Quienes se oponen al Proyecto de Ley de Extinción de Dominio argumentan que es contrario a nuestro ordenamiento jurídico. Para llegar a dichas afirmaciones se basan en cinco clásicos mitos que rodean el tema y que procedo a aclarar brevemente:
1. Es inconstitucional: Falso. En un sistema concentrado de constitucionalidad, como el nuestro, la función de interpretación de la Carta Magna recae únicamente en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, no en tribunales, Defensa Pública, Asamblea Legislativa o en opiniones de expertos.
El voto 2015-18946, del 2 de diciembre del 2015, hace un claro y profundo análisis, y concluye que el procedimiento de extinción de dominio no afecta ningún derecho o garantía fundamental. En otras palabras, es constitucional.
2. Viola la propiedad privada: Falso. El artículo 45 de la Constitución protege la propiedad privada lícita, la fecunda labor ganada en la lucha tenaz, no la ilícita, adquirida con dinero manchado de sangre proveniente del crimen organizado.
3. Incumple el debido proceso: Falso. El Proyecto crea una jurisdicción especializada con policía técnica, fiscales, jueces de primera, segunda instancia y casación. Establece, además, el derecho de defensa amplio, principio de buena fe, plazos, facultad de presentar libremente prueba, audiencia a las partes, sistema impugnativo. En fin, ofrece las garantías de un debido proceso legal.
4. Se rompe la presunción de inocencia: Falso. Es un proceso real, pues persigue bienes, no personas, por causales taxativas indicadas de manera diáfana en la ley. A las personas se les presume inocentes, los objetos carecen de dicha garantía constitucional.
5. Invierte la carga probatoria: Falso. Aplica la carga dinámica de la prueba, principio incluido hace décadas en nuestro sistema jurídico procesal en materias como familia, trabajo o en un contencioso administrativo, sin roce constitucional alguno.
El crimen organizado es transnacional, extremadamente violento, corrompe instituciones, descompone el sano funcionamiento de la sociedad y en casos extremos genera un Estado fallido.
Costa Rica necesita luchar contra el crimen organizado con herramientas modernas, que permitan atacarlo en sus finanzas, donde más debilita sus estructuras delictivas, por lo cual es indispensable la pronta aprobación del proyecto de ley 18.694, conocido como Ley de Extinción de Dominio.
El autor es abogado.