EscucharMal hacemos como sociedad responsable si seguimos endeudándonos para cubrir gastos crecientes en cientos de privilegios para beneficio de unos pocos en el sector público y sacrificando la inversión.
No puede ser que el 80% de los recursos del presupuesto nacional se vaya en salarios, transferencias, intereses y amortizaciones. Seguir en este despilfarro es insostenible, por más impuestos que se aprueben.
Costa Rica cayó en el índice global de competitividad del Foro Económico Mundial de la posición 41, en el 2008, a la 113, entre 138 países, en la gestión del gasto público. El gobierno recoge más impuestos y no invierte en infraestructura y productividad. Los problemas de la maraña regulatoria son cada vez mayores, a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Preocupa que sigamos haciendo lo mismo del pasado y posponiendo soluciones. Es una irresponsabilidad poner primero los intereses políticos, de corto plazo, a los intereses nacionales, de largo plazo.
No se debe propiciar el nuevo proyecto de traspaso de los educadores del Fondo de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) al Regimen del Magisterio. Esta decision va a impactar el (IVM) de la CCSS en ¢50.000 millones.
El IVM agrupa al 85% de los trabajadores del país, excepto a los educadores y los empleados de la Corte Suprema de Justicia, y 15 regímenes especiales. No puede ser que por privilegiar a 6.010 educadores afectemos más las finanzas públicas y la estabilidad del IVM.
Estamos a las puertas de una grave crisis fiscal en el 2017, que pone en peligro nuestra estabilidad económica, política y social. No es válido que sigamos alimentando más privilegios que solo benefician a un grupo muy reducido de costarricenses.
Regímenes de pensiones. El Ministerio de Hacienda apoya 15 regímenes de pensiones. El gasto en este rubro financiado por el Gobierno ha crecido un 30% en los últimos cuatro años. Para el 2017 se están presupuestando más de ¢330.000 millones.
Más del 70% de los 20.000 pensionados con cargo al presupuesto presentan problemas de información. Más del 40% de las pensiones corresponden al régimen de Hacienda. El Ministerio de Trabajo está solicitando ¢45.000 millones adicionales en el 2017 para actualizar la revaloración del monto de las jubilaciones.
A este cuadro debemos agregar que la Junta Directiva de la CCSS aprobó elevar al doble la contribución del Estado al IVM al pasar de 0,58% al 1,24%, lo cual repercutirá en las finanzas públicas.
Esto significa recursos adicionales que debe financiar el fisco, que también se verá afectado por el costo adicional que debe dar a la Junta de Pensiones del Magisterio (Jupema) y al fondo de pensiones de la Corte Suprema de Justicia.
Este aumento en la contribución del Estado significará el 0,4% del PIB, un equivalente a ¢123.000 millones que se financiarán con mayor endeudamiento en el 2017.
La Junta Directiva de la CCSS justificó este incremento también para cubrir los 80.000 pensionados que no tienen la pensión mínima de ¢130.000 al mes, debido a que no hicieron los ahorros necesarios en su vida útil.
Ley de Protección al Trabajador. Hoy, con 16 años de aprobada, en la Ley de Protección al Trabajador tenemos más de ¢6.000 millones en cuentas de capitalización individual, que van a aumentar en más de un 20% la pensión de los trabajadores y a mejorar su calidad de vida.
Los números actuales de los activos administrados en millones de dólares son: el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) 5.891, IVM 3.797, Magisterio 2.214, Poder Judicial 726, Capitalización Laboral (FCL) 906 y voluntarios 403.
Como se puede valorar, el ROPC supera en más de $2.000 millones al IVM. De estos números se puede concluir que si ordenamos al Poder Judicial, al Magisterio Nacional y a los otros regímenes que tienen pensiones con cargos al presupuesto nacional, podríamos lograr equilibrar las finanzas públicas.
Esto equivale a unificar todos los regímenes. De otra forma estaremos entrando en una espiral inflacionaria a corto plazo que va a drenar todos los ahorros que con tanto esfuerzo ha hecho el 85% de los trabajadores.
Si un empleado público quiere una pensión mayor en el futuro, deberá ahorrar al igual que hacemos todos los trabajadores del sector privado.
Este país se ha vuelto más injusto al dar tantos privilegios, y nadie parece tener la voluntad de eliminar las graves diferencias. Es impresionante que hace pocas semanas la mayoría de los legisladores respaldaron cinco proyectos de ley que van a recortar los beneficios de varios regímenes especiales de pensiones y ahora impulsen irresponsablemente traspasar a 6.010 educadores al fondo de pensiones del magisterio nacional.
Es preocupante retroceder después que se aprobaron en el Congreso contribuciones especiales a pensiones mayores de ¢2,5 millones, se aumentó la edad de retiro, se eliminó el ajuste del 30% anual de las pensiones de los exdiputados, se eliminaron las pensiones vitalicias y se cambió la forma de calcular la jubilación.
Inequidad salarial. No podemos seguir abriendo más diferencias sociales. Tenemos que lograr que todos los trabajadores tengamos los mismos derechos de pensión. No es justo que existan grandes diferencias entre instituciones y el Gobierno en el otorgamiento de pluses y otros beneficios.
Seguimos contratando nuevo personal en el sector público sin aprobar las reformas. No es justo que permanezcan mecanismos que ligen salarios de los que menos ganan con estratos altos del sector público.
Parece que nadie quiere sanar las finanzas públicas y que lo que lo único que se valora es crear nuevos impuestos y más deuda pública.
Es preocupante que la nueva ley de empleo público siga atascada en el Congreso, paralizada por el temor a los sindicatos. Costa Rica es el único país donde las diferencias entre los empleados públicos y los privados superan en promedio el 200%.
El año entrante es un año político y ningún partido parece que va a comprarse este pleito. No podemos seguir pagando grandes diferencias en topes de cesantía, donde en el Gobierno el tope es ocho años y en la CCSS, veinte.
No puede ser que en el Gobierno las anualidades sean un 1,9% sobre el salario y en las universidades públicas y otras instituciones, del 5,5%. Hay que unificar vacaciones, valoraciones, dedicacion exclusiva, viaticos, zonajes y otros.
Algo hemos olvidado como sociedad cuando más de 60.000 empleados públicos reciben entre ¢1,6 millones y ¢2,8 millones mensuales y un profesional en promedio del sector privado recibe menos de la mitad y sin pluses.
No podemos seguir sin una rectoría y la actual proliferación de sistemas de remuneración, pensiones, pluses y evaluación de desempeño. Los números son contundentes y estamos a tiempo para corregir muchas cosas si lo hacemos con un diálogo, respeto y con una visión de solidaridad. De otra forma, nuestra estabilidad económica y paz social se van a complicar. No podemos seguir endeudándonos aceleradamente y perdiendo competitividad sin buscar soluciones.
Los costarricenses cada vez están más desconfiados sobre el uso eficiente de los recursos públicos. Costa Rica merece una reforma fiscal justa, pero primero tenemos que ordenar la casa, hacer más de lo mismo es una locura.
No podemos seguir en el actual “nadadito de perro”. El endeudamiento público se incrementó de un 24,7% del PIB en el 2008 a un 49,1% en el 2017 y esta absorbiendo cada vez más recursos.
El problema institucional y administrativo está poniendo en grave riesgo el equilibrio futuro de las finanzas públicas.
El autor es ingeniero.
