Desde 1900, cuando Karl Landstainer descubrió los grupos sanguíneos ABO, se abrió la puerta para que la medicina tuviera la transfusión de sangre como una herramienta terapéutica. Más adelante, el mismo científico descubrió el grupo sanguíneo Rh y completó, los dos grupos más importantes, necesarios para llevar a cabo, de manera segura, una transfusión de sangre.
A partir de la Segunda Guerra Mundial, se incrementó el uso de la sangre para tratar a las pacientes con hemorragias fuertes. De esta manera, se aprendió que la sangre puede ser fraccionada en sus componentes más importantes y obtener los mejores beneficios de la transfusión; además, se comprendió que siendo la sangre un producto biológico se pueden tener múltiples efectos adversos, de tipo inmunológico, infeccioso y metabólico.
Esta posibilidad infecciosa, hizo que los países desarrollados mantengan programas estrictos con respecto a la selección de los donadores de sangre, así como a la producción y almacenamiento de los hemocomponentes. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) estableció: “La sangre para las transfusiones debe considerarse un medicamento esencial, un recurso nacional y un bien público”.
Recientemente, el comité de expertos para la estandarización de productos biológicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó los glóbulos rojos, plaquetas y el plasma fresco congelado en la lista de medicamentos esenciales.
Pero, ¿por qué en Costa Rica no hay una ley que contemple los asuntos de la sangre, con los conceptos modernos, ni tampoco una reglamentación clara por parte del Ministerio de Salud para hacer cumplir lo establecido por la OMS y proteger a la población costarricense?
En la actualidad, solo existe un reglamento de habilitación de bancos de sangre, sin que ello establezca un marco legal suficiente. Admiro y respeto el trabajo que realizan estos bancos en el país; pero su labor, sin duda, estaría más respaldada si existiera una legislación clara y un ente que supervise su cumplimiento, especialmente en la manufactura de los hemocomponentes.
Sin duda el país tendría que invertir más en este campo, fortaleciendo el trabajo que dichos servicios realizan hoy, de una manera loable sin un respaldo legal y establecería un programa de hemovigilancia, del cual carecemos y del que podríamos aprender mucho para mejorar con base en nuestras propias vivencias. El Ministerio de Salud tiene la palabra.
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