22 noviembre, 2014

Nuestro sindicato de jueces nació a raíz de la preocupación por el estado financiero del Fondo de Pensiones del Poder Judicial, y hemos propuesto e impulsado decisiones en pro de dicho fondo.

Estuvimos de acuerdo con el incremento de la cuota obrera del 9% al 11% en el año 2012, hemos planteado que el Fondo de Pensiones incremente sus ingresos a través de préstamos directos a la población judicial, con tasas de interés activas y no pasivas, fuimos una de las primeras agrupaciones en proponer un verdadero tope a las pensiones y una contribución solidaria para las pensiones altas ya otorgadas, y nos pronunciamos a favor de la derogatoria de la regla IV.

Por lo anteriormente dicho, nos parece injusto el cuestionamiento que se nos hace, pues sí estamos pensando en las futuras generaciones, y, por eso también, creemos necesario referirnos al editorial de La Nación del pasado 13 de noviembre, intitulado “¿Matar al mensajero?”.

Una primera aclaración que se impone es señalar que nuestro ordenamiento jurídico vigente exige la colegiatura obligatoria, tanto de profesionales nacionales como una autorización específica cuando un profesional extranjero pretende realizar una actividad en el país. La ley es la que demanda ese requisito y, si el señor Eduardo Melinsky incumplió con dicha condición, eso es responsabilidad solamente de él.

Lo que señaló el magistrado Fernando Castillo, con relación a este aspecto, es que la colegiatura no se podía exigir en forma previa en el cartel de contratación, pues hasta que esta no fuera adjudicada no surgía la obligación concreta de cumplir con ese requisito legal ineludible. Cuando la contratación se le asigna a la firma Melinsky, Pellegrinelli y Asociados, esta no pudo cumplir con tal exigencia legal. Nosotros creemos en la necesidad del respeto a nuestra institucionalidad y en la labor contralora que ejercen los colegios profesionales. Por eso, protestamos tal falencia.

En el editorial de comentario se objetan mis afirmaciones, en el sentido de que existe una pretensión de favorecer a las operadoras privadas de pensión en detrimento de los fondos solidarios. Esa es una realidad y no es exclusiva de Costa Rica. En España, con argumentos similares a los que aquí se han empleado, se generó toda una discusión y una reacción académica, en las que, incluso, se dio una publicación por parte de reconocidos economistas, como lo son los doctores Juan Torres y Vincent Navarro, titulada “Lo que debes saber para que no te roben la pensión”, donde se puede cotejar la similitud del discurso operado en aquellas latitudes, que responde a esa forma globalizada de pretender hacer negocios en perjuicio del pueblo y con el ahorro de los trabajadores.

El pueblo no ignora que, si quiebra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los servicios privados de salud harán “clavos de oro”. El pueblo no ignora tampoco que, si se debilita al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), los principales beneficiados serán las compañías de telefonía extranjera. Los costarricenses saben que, si se les da una estocada final a los regímenes públicos de pensiones solidarias, la única opción posible será recurrir a los fondos privados de pensiones.

Las operadoras privadas de pensiones y los fondos solidarios son dos caras de una misma realidad: las primeras, donde operan el interés de lucro y los intereses creados de los banqueros; los segundos, formulados y estructurados para beneficiar a los trabajadores ante las eventualidades de la vida.

Es claro que no se trata de que alguien haya matado al “mensajero”, porque este, en el peor de los casos, se suicidó, al no ajustar su conducta a la institucionalidad del país. Por otra parte, el mensaje ideológico que se pretende difundir, al tratar de persuadir a nuestro pueblo en el sentido de que las pensiones solidarias no son viables, no lo admitimos y lo refutamos, en forma absoluta, con criterios de académicos en la materia como los que citamos.

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