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La niñez sin protección constitucional

Actualizado el 19 de septiembre de 2012 a las 12:00 am

En los últimos 3 años, se le han negado al PANI más de ¢120.000 millones

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La niñez sin protección constitucional - 1
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La niñez sin protección constitucional - 1

El 7 de setiembre, personal del PANI, de albergues y de ONG salió a la calle para denunciar que los últimos Gobiernos se niegan a girarle los recursos que la ley le asigna para cumplir con su obligación constitucional, de brindar protección especial a la niñez en abandono y riesgo social.

En los últimos tres años se le han negado al PANI más de ¢120.000 millones que le asignan su Ley Constitutiva y la Ley de Impuestos a Licores y Cigarrillos específicamente para financiar programas de albergues, y becas para madres adolescentes.

Por esta insuficiencia de ingresos, el PANI no cuenta con el personal ni los recursos materiales para atender ni proteger a todos los niños y las niñas que sufren abandono y violencia. Las denuncias se atienden tardíamente. Los albergues están sobrepoblados. Para evitar todo esto, el Poder Legislativo creó fuentes especiales y prioritarias de financiamiento para la niñez. Pero el Gobierno no las cumple.

Si esto es grave, más lo es, todavía, que las instituciones creadas para hacer cumplir la Constitución y las leyes protectoras de los más vulnerables, no lo hagan.

Ese es el caso de la Sala Constitucional. A finales de 2011, emitió una resolución que vacía de contenido la garantía del artículo 51 de la Constitución Política sobre la protección especial del Estado para la niñez abandonada, luego de que un grupo de diputados consultamos el Presupuesto Ordinario de la República de 2012 precisamente porque el Gobierno incumplió su obligación de asignar al PANI los recursos que ordena la ley.

La respuesta de dicho Tribunal, en el voto Nº 2011-13857, fue que “por mayoría, no es inconstitucional que no se haya incluido la totalidad de las sumas dispuestas por el legislador ordinario en el artículo 34 de la Ley 7648 a favor del PANI, ni las del artículo 15 de la Ley 7972, a favor del Fondo de niñez y adolescencia”.

Lo peor es la justificación utilizada por la Sala. El voto desarrolla la jurisprudencia de dicho tribunal sobre las leyes que establecen impuestos con destino específico. Concluye que esta clase de leyes no obligan al Poder Ejecutivo a cumplir dicho destino a la hora de formular los presupuestos de la República. Salvo dos excepciones: 1) los destinos establecidos expresamente en la Constitución; y 2) los destinos específicos creados para financiar “programas sociales”, en virtud del artículo 50 de la Carta Magna.

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O sea, la posición oficial de la Sala IV es que, si la Asamblea crea un impuesto especial para financiar un programa concreto, el Gobierno puede desconocer esa ley y gastar esos recursos en otro rubro, salvo cuando el destino está establecido en la Constitución o cuando se trata de financiar “programas sociales”.

Si esta interpretación “creativa” es polémica, su aplicación al caso concreto del PANI, resulta inexplicable: después de esta introducción, la Sala especifica que el Poder Ejecutivo no está obligado a respetar los destinos específicos creados en las leyes para financiar los programas del PANI para atención de niñez en riesgo social y dar becas de estudio a madres adolescentes. Si estos no son “programas sociales”, ¿qué son? ¿Qué puede tener más contenido social que dar albergue y protección a la niñez abandonada que deambula por las calles? ¿De qué sirve, entonces, un artículo constitucional que ordena al Estado dar protección especial a esta población? De nada. Es letra muerta.

Lo más desconcertante es el único argumento dado por la Sala para justificar semejante contradicción: “En vista de la situación fiscal actual, es materialmente imposible presupuestar todo lo que le correspondería al Patronato Nacional de la Infancia”.

Evidentemente, se trata de un voto político a favor del Gobierno. Tal argumentación “jurídica” es esperable del ministro de Hacienda o de un alto tecnócrata de los organismos financieros internacionales. Nunca del tribunal encargado de hacer cumplir la Constitución y de proteger los derechos fundamentales de la población más débil y vulnerable.

Con esto, una mayoría de nuestro Tribunal Constitucional hace su aporte para cerrar el círculo de la descontitucionalización de la garantía de protección especial para la niñez. La convierte en una garantía de papel, que no tiene mayor efecto práctico en la realidad, porque el Estado no la cumple y ni siquiera se respetan las leyes creadas para asegurar el financiamiento prioritario a la institución encargada de tan importante tarea. Mientras tanto, miles de niños y niñas sufren abandono y todo tipo de violencia.

Eso sí, en una sentencia posterior (2012-1641) la misma Sala condenó al PANI porque no intervino a tiempo para proteger a una menor que sufría abandono. “La falta de personal y los problemas presupuestarios no son excusa para no intervenir”, pontificó, a pesar de ser corresponsable de esta situación.

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El personal del PANI tiene razón de protestar frente a la Corte. Desde hace un año está en estudio un nuevo recurso de amparo y un juicio contencioso para corregir esta grave injusticia.

Un país que invierte más en cárceles que en cuidar a la niñez abandonada, es un país sin futuro. Pero esta es la realidad de Costa Rica: Adaptación Social tiene el doble de personal que el PANI. Si no enderezamos ya el camino, solo nos espera un deterioro humano y social cada vez más profundo.

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