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Las mismas preguntas

Actualizado el 28 de mayo de 2017 a las 10:00 pm

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Siempre es oportuno e importante que el desempeño de la educación superior pública sea investigado y evaluado, y más si lo es por instancias independientes de las universidades estatales, proclives a sobredimensionar lo que les es favorable y a ocultar o minimizar lo que no les conviene. Por esta sola razón, el estudio que acaba de ser dado a conocer por la Academia de Centroamérica acerca de la educación universitaria estatal debe ser críticamente bienvenido.

De acuerdo con ese estudio, que comprende el período 2010-2016, los estudiantes que asisten a las universidades públicas proceden de los sectores de más alto ingreso, las sedes universitarias tienden a ubicarse en el centro del país y las carreras están fuertemente concentradas en el área de ciencias sociales.

Además, existe una alta dependencia de las transferencias del Estado, la matrícula y los títulos otorgados han crecido menos que el financiamiento estatal, la proporción de carreras acreditadas es baja, el gasto está fuertemente concentrado en el pago de salarios y la inversión anual por estudiante tiende a crecer.

La principal conclusión general es que el crecimiento en el costo de la educación superior no guarda relación con el aumento de la matrícula y de los títulos otorgados; curiosamente, el estudio no considera otro tipo de “productos”, como los generados por las actividades de investigación y de extensión o acción social.

Perspectiva. Al considerar en una perspectiva histórica el estudio referido, se comprueba rápidamente que sus resultados “descubren” tendencias cuyo origen se remonta a la década de 1940, en el caso de la Universidad de Costa Rica (UCR), y al decenio de 1970, en lo que respecta a las otras instituciones de educación superior estatal.

Los estudiantes universitarios siempre han procedido mayoritariamente de sectores medios y altos, de familias asentadas en las áreas urbanas del Valle Central y, principalmente por razones de tradición ocupacional familiar, han tendido a escoger carreras del área de ciencias sociales.

Igualmente, el financiamiento estatal ha sido decisivo desde la etapa inicial de la UCR, la mayor parte de estos recursos han sido destinados al pago de salarios y, con las excepciones correspondientes, la inversión anual por estudiante ha tendido al crecimiento.

El cuadro adjunto muestra cómo han variado las tasas de crecimiento anual de la matrícula, de los diplomas otorgados y de las transferencias estatales (en valores constantes) según períodos históricos específicos.

Resultados. Según el cuadro, el crecimiento de las transferencias entre el 2001 y el 2016 es mucho menor que el habido en los períodos anteriores a 1980; además, una parte considerable de estos recursos apenas habría venido a compensar el desfinanciamiento de la educación superior pública ocurrido en las dos últimas décadas del siglo XX.

Ciertamente la brecha entre el crecimiento de la matrícula y de los diplomas y el incremento en las transferencias es mucho mayor que antes de 1980, pero esto se explica fundamentalmente por el desarrollo de las actividades de investigación y de acción social, de las sedes regionales y de los estudios de posgrado

De hecho, mientras la matrícula general de las universidades públicas creció apenas un 3,4% anualmente en el período 2001-2016, la matrícula en sedes regionales se incrementó en un 5,7% sin incluir los datos de la Universidad Técnica Nacional. De incluirlos, el crecimiento de la matrícula en dichas sedes ascendería al 7,4 %.

Diferencias. Evidentemente, la brecha antes referida no puede ser considerada únicamente en términos de dos “productos”: alumnos matriculados y diplomas, ya que las universidades públicas contribuyen a la sociedad costarricense con otros muchos “productos”, algunos de ellos ciertamente difíciles de cuantificar.

Sin embargo, aun con respecto a matrícula y títulos, es fundamental diferenciar entre grado y posgrado, ya que los estudios de maestría y doctorado prolongan la permanencia de los estudiantes en las universidades y suponen una docencia más cara.

También se debe considerar que en el período 2001-2016 las universidades públicas tuvieron que actualizarse tecnológicamente y crearon 40 unidades de investigación nuevas, de las cuales 19 corresponden a las áreas de ingeniería y ciencias básicas, cuyos costos operativos son más altos.

Preguntas. Volver a formular las mismas preguntas tiene sentido para determinar si los procesos históricos que se investigan han experimentado cambios importantes en épocas más recientes. Desde este punto de vista, el estudio de la Academia constituye un aporte relevante, aunque limitado.

Para un análisis más profundo de la educación superior pública es necesario empezar a plantear otras interrogantes, de esas que pueden generar insomnio a los rectores y a los miembros de los consejos universitarios (no me refiero a los nombramientos de parientes).

Sería importante comenzar a preguntarse sobre la calidad y la productividad de los gobiernos universitarios y de su aparato administrativo, acerca del impacto que la competencia por el poder tiene en el desarrollo académico y a propósito de la desigualdad académica.

¿Cuánto tiempo necesitan los consejos universitarios para actualizar un reglamento ya existente, para elaborar y aprobar un reglamento nuevo o para reformar un artículo del Estatuto Orgánico? ¿Cuánto cuestan estos procesos?

¿En qué medida la construcción, remodelación y equipamiento de edificios, la creación de unidades de investigación o la apertura de nuevas carreras o programas de posgrado son producto directo no de las necesidades del país ni de la institución, sino de compromisos adquiridos por los candidatos a rector en sus campañas electorales?

¿Qué tanto influye ser amigo del rector para que a un académico, a una unidad de investigación o a una escuela se le den todas las facilidades posibles para realizar su trabajo, y qué tanto incide no ser amigo para que se le pongan todos los obstáculos imaginables?

Desigualdades. Aparte del asunto del poder, los estudios sobre las universidades públicas por lo general dejan de lado sus profundas desigualdades internas que, en el plano académico, se manifiestan en las diferencias entre escuelas que tienen elevadas proporciones de docentes con títulos de posgrado y aquellas donde aún son numéricamente importantes los profesores cuyo título máximo es una licenciatura.

También estas desigualdades se expresan entre escuelas que tienen una elevada proporción de docentes de tiempo completo que realizan investigaciones de manera sistemática y son altamente productivos, y aquellas en las que predominan profesores que no investigan ni publican y laboran jornadas parciales.

Finalmente, también existen desigualdades entre escuelas donde prevalece una sólida cultura académica y aquellas en las que la ideología (de izquierda, de derecha o de otro tipo) todavía ofrece fiera resistencia al conocimiento científico.

Los procesos de acreditación existentes no bastan para resolver o superar estas desigualdades. Para ser justas y transparentes con sus estudiantes, las universidades deberían publicar todos los años una clasificación del grado de desarrollo académico logrado por sus escuelas, unidades de investigación y programas de posgrado.

De momento, una clasificación de ese tipo no parece posible en un país dominado por una idiosincrasia igualitaria; pero tal situación podría empezar a cambiar si los economistas y otros científicos sociales, además de insistir en las mismas preguntas, empezaran a hacer otras nuevas sobre el desempeño de la educación superior pública costarricense.

El autor es historiador.

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