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La miopía del MOPT viaja a San Ramón

Actualizado el 02 de noviembre de 2014 a las 12:00 am

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La miopía del MOPT viaja a San Ramón

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No podemos seguir construyendo obra pública con miopía. La inversión que en esta materia haga el Gobierno de la República debe responder a las necesidades de desarrollo de las comunidades y el país, pero, al mismo tiempo, debe proponer una visión de largo plazo.

Lamentablemente, hace rato que Costa Rica vive de intereses prescritos, de lo que proyectaron e hicieron los grandes pensadores políticos, y, en los años recientes, no han ocurrido grandes transformaciones, casi que de ningún tipo.

Rezagados. En materia de infraestructura vial es en la que nos hemos quedado más rezagados. No contamos con medios de transporte modernos, no tenemos vías con capacidad suficiente para asimilar el crecimiento de las ciudades, ni de la flota vehicular, y tampoco se ha podido responder a las necesidades de los empresarios que han incursionado en la política de exportación como eje del desarrollo del país.

No existe, después de tantos años, un verdadero ordenamiento vial, no se ha podido construir ninguna gran terminal de autobuses en la ciudad capital y, muchas veces, nos anuncian –como si se tratara de un enorme avance– la colocación de un puentecillo, la apertura de una calle que estuvo cerrada durante largos meses o la simple ampliación de un tramo del ferrocarril.

La Ruta 32 a Limón, por donde transita el 80% de nuestras importaciones y exportaciones, se volvió inoperante, escasa y pequeña, y la ampliación de la Ruta 27 a Caldera esperó 30 años y, ahora que se hizo, sigue siendo insuficiente porque no respondió a las necesidades de este momento y, mucho menos, tiene una proyección de largo alcance.

Cuando se define la planeación de la infraestructura de un país, una región o una ciudad, hay que contemplar el futuro y definir las obras con criterio estratégico.

Fideicomiso. En el contexto del debate del proyecto para la carretera San José-San Ramón y sus radiales, los diputados miembros de la Comisión de Asuntos Económicos incluimos la reforma a otras leyes para que la figura del fideicomiso sea una alternativa permanente del Gobierno para la construcción de carreteras, acueductos, represas, o cualquier otra obra pública, a través de recursos previstos por bancos estatales y privados.

Llevaremos ahora, con visión de futuro, al plenario legislativo un proyecto de ley que abre una serie de oportunidades para que pueda realizarse obra pública mediante fideicomiso.

Eso quiere decir que el texto aprobado no solo facilitará la ampliación de la ruta a San Ramón, sino que también se convierte en una ley marco para acceder a esta figura para otras construcciones que el país requiere con urgencia.

Por eso, me horrorizan las declaraciones que el viceministro de Infraestructura dio a la prensa, y que La Nación publicó el 16 de octubre, un día después de que dictaminamos el proyecto en comisión. Son una muestra de miopía.

Lo han dicho los expertos, pero lo dicta también el sentido común: las ciudades del Occidente del país van a seguir expandiéndose, y, más rápido de lo que imaginamos, terminarán prácticamente integradas a la ciudad capital.

Claro que incluimos siete radiales de acceso a la vía principal. La discusión del proyecto en la Comisión evidenció la necesidad de las comunidades de la zona de contemplar estas obras. No hubiera sido lo mejor dejar a esas poblaciones sin esas vías. No es cierto que la inclusión de las siete radiales vaya a retrasar la ampliación de la ruta entre San José y San Ramón. No es cierto que vayan a encarecer la obra o los peajes.

Dos fases. No tiene por qué ser así, pues el texto que aprobamos los legisladores especifica claramente que este proyecto se realizará en dos fases: la primera contempla la ampliación de la vía principal y, a partir de esta, en la segunda fase, el MOPT tendrá tres años para cumplir con los estudios técnicos y financieros que demuestren la viabilidad de las radiales. Una vez demostrada su viabilidad, deberá proceder con los diseños finales para la ejecución, sin que esto retrase la obra principal.

La inversión en infraestructura tiene un efecto multiplicador positivo. Este tipo de inversión no solo reduce los tiempos de tránsito y disminuye la congestión vehicular, sino que, además, para el sector privado es una fuerte señal del compromiso hacia un desarrollo con visión, de un compromiso por hacer eficientes las vías de comunicación y por realizar bien las cosas.

Me corresponde ser muy claro y enfático en relación con el proyecto de ley que acabamos de dictaminar en la Comisión de Asuntos Económicos: se trata de una iniciativa que abre muchas oportunidades para seguir creciendo.

Deberían ahora definir las autoridades del MOPT si quieren que el país transite por nuevas vías o si, por el contrario, harán que la miopía viaje por la ruta a San Ramón.

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