25 octubre, 2014

Una de las primeras cosas de las que me percaté cuando entré a mi nueva oficina en Zapote fue que mi cargo –el de Presidente de la República– no solo no me pertenecía (pues es un préstamo hecho a título temporal por el pueblo de Costa Rica), sino que, más todavía, formaba parte de una continuidad institucional y política iniciada desde 1848 por el Dr. José María Castro Madriz. El “corazón” de esa continuidad, contenida en el juramento que pronuncié el 8 de mayo, es defender la Constitución y las leyes de la República. A partir de ahí, lo demás –que es mucho, por cierto– viene por añadidura.

Hoy, el país enfrenta una huelga, otra más, convocada por el Sindicato de Trabajadores de Japdeva. Invocan como justificación a esa huelga la presunta amoralidad (ética y política) de un inciso de un contrato con una empresa convocada para construir una terminal de contenedores en el puerto de Moín. Sobre el contrato, negociado y firmado en otra Administración, tanto la Contraloría General de la República como la Sala Constitucional y la Sala I lo han refrendado, y solo espera la resolución de la Setena para ponerse en ejecución. Es decir, está a derecho y, por lo tanto, debe defenderse en salvaguarda de la seguridad jurídica, factor de determinante importancia para los intereses nacionales tanto en el orden interno como, en particular, en el plano internacional.

Sin un compromiso claro, contundente y constatable con la seguridad jurídica, Costa Rica carecerá de la credibilidad necesaria para atraer inversiones. Perderá así su actual prestigio como nación seria y responsable, respetuosa de los compromisos suscritos con las empresas que han estado o están dispuestas a venir al país a generar empleo y bienestar a miles de trabajadores. Peor aún, pondrá en tela de juicio la voluntad y capacidad del Poder Ejecutivo –de este, pero de cualquier otro en el futuro– de hacer valer el Estado de derecho, piedra angular que sostiene a los regímenes democráticos modernos.

Por otra parte, la argumentación del sindicato de Japdeva, y de otras organizaciones que se le han sumado en sus reivindicaciones, resulta demasiado estrecha frente a las necesidades y aspiraciones de la provincia de Limón y de su ciudad cabecera. En efecto, al colocar su oposición a un inciso del contrato con la empresa, sin valorar con suficiente detalle el contexto en el que este se enmarca y, peor aún, al hacerlo solo desde una perspectiva gremial, se han colocado de espaldas al futuro de bienestar y progreso humano que la inmensa mayoría de limonenses demandan.

El Gobierno ha demostrado reiteradamente su voluntad de diálogo y su entero apoyo a los planes de fortalecimiento tanto de Japdeva como de sus operaciones en los puertos de Limón y más allá. Va a invertir más de ¢7.000 millones en proyectos de infraestructura, vivienda y desarrollo comunal en la zona durante los próximos meses. También ha reconocido, como ningún otro, la necesidad de dotar a esos proyectos de componentes financieros, de capacitación y de encadenamiento con las nuevas inversiones que lleguen a la región, con el fin de no dejar atrás a los trabajadores que pudiesen ser afectados por el desempleo, si este se produjese. Nuestra visión es la de una provincia que, finalmente, sea capaz de salir del ciclo de exclusión, discriminación y pobreza a la que se ha visto sometida desde hace décadas. Pero eso solo será posible si las fuerzas sociales, incluida Sintrajap, se suman a ese proceso con una visión de nuevo cuño, más progresista y lúcida.

Reitero el compromiso absoluto de mi Administración con la seguridad jurídica de los contratos y acuerdos firmados por el Estado costarricense. No lo hago con un espíritu arbitrario ni obtuso, sino por obligación con la historia de un país que, desde hace mucho, apostó por la ley y por la paz.

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