Opinión

Sin motivo para inhibirme

Actualizado el 03 de noviembre de 2015 a las 12:00 am

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Sin motivo para inhibirme

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En varios medios de comunicación se ha planteado si en virtud de mi artículo intitulado “¿Consecuencias de un voto?”, publicado en La Nación el 4 de febrero del 2013, no debo votar asuntos relacionados con la fecundación in vitro (FIV).

La opinión pública debe saber que tal duda fue aclarada por la Sala hace años.

En una primera ocasión (expediente 09-014754-0007-CO referido a la omisión de la CCSS de practicar la técnica de la FIV) consulté al pleno de la Sala si existía motivo válido para inhibirme en virtud del citado artículo.

En el 2013, la Sala resolvió que no concurría ningún supuesto que me habilitara para separarme del caso.

En una segunda vez (expediente 13-015288-0007-CO planteado por el recurrente Boris Molina), fue reiterada mi habilitación para votar este tipo de asuntos; es decir, mi obligación de hacerlo.

Don Gilberth Armijo, a la sazón presidente de la Sala, y en una resolución del 21 de enero del 2014, dijo: “En ese sentido, es perfectamente admisible que el magistrado Rueda Leal (… ), en términos académicos, invite a estudiantes de Derecho a formularse una serie de interrogantes de hermenéutica jurídica, pero ello no implica en absoluto que con tales afirmaciones se afecte necesariamente su posición de tercero imparcial en perjuicio de las partes. Incluso, como lo indica el propio magistrado, expresamente omite dar su opinión sobre tales preguntas (...). Las expresiones emitidas por el magistrado Paul Rueda Leal no alcanzan el grado suficiente para entender objetivamente que se ha perdido la confianza de la sociedad democrática en el papel que a él le corresponde en la resolución de este asunto”.

La cita del voto anterior explica el porqué en los demás asuntos referidos a la FIV haya sido innecesario reiterar una situación que dos veces ha sido resuelta y nadie ha objetado formalmente.

Este artículo tiene el único propósito de aclarar apreciaciones infundadas y reiterar mi obligación de pronunciarme sobre tales asuntos.

Paul Rueda es magistrado constitucional.

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