EscucharSe ha hablado mucho de la cláusula 9.1 del contrato de concesión de obra pública con servicios públicos para el diseño, financiamiento, construcción, explotación y mantenimiento de la terminal de contenedores de Moín. Sin embargo, desde la óptica de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón, y desde la perspectiva de nuestra misión, visión y la manera en que, según pensamos, debe desarrollarse la provincia, lo más importante en el contrato es lo que se menciona en la cláusula 9.1, párrafos 8, 9 y 11, así como lo indicado en la cláusula 11.8.8.
Dinero para desarrollo. En la cláusula 11.8.8 se establece la estructura tarifaria (esta norma del contrato tiene a su vez sustento jurídico en la Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos, artículo 28, inciso e) y señala la obligación del concesionario de hacer un pago al Gobierno (Japdeva) para el desarrollo socioeconómico de Limón, correspondiente al 7,5% de los ingresos brutos de la operación.
Este monto, según los datos dados por el concesionario a la Cámara, ronda los nada despreciables $10 millones durante el primer año de operación, y se estima que a partir del segundo año y hasta el final de la concesión en promedio deberá transferir unos $60 millones anuales, dinero que deberá ser, repito, invertido en desarrollo para los habitantes de la provincia.
Este dinero bien invertido podría representar una inyección de capital sin precedentes para ser utilizado en todo tipo de proyectos: infraestructura vial, educación, salud, seguridad, turismo, apoyo y fortalecimiento a las pymes, y, en general, desarrollo pleno para todos y todas los que habitamos la región.
En este mismo contexto, y como toda empresa radicada en nuestro país, debe hacer el pago del impuesto de la renta. Según datos entregados por APM Terminals a la secretaría de nuestra Cámara, se estima que por este concepto la concesionaria deberá trasladar al Gobierno una suma aproximada de $2.200 millones durante los 33 años que dure la concesión.
Ahora bien, volvamos a la cláusula 9.1. Según dicho articulado, en los párrafos mencionados anteriormente se establece que, adicionalmente a los servicios principales de la concesión, el concesionario brindará servicios eléctricos a los contenedores refrigerados y podrá prestar otros servicios complementarios no regulados por Aresep, como consolidación y desconsolidación de contenedores, lavado y reparación de contenedores, movimientos en el patio, pesaje de contenedores, escaneo y otros.
Lo importante de todo esto es que los ingresos que se deriven de todos estos servicios complementarios forman parte de la concesión, y estos montos deben ser contabilizados en los cálculos de los cánones tanto del impuesto de renta como el desarrollo socioeconómico, por lo que las sumas anteriormente expuestas van a aumentar en razón de estas actividades. En este momento no es posible determinar el quantum de esos montos por los pagos de los servicios adicionales expuestos, pero evidentemente son sustanciales.
Además, y de manera encadenada, se suman todos los ingresos que va a lograr el Estado por negocios conexos que realice con la concesionaria, como la venta de servicios de electricidad por parte del ICE (es gigantesca la demanda que se va a generar, no solo para el manejo de la terminal sino también por servicios de venta de electricidad que haría la terminal a los clientes que manejen carga que debe estar refrigerada), la venta por suministro de agua potable, que se pueda hacer a través de Acueductos y Alcantarillados, servicios como el Internet, venta de hidrocarburos por medio de Recope, más todo lo que por sí sola la terminal no pueda autoabastecerse y que deba ser suplido por empresas públicas o privadas.
Ser protagonistas. Dejando de lado todo lo que el Estado costarricense pueda vender, tenemos otros servicios privados que va a demandar la nueva terminal de Moín, tanto en su fase de construcción como cuando entre a operar. Es aquí donde todos los limonenses tenemos el gran reto de prepararnos para lo que viene, para no ser simples espectadores del desfile, como lo hacemos en los carnavales de Limón, sino verdaderos protagonistas activos y beneficiarnos legítimamente de todo este desarrollo que tenemos encima.
Debemos consolidar verdaderas redes empresariales y profesionales que nos permitan, si es el caso, afianzar alianzas estratégicas o consorcios empresariales que potencien nuestras empresas para poder ser reales organizaciones empresariales competitivas, de cara a convertimos en una excelente opción que permita a la concesionaria comprarnos bienes y servicios. ¡Este es el verdadero reto que nos espera!
Para lograr esto, la Cámara de Comercio es totalmente consciente de que debemos prepararnos, y en esa línea la actual Junta Directiva ha trabajado con mística durante todo este año.
Sin embargo, hay aspectos que no dependen del empresario: es menester la participación estatal, y nos referimos a temas como la simplificación de trámites que agobia a todo el sector empresarial del país, problemas de titulación (el 60% de la provincia de Limón no está titulado), acceso al crédito y duración en la formalización de estos; capacitación a las pymes; impulsar proyectos innovadores, como el presentado al Gobierno sobre compras locales, el cual le va a dar un empuje importante e inmediato a la economía local y, a la vez, fortalecerá a las pymes locales de cara a los retos que se avecinan.
Finalmente, y en función de todo lo expuesto, es absolutamente necesario concluir el proceso de aprobación del proceso de Banca para el Desarrollo para aumentar la competitividad de las pymes en el marco de todas estas inversiones, y, en sentido contrario, no aprobar en las condiciones que se plantea el actual proyecto de Código Procesal Laboral, pues este atenta contra la competitividad empresarial y constituye un mensaje nefasto para que la inversión privada venga al país, y, en particular, a nuestra provincia de Limón, tan urgida de inversión.
Randy Gordon Cruickshank , secretario de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón.
