EscucharTras un año de trabajo, la Junta de Protección Social (JPS) cuenta ya con las recomendaciones técnicas para fortalecer los controles que eviten el uso de los juegos de la institución para la legitimación de capitales.
Una comisión de alto nivel se encargará de impulsar las recomendaciones emitidas por el Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas y recibidas en la JPS, el día 27 de marzo recién pasado.
La JPS no se ha quedado cruzada de brazos y rechaza las afirmaciones de algunos sectores que tratan de desconocer el trabajo realizado en el área que describimos, incluso con argumentos tendenciosos y que no corresponden a la realidad.
Lo cierto es que venimos avanzando en el fortalecimiento de los controles ya existentes para operaciones de cambio de premios en juegos de la lotería electrónica y, ahora, extendemos aún más estos controles.
Trabajo conjunto. El trabajo que la JPS y la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense contra las Drogas (UIF/ICD) realizaron, demandó una serie de reuniones previas. Sin embargo, como lo señala el oficio suscrito por la jefatura de la UIF: “Debido a que este proceso de implementación resulta lento por la complejidad del negocio y el poco conocimiento y experiencia para abordar este fenómeno por parte de la Junta de Protección Social, se consideró oportuno optar por la vía que faculta el artículo 126 del Ley 8204 para emitir las recomendaciones prioritarias…”.
En un oficio fechado el 21 de febrero, y tras ser analizado en Junta Directiva, esta acordó invitar al Director del ICD para que ampliara su opinión al respecto y solicitarle que dichas sugerencias fueran remitidas con el acuerdo del Consejo Directivo del ICD, a fin de evitar vicios de nulidad.
En esa sesión, que se realizó el 11 de marzo, y con el fin avanzar en las acciones, la Junta Directiva acordó crear una comisión de alto nivel en la que participan el gerente general, los gerentes de las áreas Administrativa-Financiera, Operaciones y Producción y Comercialización, junto a un miembro de la Junta Directiva, la cual tendrá plazo hasta el 29 de abril para rendir su informe.
Entre las funciones de esta comisión se encuentran proponer un plan de acción para implementar las recomendaciones y analizar la factibilidad legal y técnica de implementar a corto plazo la acción relacionada con la identificación de todos los compradores de lotería electrónica, entre otros.
El 24 de marzo, el Director del ICD remitió a la JPS la Resolución Administrativa DG-058-2014 del Consejo Director de ese instituto, solicitada por la Junta Directiva de la JPS y solo un día después, todas las recomendaciones de prevención fueron acogidas y se trasladó la Resolución a la Comisión, para que proceda a implementarlas.
Los esfuerzos de la Junta en esta materia son anticipados. Desde hace muchos años se lleva el registro de los ganadores de premios mayores y actualmente se reporta a las autoridades y órganos competentes los datos correspondientes a los pagos a partir de ¢5 millones.
Prevención. La JPS reitera que todas estas medidas son preventivas pues no existe ningún caso comprobado de legitimación de capitales utilizando nuestros juegos. Si la ANEP u otra persona física o jurídica tienen pruebas concretas de lavado de dinero utilizando los juegos de la Junta, la institución los exhorta a presentar las denuncias ante los cuerpos policíacos y de investigación.
Por otra parte, es falso que la JPS haya privatizado los juegos electrónicos. Existe un proveedor de servicios especializado, contratado mediante una licitación apegada a la ley. La única administradora de los juegos y las loterías es la JPS, la cual define los planes de premios, sorteos, modalidades, etc.
El proyecto para el desarrollo de la lotería electrónica aprovechando las nuevas tecnologías responde a dos objetivos: atraer nuevos mercados y combatir los juegos ilegales que están robando recursos para la obra social que realiza la Junta de Protección Social, los cuales ya están sintiendo los efectos adversos.
La lotería de Estado con fines sociales debe ser defendida y en la Junta de Protección Social no nos cruzamos de brazos.
