Opinión

En memoria del Dr. Luis Paulino Mora

Actualizado el 04 de marzo de 2013 a las 12:00 am

Supo elevar la política judicial a su más alto pedesta

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En memoria del Dr. Luis Paulino Mora

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En su ensayo “Costa Rica: Estado Social de Derecho”, don Eduardo Ortiz Ortiz sostenía que el costarricense, más que legalista, es judicialista.

Basaba su afirmación en el rol que ha cumplido el Poder Judicial en la consolidación del sistema democrático del país, prefiriendo siempre la resolución de sus conflictos por la vía judicial y no por la de los hechos.

En estos momentos aciagos en que su familia, sus compañeros y compañeras, y el país lloramos la partida de Luis Paulino Mora Mora, honrarlo exige, más allá del dolor, aportar a la construcción de la memoria histórica de su obra, para que las presentes y futuras generaciones recuerden que este compatriota –trabajando diaria y transparentemente, las 24 horas del día, durante 40 años–, cual labriego sencillo, supo con majestad elevar la política judicial a su más alto pedestal.

Volveremos a resaltar las muchas contribuciones del Dr. Mora Mora, pero hoy quisiera destacar aquellas que, por esa dimensión política, lo perfilaron como uno de los más grandes reformadores judiciales de la región.

Sus 20 años al servicio de la jurisdicción penal le permitieron conocer, a fondo, el sistema judicial, como juez penal y tutelar de menores, juez superior o magistrado de la Sala Penal. Esta experiencia y conocimientos acumulados, sentaron las bases para el emprendimiento de horizontes mas vastos aún: el rediseño de la jurisdicción constitucional costarricense; la reforma judicial mas trascedental llevada a cabo en América Latina; la redacción de las más importantes leyes sustantivas y procesales que se hayan producido desde los años 70 en Costa Rica; la proyección del Poder Judicial, como institución ejemplar, en el concierto de las naciones; y, finalmente, el destacado cumplimiento de su función presidencial, durante los años más difíciles que ha enfrentado el Poder Judicial en su historia.

Su breve paso por el Poder Ejecutivo, sirviendo como ministro de Justicia y Gracia, culmina con la elaboración de la más importante propuesta de política legislativa que el país acordara, como lo destacaba siempre don Rodolfo Piza Escalante, desde la emisión de la Constitución Política en 1949: la reforma del artículo 10 del texto constitucional, para crear la Sala Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia.

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El Dr. Mora Mora, su creador y redactor, revolucionó la jurisdicción constitucional haciendo que los derechos humanos de todas las personas que habitan este país dejaran de ser “letra muerta”, y su cumplimiento, exigido.

Esta experiencia acumulada nos enseña, a partir de entonces, a un magistrado –ahora elegido por sus compañeros presidente de la Corte Suprema de Justicia– en su plenitud física e intelectual y con un conocimiento aún mayor y más profundo del complejo mundo judicial.

Es así como, sobre la base de la inicial propuesta de Reforma Judicial de don Édgar Cervantes, don Luis Paulino elabora el Programa de Modernización Judicial más trascedental de la historia judicial de la región.

Pero el nombre de este programa no debe llamarnos a confusión: aunque los componentes de la modernización judicial son múltiples, su verdadero objetivo apunta en una sola dirección: el acceso de los(as) habitantes a la justicia, que de graciosa concesión del juez, debía ahora cumplir su destino de servicio público.

Para lo anterior, un segundo objetivo devenía primordial: no habría reforma posible, sin una reforma del sistema administrativo de gestión judicial. Don Luis introdujo, también por primera vez en la región, la necesidad de modificar la gestión administrativa del despacho judicial que, a lo largo de 500 años, seguía siendo el mismo: formalista, escrito, manual, demorado. Es cierto que Uruguay se nos había adelantado con su Código Procesal modelo, pero la reforma Mora iba más lejos aún.

La brillantez de su planteamiento, basado en la importancia de la justicia y el desarrollo económico, hizo que, también por primera vez en la historia de los organismos financieros internacionales, estos aprobaran un préstamo a un Poder Judicial, correspondiéndole al nuestro ser el recipiente, primero de $11.200.000,00 y luego de $22.400.000,00. Fue esta inyección de recursos financieros la que permitió el inicio del Programa de Modernización, cuyo seguimiento y cumplimiento deberá acompañar la agenda del Poder Judicial en las siguientes décadas.

Una reforma judicial de tal envergadura exigía, inevitablemente, una serie de cambios legislativos. Nuestro presidente, de nuevo, asumió el reto y, junto con otros magistrados y magistradas, lideró la redacción, presentación y monitoreo legislativo para que, con total éxito, nuestra Asamblea Legislativa aprobara un sinnúmero de leyes en materia de la Ley Orgánica y de Carrera Judicial, contencioso administrativa, laboral, penal, constitucional y de familia, por citar algunos ejemplos.

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Antes de noviembre del año pasado, al referirnos a su rol como presidente de la Corte Suprema de Justicia, habríamos concluido este artículo resaltando sus innegables dotes de negociador y conciliador en su conducción de los debates de la Corte Plena o en su relación con los poderes del Estado y con la sociedad civil.

Después de esa fecha, es imperativo concluirlo resaltando el papel más importante que la historia y sus convicciones le demandaron siempre: su inclaudicable defensa de la independencia judicial, con ocasión del conflicto que suscitó la no reelección del magistrado Fernando Cruz.

Sí, don Luis, don Eduardo Ortiz tenía razón: el tico y la tica son judicialistas antes que legalistas, y en esa lucha permanente por la independencia del Poder Judicial, todos los funcionarios y funcionarias judiciales y todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, aun en las diferencias que podamos tener en el día a día, nos sentimos orgullosamente representados por usted.

Esa es la bandera que nos comprometemos a enarbolar en su memoria.

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