Al Tribunal Supremo de Elecciones se le presentó una solicitud para recoger firmas, con el objetivo de activar una de las vías para convocar a referéndum. En esta oportunidad, lo que se busca llevar a votación popular es una iniciativa de ley propuesta para llenar un vacío legal. ¿Cuál vacío? Pues bien, en el ordenamiento jurídico costarricense, las normas que regulan los derechos y deberes relativos a las relaciones de pareja asumen que solo existe la pareja heterosexual; es decir, la pareja compuesta por un hombre y una mujer. Si bien no hay nada que prohíba la existencia de parejas del mismo sexo, no hay nada tampoco que las reconozca. Es decir, ante la ley, las parejas heterosexuales son las únicas que existen.
Y esta situación tiene su raíz en la moralidad dominante, que considera ilegítimas las relaciones entre personas del mismo sexo. Esa moralidad es la base sobre la que se emiten leyes que penalizan la homosexualidad, como continúa sucediendo en algunos países de África, por ejemplo. De igual forma, siguen ocurriendo casos de “violaciones correctivas” a mujeres lesbianas, o tortura contra hombres homosexuales; actuaciones que si bien no están avaladas formalmente por la ley, siguen encontrando cierto grado de comprensión social, derivado del profundo rechazo moral heteronormativo.
La violencia contra las personas homosexuales es una forma extrema de discriminación. Pero hay otras formas de discriminación más aceptadas socialmente; por ejemplo, la negación a las parejas del mismo sexo, de los derechos que una pareja heterosexual sí adquiere con la formalización del vínculo, o bien, a través del tiempo (unión de hecho), como son el derecho a heredar, a asegurar a la pareja, a ser visitado en un hospital, a contraer una hipoteca en conjunto, etc. En el caso de Costa Rica, la iniciativa de ley que hoy está bajo la lupa no pretende equipararse con el matrimonio heterosexual, sino más bien, procura el acceso a unos mínimos de orden civil, como los anteriormente citados. Es decir, busca reparar algunos de los efectos de la discriminación.
¿Por qué este proyecto despierta un bullicio tal, que nos coloca ante las puertas de un referéndum? La respuesta la podemos encontrar en la homofobia, cuyas raíces se mantienen tan profundamente internalizadas en esta sociedad, que incluso permean la forma en que se interpretan las leyes. Para muestra, un botón: la autorización del TSE para la recolección de firmas en apoyo al referéndum sobre este proyecto de ley. Ese fue un error. Al TSE se le olvidó que los derechos humanos no deben sufrir ninguna degradación en virtud de la raza, la orientación sexual, el género, la edad, la nacionalidad, etc. Y si partimos del principio de igualdad y no discriminación, podremos entender cuán degradante es someter este asunto a votación popular. Porque visto desde la perspectiva de la justicia, este proyecto debería entenderse como una solución intermedia ante la negación histórica de derechos causada por la discriminación contra las personas homosexuales. Y subrayo que este proyecto solo busca el reconocimiento de algunos derechos, y no aspira a la equiparación total de derechos con respecto a las parejas heterosexuales, como insisten en afirmar los gestores del referéndum.
Moralismo. Ahora bien, quienes aseveran que el reconocimiento legal de las uniones del mismo sexo implica una amenaza letal para el matrimonio heterosexual y “la familia”, en realidad lo que quieren decir es que rechazan que se legitime la homosexualidad como una conducta sexual más. De fondo, subyace una cuestión de orden histórico y moralista. Esos argumentos que hoy se usan para justificar la solicitud del referéndum, fueron utilizados también para vaticinar esas mismas tragedias (el fin del matrimonio heterosexual y de la familia) cuando se aprobaron la unión libre, el divorcio, el sufragio femenino, etc. Es decir, esas son las reacciones inconfundibles de quienes, en términos generales, tienden a desconfiar de la defensa de la libertad, la igualdad y la emancipación.
En todo caso, una democracia que siga condicionándose a los dictados de la moralidad dominante, a contrapelo de la doctrina de los derechos humanos, es una democracia de pantomima, pero, sobre todo, es una democracia que miente. Miente porque afirma la igualdad de toda la ciudadanía ante la ley; pero si establece que hay ámbitos del derecho vetados para quienes no son heterosexuales, entonces la igualdad se transforma en un sistema de castas.
Y para ilustrar a lo que me refiero, les invito a hacer este ejercicio: imagínense qué habría pasado si en su momento de discusión las iniciativas de ley para reconocer el voto femenino, el divorcio o la unión libre; o bien, para eliminar la esclavitud, o la segregación racial, se hubieran sometido a referéndum'
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