24 enero, 2015

Don Bernal Jiménez Chavarría, secretario de la Junta Directiva de Mercadeo de Artículos de Consumo, S. A. (Mercasa), una de las principales empresas importadoras de arroz pilado, rehúye a su figura de empresario para responder como economista en el artículo “Conarroz, consumidores y pequeños agricultores”, publicado el pasado sábado 17 en Foro de La Nación .

El economista Jiménez Chavarría es una de las fuentes a las que recurre La Nación , en los estudios consultados, para manipular a la opinión pública con opiniones particulares de personas interesadas en el negocio de las importaciones de arroz pilado como el susodicho.

Conarroz no desacredita estudios como el del BID, sino es el propio organismo el que advierte que “las opiniones expresadas en esta publicación son exclusivamente de los autores y no reflejan el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa”. Sobre el estudio de la UCR, Conarroz lo vetó; sobre el de Unctad, se solicitará criterio, y, sobre el del autor, ya sabemos que es parte interesada.

Por su opinión, el economista Jiménez Chavarría parece desconocer el concepto de la palabra “subsidio” de acuerdo con la Organización Mundial de Comercio (OMC), puesto que un subsidio significa cualquier contribución financiera de un ente público a un ente privado, que se otorgue de forma directa por medio de traslado de fondos a sectores productivos específicos, o que se otorgue por medio de exoneraciones tributarias directas a un sector productivo concreto. Concepto que no puede ser confundido con el sistema de costos que maneja el Gobierno de la República, el cual no implica, ni contiene, ningún traslado directo de fondos públicos a la actividad arrocera del país, tergiversando la información que se da a la opinión pública.

Determinar un precio de mercado de un bien agrícola, con base en un modelo de costos, no encierra un subsidio directo del Estado de ningún tipo, ni al productor, ni al industrial, y, por lo tanto, no puede ser definido como un subsidio. Lo que parece ignorar el autor son los millonarios subsidios ($13,5 billones otorgados en el periodo 1995-2013) por medio del Programa Farm Bill, y, en especial, mediante Price Lost Coverage Program (PLCP), el cual es un programa de subsidios directos del Gobierno de los Estados Unidos a sus productores de arroz que se otorga por periodos de cinco años, y que le representan al productor de arroz, en promedio, un ingreso de unos $190 por hectárea de transferencias directas del Estado por sembrar arroz.

Estos verdaderos subsidios de los países desarrollados son los que han deprimido y distorsionado los precios internacionales del sector arrocero, razón por la cual la gran mayoría de los países productores y consumidores de arroz del mundo han tenido que proteger su producción nacional, mediante elevados aranceles de importación, para poder contener esas distorsiones de mercado, pues, de otra forma, sus productores nacionales desaparecerían al no poder competir, por no disponer de condiciones o beneficios similares.

Ignora de nuevo el autor que, como parte de la evolución del proceso de aprobación de la Declaración Ministerial de Bali de la OMC, en materia de seguridad alimentaria y de los esquemas de sostenimiento de precios de los países en desarrollo, la nueva decisión sobre los esquemas de existencia de alimentos de los países en desarrollo asegura efectivamente que la “cláusula de paz” acordada en Bali expirará en diciembre del 2015, una vez que se haya alcanzado un acuerdo sobre los mal llamados “subsidios”, que, según han venido señalando, de forma equivocada, las autoridades de Comex, se otorgan al sector arrocero en este país.

De acuerdo con esto, los miembros acordaron abstenerse de impugnar o cuestionar, mediante los mecanismos de solución de controversias de la OMC, la existencia de dichos programas, bajo las normas de subsidios agrícolas de la OMC, mientras se negocia una solución permanente y se actualizan los marcos de referencia y métodos de cálculo para la cuantificación real de los subsidios. Varios países en desarrollo se habían venido quejando de que su libertad de compra de alimentos, a precios establecidos por los Gobiernos, se había reducido debido a la inflación de los precios que se ha experimentado en las últimas dos décadas, desde que el Acuerdo sobre Agricultura fue aprobado y puesto en vigencia, y al uso de una fórmula de cálculo obsoleta.

Por eso, ya basta de engañar a la opinión pública con el cuento de que el país incumple sus compromisos de medidas de ayuda global, y que transfiere subsidios al sector arrocero, cuando es un tema que se encuentra en franco proceso de revisión a nivel multilateral. Como parte de la coalición de países en desarrollo del G-33, la India ha encabezado el movimiento para expandir la flexibilidad de estos esquemas, sobre todo debido a los planes que tiene para aumentar el volumen de alimentos subsidiados a disposición de los ciudadanos pobres como parte de su nueva Ley de Seguridad Alimentaria, y defender su producción nacional frente a los precios distorsionados del mercado internacional.

La condición de que, en el mercado internacional del arroz, se comercialice únicamente un 10% de la producción de arroz mundial deja claro que la comercialización internacional de este grano es la de un mercado de excedentes, del cual unos pocos comerciantes buscan sacar provecho cuando las coyunturas internacionales así lo permiten, al existir volúmenes de arroz que, bajo los precios distorsionados del mercado internacional, pueden buscar importar en determinados momentos. Situación que, sin embargo, contrasta con la crisis de existencia o ausencia de remanentes de arroz en el mercado mundial del periodo 2008-2009, que llevaron al consumidor de países sin producción nacional a pagar elevadísimos precios para tener la oportunidad de compra del grano.

Se trata de una incertidumbre del mercado global del arroz, que hace que, por razones de seguridad alimentaria, la gran mayoría de los países que tienen altos niveles de consumo como Costa Rica, siempre busquen asegurar o contar con un importante porcentaje de base de producción nacional, para, así, poder asegurar el acceso a un consumo seguro, con precios controlados de mercado, que no se encuentren expuestos a la mera especulación y a los problemas que el cambio climático genera sobre la producción mundial.

Desconocer, o buscar ignorar, la forma en que opera el modelo de costos para definir precios y márgenes de rentabilidad, tanto al agricultor como al industrial, probablemente lleva a la temeridad de estas afirmaciones, que abiertamente se contradicen con los últimos estudios económicos realizados por la Universidad Nacional (UNA) en esta materia, los cuales reflejan y confirman con claridad la mayor dispersión de beneficios y rentabilidad que a lo largo de la agrocadena genera el modelo actual.

Con base en esta información válida, creemos que, claramente, se evidencia un interés del autor, sin importar las consecuencias que eso arroje, a mediano y largo plazo, sobre el productor y el consumidor nacional de arroz, como resultado de las claras distorsiones existentes en el mercado internacional de este bien, que es de importancia estratégica en la dieta alimenticia de nuestra población.

Etiquetado como: