La inminente insolvencia del IVM ha sido advertida por múltiples estudios en la última década

 1 marzo

Desde la publicación de mi anterior artículo titulado “ La estafa de las pensiones ”, el pasado 3 de enero, se ha producido un intenso y muy necesario debate acerca del futuro del sistema de pensiones, y en particular del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), dada la inminente insolvencia de este último, advertida por múltiples estudios realizados a lo largo de la última década.

Como en todo debate público, algunas falacias han aflorado, pero también las propuestas de solución se han hecho presentes, y eso es edificante. Pretendo en este artículo derribar algunos de los principales mitos esgrimidos hasta ahora.

La primera falacia, utilizada tanto por el actual superintendente de pensiones, Álvaro Ramos, como por el gerente de pensiones de la Caja, Jaime Barrantes, es sostener que un sistema de pensiones público no puede quebrar, porque cuenta con el respaldo del Estado, según Ramos, o porque la economía siempre lo sostendrá, según afirmó Barrantes en un debate conmigo en Telenoticias.

La quiebra es una situación en la que una persona, empresa o institución no puede hacer frente a los pagos que debe realizar, porque superan a sus recursos económicos disponibles. El informe actuarial de la Universidad de Costa Rica (UCR) pronostica que entre el 2022 y 2028 los aportes de los trabajadores, patronos y Estado dejarán de ser suficientes para pagar las pensiones, por lo que el IVM deberá recurrir a su reserva para cumplir su obligación con los pensionados.

El estudio pronostica que a partir de ese momento las reservas se agotan en cinco o seis años más (2027-2034), lo cual equivale a una quiebra técnica. Por supuesto que el Estado podría destinar una mayor parte de sus ingresos para capitalizar el sistema de pensiones y seguir haciendo los pagos a los jubilados, pero la cosa no es sencilla.

Opciones irreales. Dado que tenemos un déficit fiscal superior al 5% anual y ninguna solución previsible, el Estado tendría que endeudarse por el equivalente de entre un 4% y un 6% más del PIB –duplicar el déficit– o la sociedad decidir cuáles servicios sacrificar para no aumentar la ya de por sí insostenible deuda pública.

Ninguna de estas alternativas parece realista. Si no quiebra el IVM, quebrará el Estado, como le sucedió a Grecia no hace mucho, a Argentina varias veces en las últimas décadas y a Costa Rica por última vez en 1980.

En su artículo “ ¿Son las pensiones una estafa? ” ( La Nación, 4/1/2017), Yanni Sterloff, director de normativa de la Supén, me achacó haber cometido “varios y graves errores”, pero no logró demostrar mi impericia. Aseguró que me equivoco al referirme a las pensiones del IVM como un régimen de reparto. Dijo que en un régimen de reparto puro no hay acumulación de reservas, por lo que la existencia de un fondo de ¢2 billones en el IVM demostraría mi supuesto error.

Ciertamente, en un régimen de reparto puro no se crea una reserva, ya que todo lo que ingresa se reparte entre los beneficiarios una vez deducidos los costos administrativos. Sin embargo, nunca dije que fuera un régimen de reparto puro. No perdamos de vista que en el IVM alrededor del 90% de las cotizaciones se reparte entre los pensionados actuales y menos del 10% se acumula en la reserva.

Curiosamente, y muy a pesar de lo afirmado por Sterloff, al día siguiente de la publicación de su artículo, el gerente de pensiones de la CCSS publicó otro artículo donde llama al IVM “un plan de pensiones de reparto en estado de madurez”. Por su parte, Edgar Robles, anterior superintendente de pensiones, lo llama “un fondo de pensiones público de reparto” en su artículo “ La quiebra de las pensiones ” (12/1/2017). Y, en diversos foros, el actual superintendente también lo ha descrito como un sistema de reparto.

En todo caso, lo que hace del IVM un régimen de reparto es que el pago de las pensiones actuales se hace con los aportes obrero-patronales actuales. Las principales autoridades en pensiones del país llaman al IVM un régimen de reparto porque tiene las características de uno.

Sterloff –y muchos otros comentaristas en diversos medios y redes sociales– consideraron incorrecta, y en algunos casos irresponsable, mi descripción del IVM como una estafa, lo que me obliga a ampliar y aclarar mi criterio.

Estructura piramidal. Los factores que caracterizan a una estafa tipo Ponzi son la promesa de un retorno imposible, y la estructura piramidal que requiere del ingreso permanente de nuevos aportantes (inversionistas, o en el caso de un plan de pensiones, trabajadores cotizantes) en cantidad suficiente para poder devolver los aportes de los inversionistas anteriores, junto con el retorno prometido.

El IVM prometió –y pagó–, durante décadas, pensiones equivalentes al 60% del salario promedio del jubilado, con una cotización tripartita del 7,50% que luego fue paulatinamente subida al 9,16% actual, y al 10,16% a partir de junio próximo.

Los modelos matemáticos actuariales demuestran que este aporte es apenas suficiente para una pensión promedio del 30% del salario de referencia, dados los magros rendimientos de las inversiones del IVM. Quiere decir que el IVM ha prometido un retorno que duplica el razonablemente esperable. Aquí tenemos el primer elemento de la estafa Ponzi: el retorno imposible.

Hasta ahora, el IVM ha podido pagar pensiones de este nivel justamente por el segundo elemento de toda estafa tipo Ponzi: el esquema piramidal de los ingresos. Mientras la población crecía a ritmo acelerado, siempre había suficientes trabajadores activos para, con sus aportes, pagar las pensiones a las personas que habían alcanzado la edad de jubilación.

En 1970, el IVM tenía 32 trabajadores activos por cada pensionado, mientras que para 1980 esa relación había bajado a un todavía respetable 20 cotizantes por pensionado. Entonces se hacía fácil pagar el retorno prometido. Sin embargo, la tendencia demográfica continuó deteriorándose, y para el 2015 ya había menos de 7 trabajadores por pensionado, acercándose peligrosamente al punto en que se hará imposible sostener el pago de las pensiones prometidas. El estudio actuarial de la UCR estima que ese momento llegará en unos 10 o 15 años.

Diferencias. Hay dos diferencias importantes entre un esquema Ponzi tradicional y la estafa de las pensiones del IVM. La primera es que cuando la estafa la comete un ente privado, este eventualmente se queda sin recursos para seguir haciendo los pagos prometidos, y la empresa implosiona. El régimen público de pensiones no necesariamente implosionará porque el Estado, mediante el ejercicio de la potestad de imperio, puede meter sus manos en los bolsillos de las personas y las empresas para obligarlas a seguir aportando montos cada vez mayores. Es justamente lo que propone el estudio actuarial de la UCR: duplicar o hasta triplicar las cotizaciones, a la vez que se reduciría en una tercera parte el monto de la pensión básica.

La segunda diferencia –que hace al IVM incluso peor que una estafa Ponzi tradicional– es que en este último las víctimas son personas incautas que confían sus dineros voluntariamente a una persona o empresa que los seduce con la oferta de un retorno imposible, mientras que en el IVM la participación es obligatoria para trabajadores y patronos.

De la misma forma que el IVM es un régimen de reparto a pesar de no ser de reparto puro, debemos reconocer que nuestro principal régimen de pensiones está estructurado como una estafa a pesar de las diferencias con respecto a un Ponzi tradicional.

En mi próximo artículo detallaré una propuesta de reforma integral para el sistema de pensiones de Costa Rica, que corrige estos y otros defectos del sistema vigente.

El autor es economista.