Opinión

Contra el monopolio y la discriminación

Actualizado el 25 de junio de 2013 a las 12:00 am

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Contra el monopolio y la discriminación

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En el periódico La Nación del 16 de junio, la presidenta del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), doña Sonia Marta Mora, se refirió tendenciosamente a la acción de inconstitucionalidad presentada por la Universidad De La Salle y admitida por la honorable Sala Constitucional.

La Universidad De La Salle, dirigida por la comunidad lasallista, aclara ante la opinión pública algunas inexactitudes expresadas por la señora presidenta del SINAES.

Ella dice que las acciones interpuestas “ilustran muy bien el temor de algunos a la exigencia de calidad en materia educativa.”

Queremos reafirmar que estamos a favor de la más alta calidad educativa, que permite pasar radicalmente de la enseñanza al aprendizaje, formando profesionales exitosos con una profunda conciencia social. Estamos a favor de la docencia y la investigación al servicio de la extensión y el compromiso social. Finalmente, estamos a favor de que las universidades adopten sistemas continuos de evaluación y acreditación.

También reafirmamos que estamos contra el monopolio creado a favor del SINAES, que es una institución estatal, porque nos impide elegir a las mejores agencias de acreditación del mundo. La ley obliga a acreditarse únicamente con el SINAES.

El hecho de que en el Consejo Nacional de Acreditación haya representantes de las universidades privadas no elimina la figura de monopolio estatal porque el SINAES es un ente público y todos son funcionarios públicos.

Por culpa de ese monopolio, no se tiene otra posibilidad de ser acreditados por agencias de primer orden de los países más avanzados.

Preguntémonos: ¿Es conveniente que el SINAES sea una institución oficial y que solo ella tenga la potestad de emitir la norma académica nacional de calidad? Nosotros reclamamos una vez más nuestro derecho a elegir la agencia de acreditación que nos parezca más competente entre las más sobresalientes en este campo.

La señora Mora indica que “la adhesión de las universidades al SINAES es un acto voluntario de cada una y no una decisión impuesta”. Sin embargo, en la Ley 8798, artículo 4, se compulsa a acreditarse con el SINAES porque permite al Estado contratar a graduados de carreras acreditadas por esa entidad con privilegio sobre los graduados de todas las otras universidades, aunque estén en igualdad de condiciones.

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Esto es claramente una discriminación odiosa. Queremos que todos los estudiantes graduados de universidades legalmente reconocidas en Costa Rica tengan el mismo trato ante la ley.

Otra forma de discriminación es el costo oneroso del proceso de acreditación, unilateralmente definido por los funcionarios públicos del SINAES, el cual asciende para nuestro caso a más de $200,000, monto que tendría que trasladarse al estudiantado, pues la universidad opera al costo.

Reiteramos que estamos a favor de la acreditación, pero nos preocupa el avance de la ideología de la acreditación monopólica estatal que se quiere imponer en Costa Rica, la cual impide la acreditación en las más afamadas universidades, líderes de la investigación y del progreso académico.

Las 76 universidades De La Salle en cinco continentes hemos construido un nombre y un prestigio fundamentado en la calidad educativa, y es a partir de eso que hemos asumido el reto de preservar el legado de compromiso con la educación superior al servicio de la sociedad.

Confiamos plenamente en la Sala Constitucional. Por esa razón, precisamente, hemos recurrido a ella para que dirima este conflicto. De más está decir que aceptaremos el fallo que emita.

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