nuevo comienza la guerra contra al terror

Actualizado el 17 de noviembre de 2015 a las 12:00 am

Nunca había sido más importante un órgano mundial contra el terrorismo

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BUCAREST/MADRID – Los ataques terroristas ocurridos en París en la noche del 13 de noviembre, que han causado al menos 120 muertes, son un trágico recordatorio de la ubicuidad del terrorismo moderno. Tan solo este año, unos extremistas violentos han asesinado a personas inocentes en nombre de la religión o la política en Francia, Túnez, Kenia, Israel, Nigeria y, naturalmente, Siria y el Irak, por nombrar solo a algunos países. Como la peste negra en la Europa medieval, el terrorismo acecha al mundo moderno y erradicarlo ha llegado a ser un imperativo mundial.

La comunidad internacional lleva mucho tiempo preocupada por la amenaza que representa el terrorismo. Los países han promulgado legislación de seguridad, han creado unidades especiales de inteligencia y policía para detener a los perpetradores y disuadir o prevenir los ataques y han complementado esas medidas con la adhesión a tratados regionales y acuerdos bilaterales.

Y, sin embargo, pese a los numerosos intentos de crear un órgano legislativo mundial que dirija la lucha contra el terrorismo, aún no existe. Ya es hora de cambiar esta situación.

El empeño de luchar contra el terrorismo internacionalmente se remonta a casi 90 años atrás. En 1926, Rumania, el primer país que introdujo el delito de terrorismo en su código penal, pidió a la Liga de Naciones que “examinara la redacción de una convención para que el terrorismo fuera universalmente punible”.

Pero no fue hasta 1934 cuando el asesinato del rey Alejandro I de Yugoslavia y del ministro de Asuntos Exteriores de Francia Louis Barthou movió a la Liga de Naciones a hacer el primer intento de crear mecanismos judiciales internacionales para afrontar el terrorismo.

Un grupo de expertos redactó la Convención sobre la Prevención y el Castigo del Terrorismo y la Convención para la Creación de un Tribunal Penal Internacional. Las dos convenciones fueron firmadas por 24 Gobiernos y ratificadas por uno, pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial impidió que ninguna entrara en vigor.

Hasta la fecha se han firmado 19 convenciones “sectoriales” sobre el terrorismo, que abarcan los atentados terroristas con bombas, el terrorismo nuclear, la financiación del terrorismo, los actos contra la seguridad aérea y marítima y los actos contra las personas internacionalmente protegidas, pero no ha sido posible alcanzar un mecanismo jurídico mundial para combatir el terrorismo en todas sus formas.

Todos los intentos de crearlo han fracasado por importantes desacuerdos entre los países, muy en particular sobre la definición de terrorismo y sobre si abarca actos cometidos por fuerzas armadas y luchadores por la libertad. El más reciente ha sido el empeño de someter el terrorismo a la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (TPI), que se abandonó por la falta de una definición universalmente aceptada y la cantidad de trabajo que entrañarían esas causas.

En vista de que los ataques terroristas resultan cada vez más comunes, nunca había sido más importante un órgano internacional para contrarrestarlos. El pasado mes de febrero, Rumania propuso la creación de un Tribunal Internacional contra el Terrorismo (TIT) y, junto con España, ha lanzado un proceso conjunto de consultas que, según esperamos, propicie su creación. Semejante tribunal tendría competencias para procesar a los autores de todo acto de terrorismo perpetrado después de su creación, y ofrece una asistencia urgentemente necesaria a países con sistemas jurídicos deficientes, lo que se constituye en un fuerte factor disuasorio contra los posibles terroristas.

El TIT tendría jurisdicción complementaria sobre los tribunales nacionales y el TPI, por lo que solo intervendría cuando los órganos nacionales no pudieran o no quisieran enjuiciar una causa sobre terrorismo o cuando los crímenes cometidos quedaran fuera de la jurisdicción del TPI. Tendría un fiscal y un número razonable de jueces, nombrados con miras a equilibrar la representación de los principales sistemas jurídicos del mundo y de las regiones geográficas y la equidad entre los sexos. También se beneficiaría de la creación de una policía o una fuerza de seguridad multinacionales con capacidad para actuar en caso de que un Gobierno no pudiera o no quisiese cooperar para la obtención de pruebas contra los acusados.

La creación del tribunal requeriría un tratado internacional o un acto vinculante de las Naciones Unidas para garantizar su jurisdicción universal. Lo más probable es que fuera aprobado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU cuyos precedentes serían los tribunales especiales para la antigua Yugoslavia y Ruanda y el Tribunal Especial para el Líbano.

Desde luego, la creación de semejante tribunal afrontaría dificultades, la más importante de las cuales sigue siendo la falta de consenso sobre lo que constituye un crimen de terrorismo. Proponemos que se adopte un “criterio de común denominador”. Además de abarcar los actos acordados en las convenciones sectoriales vigentes, la jurisdicción del tribunal se basaría en el derecho consuetudinario internacional, teniendo en cuenta la intención (si el acto iba encaminado a sembrar el miedo o coaccionar a las autoridades), además de la gravedad del delito y el carácter internacional.

Para crear el TIT y otorgarle legitimidad, será necesario el apoyo de la sociedad civil, el mundo académico y el público en general. Obtener el apoyo no será fácil, en particular en un momento en el que las autoridades afrontan tantas amenazas económicas y estratégicas, pero creemos que un instrumento jurídico sólido para la lucha mundial contra el terrorismo no tardará en resultar indispensable, lo que justificaría las medidas dedicadas a su creación.

Bogdan Aurescu es ministro de Asuntos Exteriores de Rumania.

José García-Margallo y Marfil es ministro de Asuntos Exteriores de España. © Project Syndicate 1995–2015

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