Debemos atacar las causas del delito, la cárcel no es la solución a los problemas sociales

 16 mayo, 2016

A propósito del artículo que el viceministro de Justicia Marco Feoli publicó en esta misma sección (“El fin es la justicia” 21/4/2016) en respuesta a Pablo Ureña (“Condenas en el caso de Jairo Mora y su cumplimento” 5/4/2016), creo que es necesario participar en la discusión.

Señala don Marco que “la sanción penal tiene, además del castigo, una finalidad rehabilitadora”, ¡claro!, eso dice el artículo 51 del Código Penal, pero basta una mirada a la realidad penitenciaria para darse cuenta de que ello no es cierto.

Si lo fuera, de nuestras cárceles en el momento del egreso, luego del cumplimiento de una pena (sin importar la duración), obtendríamos ciudadanos rehabilitados ejemplares –¡como si antes hubieran estado inhabilitados!–.

Si nada de lo dicho es cierto, analicemos la otra afirmación de don Marco: “El fin es la justicia”, en referencia a la pena privativa de libertad.

Si fuera cierto, tampoco habría condenas injustas, y mucho menos injusticias durante la ejecución de la pena. ¿Quién más que el mismo don Marco, en su función en el Ministerio de Justicia, para informarnos al respecto? Él mismo ha hecho hincapié en la necesidad de eliminar la situación aberrante en la que se encuentran nuestras cárceles.

Sistema inflado. El problema que tenemos se explica de una manera más simple. La Asamblea Legislativa, sin mayor consciencia y mucho menos conocimiento, emite toda suerte de leyes, las cuales muchas veces responden a criterios populistas y traen consecuencias de toda índole. Una importante cantidad de ellas incluyen propuestas de orden jurídico-penal que inflan el sistema penal.

El Poder Judicial con criterios simplistas bajo sofismas normativos, más allá de realizar un ideal de Justicia se limita a la aplicación de la ley con toda rigurosidad. Y ¿por qué no?, si al fin y al cabo a ellos qué les importa: ni son responsables de crear las leyes ni tampoco les compete su ejecución, simplemente se sienten satisfechos con aplicarlas a su mejor leal saber y entender.

Dialéctica irracional. Luego, el problema hasta aquí creado evoluciona a otro nivel cuando los jueces a través del sistema judicial envían a los ciudadanos al Ministerio de Justicia. Y a este último le corresponde, literalmente, bailar con la más fea. Esto por cuanto no decide realmente qué es y qué no es delito.

Tampoco decide quién es culpable y va a prisión, sino que recibe a todo aquel que es condenado, y debe velar por la ejecución de la pena. No tiene capacidad para recibir a todos los condenados, pero se le ordena recibirlos.

Por otro lado, cuando trata de liberar personas del sistema se le acusa de blandengue y se le achaca la responsabilidad por la impunidad que supuestamente ello genera; pero si no lo hace, se le acusa de violar derechos humanos por las condiciones en que los mantiene “embodegados”.

Y todas estas acusaciones las hace el mismo Poder Judicial que le envió esa cantidad inmanejable de ciudadanos por medio de los muchos juzgados de ejecución de la pena.

Esta es la dialéctica irracional en la que opera el sistema, y me permito citar una parábola: es como si navegáramos en un barco en donde un sujeto trata de sacar agua del bote, pero otros dos al mismo tiempo echan agua al bote. Tarde o temprano nos vamos a hundir.

El problema del sistema de justicia penal está en la conceptualización que de él tenemos y los fines que a él le atribuimos. Necesita un proceso de cirugía mayor, de transformaciones de fondo.

La cárcel no es la solución a los problemas sociales; debemos atacar las causas sociales del delito, no el delito mismo, que es más bien una consecuencia de aquellas.

El autor es catedrático de Derecho Penal y Procesal Penal en laUniversidad de Costa Rica.