Opinión

¿Por qué nuevas plazas en el 2014?

Actualizado el 07 de noviembre de 2013 a las 12:00 am

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¿Por qué nuevas plazas en el 2014?

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Por su incuestionable impacto en las finanzas públicas, uno de los temas que estamos abordando en el Diálogo Nacional sobre la Consolidación Fiscal que iniciamos el mes pasado, concierne al nivel y calidad del gasto público, que incluye el componente de remuneraciones como uno de los grandes rubros sobre los que se requiere mayor control.

Si bien hemos sido insistentes en la urgencia de atender con prioridad este aspecto específico del gasto, nos vimos obligados por imperativos de ley a incluir en el proyecto de presupuesto para el 2014 contenido económico para la creación de 4.125 plazas. De ellas, un 99% se financian con recursos que deben girarse según disposiciones constitucionales y legales, es decir, que no dependen de una decisión del Ministerio de Hacienda. De las nuevas plazas, 3.467 corresponden al Ministerio de Educación Pública, 162 al Tribunal Supremo de Elecciones, 328 al Poder Judicial y 111 al Ministerio de Justicia.

En el caso de educación, el financiamiento para las plazas nuevas se produce con el incremento del gasto en esta partida de 7% a 7,2% del PIB, que honra, al menos parcialmente, el mandato constitucional de aumentar el gasto en educación pública al 8% del PIB. Este recurso humano se destinará a atender faltantes de educadores que resulten del aumento en la matrícula, principalmente en preescolar, así como a la creación de liceos rurales, institutos de enseñanza general básica, nuevos colegios técnicos y un centro integrado de educación para adultos. Con estos recursos también se atenderá el mandato de la Sala Constitucional en relación con la dotación de servicios para Educación Física.

En el caso del TSE, las plazas adicionales son para atender el proceso electoral del 2014, mientras que en el Ministerio de Justicia las plazas adicionales se destinan en su mayoría a la atención de compromisos legales para la atención del programa de Administración Penitenciaria. Las 328 plazas adicionales creadas por el Poder Judicial atenderán requerimientos de oficinas especializadas, así como la apertura de nuevas oficinas judiciales.

Las otras 57 plazas (el 1% de las nuevas ocupaciones) se crearon para atender necesidades de la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y los Ministerios de Hacienda, Comercio Exterior, Cultura y Trabajo.

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El Gobierno ha mantenido y mantiene una política de control sobre la creación de plazas desde el 2011 a través de directrices que se aplican al Poder Ejecutivo y a las instituciones bajo el ámbito de la Autoridad Presupuestaria. Con la directriz 13, aplicada a partir del 2011, se prohibió la creación de nuevas plazas, excepto en sectores prioritarios como seguridad, educación y salud, o en casos de insoslayable necesidad, y se prohibió la ocupación de plazas vacantes. Con la directriz 40, que vino a remplazar la número 13 a partir de diciembre del 2012, se flexibiliza la utilización de plazas vacantes con el fin de no afectar la provisión de servicios públicos básicos, pero se mantiene la prohibición para crear nuevas plazas.

A pesar de estas directrices y de la difícil situación fiscal, la atención de obligaciones constitucionales y legales continúa siendo un elemento que presiona el gasto en remuneraciones. Por esta razón, el Diálogo Nacional al que hemos convocado desde el Ministerio de Hacienda incluye la discusión de ambos temas: el gasto en remuneraciones y la proliferación de mandatos legales y constitucionales de gasto. Al final de este proceso, esperamos tener propuestas que nos permitan hacer planteamientos consensuados con todos los sectores para proponer una solución al desbalance fiscal, que compromete el bienestar y la prosperidad del país.

En síntesis, la asignación de recursos para la creación de estas nuevas plazas en el 2014 responde a un imperativo legal y constitucional, y no debe ser vista como clientelismo político o cálculo electoral. Precisamente, este importante tema se está discutiendo en dos de nuestras cinco mesas de diálogo nacional, la de Gobernabilidad Fiscal y la de Gasto Público, a las que insto a participar a todos los sectores interesados.

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