La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), primer baluarte de la protección regional de los derechos humanos en las Américas, está atravesando la peor crisis financiera de su historia. Su magro presupuesto sufrió recortes adicionales y si los Estados de la OEA no la dotan de fondos antes del 31 de julio perderá el 40% de su personal, no podrá tramitar peticiones nuevas, tendrá que cancelar más audiencias de las que ya ha tenido que aplazar y no podrá dar seguimientos a las medidas urgentes de protección que ha ordenado.
Como aliada tradicional de los órganos interamericanos y líder regional en la materia, Costa Rica tiene una oportunidad excepcional: liderar una reforma estatutaria para que la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) cuenten con la estabilidad financiera que requieren para cumplir su cometido. Sin embargo, la necesidad inmediata consiste en ayudar a conseguir los fondos para suplir las necesidades urgentes de la CIDH.
El Sistema Interamericano es el más económico a escala internacional. Recibe menos de 9 milésimas de dólar ($0,009) por cada una de las 1.000 millones de personas que residen desde Alaska hasta la Patagonia.
No son asuntos menores de los cuales se ocupan los órganos interamericanos: el despojo de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas, el exterminio de los niños callejeros, el maltrato de los migrantes, la criminalización de los defensores de derechos humanos, la tortura policial, el amordazamiento de la prensa y la desaparición y asesinato de miles de personas. Estas son solo algunas de las muchas situaciones que llegan a la atención de la CIDH y la Corte-IDH.
Poca contribución. Menos de la mitad del presupuesto del Sistema Interamericano proviene de las contribuciones regulares de los Estados miembros de la OEA, la otra mitad son donaciones que suelen estar atadas a proyectos o temas específicos.
Es decir, los Estados de la región ni siquiera son capaces de financiar sus propios órganos de protección de los derechos humanos, renuncian a una obligación primordial frente a sus ciudadanos y la trasladan a los gobiernos noruego, danés, alemán y las autoridades de la Unión Europea.
Los países de América Latina y el Caribe, de los cuales la CIDH únicamente recibe $199.000, contribuyen generosamente a otros organismos internacionales que hasta ahora no han producido ningún beneficio directo para la región.
La Corte Penal Internacional recibe $13,7 millones de estos países y hasta ahora únicamente la situación de Colombia ha figurado en su radar. Cada una de las repúblicas centroamericanas, con excepción de nuestro país, aporta anualmente $2,5 millones de dólares al Parlamento Centroamericano, el cual únicamente produce el beneficio de la inmunidad para los exgobernantes corruptos del Istmo.
Palabras vanas. Muchos de los dirigentes del continente americano se llenan la boca con el bello discurso de los derechos humanos, pero la desidia que muestran ante los aprietos financieros de la CIDH evidencia que sus palabras son vanas.
Dejar que la CIDH sea asfixiada por los gobernantes que encuentran incómodo que se controle el ejercicio de su poder, sería una verdadera tragedia, sobre todo si tenemos en cuenta que en el continente no siempre hay instituciones que cumplan con esta función a escala nacional.
Como país amante de la libertad no podemos permitir que los órganos interamericanos tengan que mendigar para cumplir el mandato que se les ha encomendado. Es hora de actuar.
La autora es experta en derechos humanos.
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