Opinión

Las mipymes y el pacto social costarricense

Actualizado el 20 de junio de 2013 a las 12:00 am

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Las mipymes y el pacto social costarricense

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En su editorial del lunes 27 de mayo , este medio invita a discutir el impacto de las exoneraciones fiscales en el país, un tema de suma relevancia para los objetivos del Ministerio de Hacienda. Las mipymes juegan un papel importante en la economía costarricense y debemos hacer esfuerzos para apoyarlas en aspectos tan importantes como la formalización de la promoción del empleo, el acceso a los mecanismos formales de crédito y el uso de tecnología, tal y como lo he expresado en otros foros. Esto no quiere decir, sin embargo, que las exoneraciones de impuestos sean la mejor forma de hacerlo.

En general, las exoneraciones son un mal instrumento redistributivo que genera ineficiencias en la economía. Además de las que benefician a las mipymes, en Costa Rica existen cerca de doscientos regímenes de exoneraciones. Estos regímenes han sido aprobados por la Asamblea Legislativa, otorgando legalmente y sin reversibilidad administrativa alguna, derechos económicos a particulares, que pueden tener efectos perjudiciales a nivel agregado por desfinanciar gasto público prioritario.

Estos regímenes especiales hacen que el sistema tributario sea más complejo y oneroso de fiscalizar para la Administración Tributaria a la vez que desincentivan el cumplimiento fiscal del contribuyente.

Sin duda, eliminar exoneraciones generaría un gran impacto en las finanzas públicas de nuestro país, con un déficit fiscal de más de 4% del PIB en el 2012. Para generar conciencia sobre el tema, es preciso alentar una discusión nacional que revise los derechos económicos de particulares en busca del interés común del país. Este análisis debe incluir también las consecuencias del déficit fiscal en el largo plazo y cómo su costo se diluye entre todos, afectando, principalmente, a personas con menor voz en la sociedad.

Como parte de la discusión sobre el tema, el Ministerio de Hacienda está elaborando una estrategia de consolidación fiscal, teniendo claro que el problema fiscal no se resuelve solamente subiendo la carga tributaria del país. Por ello, un componente central en la agenda de discusión será la calidad y efectividad del gasto público y otro tiene que ser, ineludiblemente, una profunda revisión del actual régimen de exoneraciones. Ambos componentes atienden el imperativo social de hacer más eficiente la gestión pública y de cobrar mejor los impuestos actuales.

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Si bien este proceso de consolidación fiscal y de mejoramiento en la calidad del gasto público y tributario tomará tiempo, serán acciones claves para dar fuerza renovada al pacto social que nos ha caracterizado como país y nos ha permitido basar el crecimiento en los logros de una fuerte inversión social pública en educación, salud y combate a la pobreza.

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