11 febrero, 2016

La Reforma Procesal Laboral ha despertado una cantidad importante de reacciones, temores y opiniones, lo cual me motiva a escribir sobre ella e incluso a confesar que fui uno de los que debieron superar y entender los muchos “horrores” que contenía. Fui partícipe directo de la negociación final que permitió su aprobación, por lo que, asumiendo la responsabilidad que me corresponde, comparto con ustedes algunos criterios.

Buena parte de los conceptos, columna vertebral y articulado que incluye, ya se encuentra en otras normas, o en nuestra jurisprudencia laboral y constitucional. Cito un único ejemplo: fui muy temeroso de lo que en nombre de la discriminación podía devenir de algunos conceptos que se incluyen en el nuevo Código y me convenció gratamente lo dicho por el magistrado Orlando Aguirre en la comisión: “Esta norma no es nueva (…) reproduce una normativa de una ley que hay sobre discriminación que a su vez reproducía otra de 1961” (Comisión de Jurídicos, 11/11/2015), de tal forma que no estamos ante conceptos nuevos como equivocadamente algunos predicaron.

Un asunto que ocupó buena parte de mi agenda de negociación fue lo que definí como la “impunidad de la huelga”, al plantear que no era posible que ante una huelga declarada ilegal los participantes salieran sin sanciones, mismo error que comete la abogada Paola Gutiérrez en su artículo del sábado 6 de febrero publicado en este medio.

Tal era mi preocupación que preparé una moción, que después retiré, donde establecía sanciones y expresamente autorizaba rebaja de salarios y rompimiento de contratos una vez declarada la huelga ilegal.

Lo cierto es que la labor legislativa no debe pasar por alto la jurisprudencia constitucional, es posible ganar un pulso legislativo aprobando una norma contra ella, pero, al final de cuentas, los magistrados tienen la potestad de declararla nula y ordenar su retiro del ordenamiento jurídico, de ahí que, con seriedad, lo propio y mejor para el país es buscar los equilibrios entre el proyecto de ley y lo que ha dicho la Sala.

En el caso que nos ocupa, en varias sentencias se ha dicho de manera expresa que los trabajadores que participaron en el movimiento huelguístico antes de esa declaratoria no pueden ser despedidos, ni sancionados de forma alguna por la mera participación en el movimiento, así como tampoco pueden ser rebajados sus salarios, pues esto sería una limitación “desproporcionada e irrazonable al ejercicio de un derecho fundamental, lo que afecta su contenido esencial”.

Si bien dos magistrados –Jinesta y Castillo– salvaron el voto, la posición de la mayoría es clara al declarar inconstitucionales las sanciones por huelgas ilegales (sentencia 10832-2011). De ahí que la cuestión sobre las sanciones por la huelga ilegal está definido desde hace mucho tiempo por la jurisprudencia constitucional.

Mi opinión personal con respecto a las huelgas en los servicios públicos esenciales, por darse ahí todas las huelgas ilegales, es que sí proceden las sanciones y el despido, por cuanto ese derecho no existe y así lo saben los trabajadores.

Al estar la huelga totalmente prohibida, con ella no se ejerce un derecho fundamental, ni se puede alegar actuación de buena fe.

Legislar no es tarea fácil, muy por el contrario, sin duda se cometen errores y no existe la ley perfecta, pero si hay alguna que fue trabajada con profundidad es el Código Procesal Laboral, y lo digo como abogado, legislador y empresario que preside un grupo con más de 1.500 trabajadores.

En todo caso, la paz social no se gana con leyes, se obtiene mediante relaciones obrero-patronales justas y equilibradas.

El autor es diputado del PLN.