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¡No más niñas embarazadas en Costa Rica!

Actualizado el 17 de julio de 2013 a las 12:01 am

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El 27 de junio, uno de los canales de televisión del país reportó la noticia de una niña de ocho años embarazada. Esta nota invisibilizaba el hecho de que toda niña embarazada ha sido víctima indiscutible del delito de violación sexual. Esto no es un caso aislado, ya que datos del Ebáis de la misma localidad, San Sebastián, confirman los casos de otras 30 niñas de entre nueve y diez años en la misma situación. A pesar de ello, el sistema de justicia y el de salud se han negado, por un lado, a tomar medidas estructurales para prevenir estas situaciones y, por otro, no brindan a estas niñas la atención integral que requieren desde una perspectiva de derechos humanos.

El Estado y la sociedad hemos fallado en proteger los derechos de todas las niñas que han vivido este tipo de violencia. La nota de marras evidencia el error de trasladar la responsabilidad de lo que es un hecho delictivo a las propias víctimas: las niñas y sus madres. El Estado costarricense no solo ha rehuido la toma de acciones para evitar estos delitos, sino que, además, una vez ocurridos los hechos, incumple con su obligación de proteger la vida y la salud integral de estas niñas.

Deber de protección. Que ellas hayan sido violadas ya es una primera falla a ese deber de protección, a la que no debería sumarse la negligencia de forzarlas a continuar embarazadas. ¿Cómo pretender que ellas continúen con ese embarazo, cuando nuestra normativa es clara al establecer la posibilidad de interrumpir un embarazo que pone en peligro la vida o la salud de la mujer? En el caso de una niña tan pequeña, ¿cómo afirmar que la salud integral de una menor de ocho años no peligra por llevar a término un embarazo producido por una violación?

Siguiendo un marco de bioética, un embarazo a una edad tan temprana es un claro riesgo para la vida de la niña y atenta particularmente contra su estabilidad psicológica y fisiológica. De acuerdo con el Centro Latinoamericano de Perinatología, de la Organización Panamericana de la Salud, una niña embarazada tiene un riesgo mayor de padecer anemia, sufrir hemorragia posparto y endometritis. Por otra parte, datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estiman que el riesgo de muerte neonatal se incrementa en un 50% cuando la madre es menor de 15 años.

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Entonces ¿cuáles opciones les brindará el sistema judicial y el de salud a estas niñas? Vida libre de violencia. Todas las niñas tienen derecho a disfrutar de una vida libre de violencia. El Estado y el gobierno de Laura Chinchilla, en su representación, deben asumir la responsabilidad de cumplir con garantizar, proteger y defender todos los derechos humanos, de acuerdo con las obligaciones contraídas tanto en los instrumentos internacionales como nacionales para la protección de los derechos de las niñas y los niños.

Múltiples organizaciones de la sociedad civil, como la Colectiva por el Derecho a Decidir, hemos trabajado para exigir al Estado costarricense y a su sistema de salud que actúe ya y brinde el debido acceso legal y técnico a la interrupción terapéutica del embarazo como una opción factible para estas niñas y sus familias.

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