Opinión

El nuevo Gobierno y la crisis penitenciaria

Actualizado el 26 de abril de 2014 a las 12:00 am

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El nuevo Gobierno y la crisis penitenciaria

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En el período gubernativo que se aproxima, uno de los temas ausentes en el discurso del ahora presidente electo, Luis Guillermo Solís, es el tema de la crisis que afronta el Sistema Penitenciario Nacional. Tanto en los debates presidenciales de la primera ronda, como en las entrevistas de la segunda, no se le escuchó un criterio claro sobre la situación crítica que enfrentan las cárceles y sus habitantes.

Es bien sabido que entre el 2012 y el 2013 surgieron muchos titulares que anunciaban esta crisis: cifras alarmantes sobre hacinamiento en todos los centros penales del país, problemas por enfrentamientos violentos entre personas privadas de libertad y constantes burlas a los controles de ingreso a los centros penales.

Más recientemente, figuraron los problemas y discordias sobre el uso de las “covachas”, huelgas de hambre por parte de los reos exigiendo mejores condiciones en las cárceles, grandes polémicas por los indultos masivos, en fin, una larga lista que dan cuenta de la mencionada crisis.

A pesar de esto, en el plan de gobierno del PAC, de los ocho puntos que versan sobre “Fomentar una seguridad pública, civilista y efectiva”, solo uno responde a temas de prevención, y eso agota el tema carcelario del mencionado plan. Precisamente varios expertos en temas de prevención del delito, criminalidad y políticas públicas sobre seguridad ciudadana han hecho un constante llamado para que se vuelva la mirada a esta crisis que tendrá consecuencias nefastas para la sociedad costarricense en los próximos años; pero en toda la campaña electoral este tema fue, en el mejor de los casos, mencionado tangencialmente.

Pronta solución. Precisamente en las elecciones del año 2006 y del año 2010 el tema de seguridad ciudadana fue un imán de votos muy importante, todos los costarricenses pedían seguridad en las calles, en las casas, en los eventos masivos: el pueblo quería un policía debajo de cada cama. Si se revisan los datos del gasto en Justicia, este pasó de ser de ¢114.731 millones en el 2007, a ¢251.351 millones en el 2011, según el Departamento de Planificación del Poder Judicial (2012). Es decir, se llevaron a cabo más planes y programas relacionados con la seguridad pública.

Sin embargo, esos programas y planes estaban dirigidos de una manera poco eficaz y contribuyeron a la crisis que hoy afrontamos. El mismo Eugenio Polanco (a quien la presidenta Laura Chinchilla y el ministro de Justicia, Fernando Ferraro, en el 2013, le pidieron la renuncia como viceministro del ramo y director general de Adaptación Social) escribió en un artículo de opinión en La Nación (31 de julio del 2013):

“La profunda crisis es producto de la falta de planificación del Sistema de Justicia Penal, el abuso de la prisión como alternativa al conflicto social, a la inequidad alarmante de la región, y de Costa Rica en particular, y el oportunismo político de gobernantes con poca vocación de servicio público, mala formación en administración pública y escasa visión del proyecto país”.

Ante este panorama hay claridad por parte de académicos, profesionales y expertos en el tema, de que la solución que se le está dando al problema no es la óptima, incluso han propuesto alternativas de salida a esta situación.

Los Gobiernos anteriores no han escuchado esas propuestas, y, si por la víspera se saca el día, el próximo Gobierno tampoco ofrece una solución pronta a esta crisis.

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